Política

La Asociación de Magistrados y Funcionarios impulsa el trabajo remoto para la Justicia Nacional una vez superada la pandemia

La pandemia de coronavirus y la consecuente cuarentena declarada por el Gobierno para frenar su avance desató una cantidad inimaginable de situaciones y particularidades a tener en cuenta dentro de cada actividad. A su vez, desnudó falencias y cuestiones postergadas. Y la Justicia no fue la excepción. En ese contexto, la Comisión de Proyectos Legislativos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional protagonizaron un encuentro virtual en el que debatieron sobre la imperiosa necesidad de modernizar el sistema y los procedimientos, para poder avanzar hacia la posibilidad de desarrollar su trabajo de manera remota.

De esta manera, tras la videoconferencia difundieron un comunicado en el que detallaron una serie de recomendaciones para poder llevarlo a cabo, como por ejemplo la completa digitalización de los expedientes judiciales, la “desburocratización en las comunicaciones” y la readecuación del Centro de Información Judicial (CIJ), entre otras.

El comunicado completo

Luego de un intenso intercambio de experiencias entre los integrantes de la Comisión de Proyectos Legislativos 2020 de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Presidida por la Dra. Mariana Catalano, bajo la coordinación del Dr. Matías Fernández Pinto y magistrados y funcionarios de la justicia federal de todo el país, junto al análisis de las distintas reglamentaciones vigentes con motivo del COVID-19, así como de las Acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictadas al respecto, con el objeto de formular un aporte para el mejor funcionamiento de la justicia a partir de los aprendizajes motivados por esta dolorosa pero también histórica coyuntura, declararon:

– Que debe continuarse sin intervalos en el trabajo hacia la plena digitalización del expediente judicial, pues los avances producidos desde la declaración de la feria extraordinaria (el pasado 20 de marzo), precipitados por el coronavirus, demuestran que es posible acelerar los tiempos de los paulatinos progresos registrados en el área.

– Que la incorporación de tecnología a la labor judicial impacta definitivamente en su eficacia, y por lo tanto, constituye una premisa no susceptible de regresión.

– Que el trabajo virtual puede extenderse a acuerdos y audiencias, para cuya celebración remota es indispensable resguardar al máximo la conectividad.

– Que en torno a las audiencias, su digitalización implica ahorro de recursos y minimización de riesgos en el área penal, por lo que su implementación debiera consolidarse como una alternativa válida no necesariamente residual.

– Que para el logro de estos objetivos, es clave que el Consejo de la Magistratura de la Nación, en el marco de lo dispuesto por la CSJN en la Acordada 14/20, provea a los distintos Juzgados y Cámaras (sobre todo en derecho de familia y penal con víctimas menores) de los insumos tecnológicos indispensables para la realización de tareas de complejidad creciente (desde la digitalización de un informe mediante scanners hasta la instalación apropiada de Cámaras Gesell); lo que debiera reflejarse en los organismos vinculados a la actividad jurisdiccional.

– Que en materia previsional, área especialmente sensible por comprometer a vulnerables, es indispensable que ANSES digitalice los expedientes administrativos.

– Que la vivencia de estos tiempos ha demostrado la importancia del informalismo y la desburocratización en las comunicaciones judiciales (mails, whatsapp) y audiencias (Zoom, Google meet, Hangout y distintas aplicaciones para videoconferencia) sin que se haya violentado el derecho de defensa ni el debido proceso.

– Que, aunque esta libertad de plataformas digitales ha resultado medular para la operatividad del servicio de justicia en la transición que atravesamos, es conveniente uniformar su empleo, sobre todo respecto del Ministerio Público, Servicio Penitenciario Federal y afines; a la vez que procurar una regulación flexible pero estable que genere previsibilidad y garantice eficacia procesal y fehaciencia, evitando posibles planteos de nulidad.

– Que los correos electrónicos de consultas y turnos previstos en el Anexo III de la Acordada 14/2020 podrían constituirse en herramientas constantes una vez superada la situación de pandemia.

– Que resulta conveniente la readecuación del Centro de Información Judicial (CIJ) a los fines de permitir un vínculo más directo del usuario con las distintas jurisdicciones y a los efectos señalados en el punto anterior.

– Que el trabajo mediante VPN (virtual private network) ha demostrado ser un instrumento valioso de trabajo remoto que también debería perpetuarse en el tiempo.

– Que la gestión del personal en cuanto a la organización, distribución y rotación de tareas, a través de las cabezas de las distintas jurisdicciones, pero fundamentalmente por parte de los titulares de cada juzgado y los secretarios, ha sido sustancial en la meta de preservar la continuidad del servicio y en paralelo, la salud de los trabajadores, auxiliares y operadores judiciales.

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