Política

Un juez federal dijo que pidió su traslado de tribunal por un “ataque virulento e injusto”

El juez Eduardo Farah
El juez Eduardo Farah

El juez federal de San Martín Eduardo Farah, uno de los diez magistrados traslados que son objetados por el oficialismo y que están bajo revisión del Senado de la Nación, presentó una nota en la cámara alta para explicar las circunstancias de su cambio de tribunal en 2018 y dijo fue lo hizo tras ser víctima de un “ataque virulento e injusto”.

Farah era juez de la Cámara Federal de Comodoro Py, donde se revisan las causas por corrupción a funcionarios públicos, y pidió su cambio primero a un Tribunal Oral en lo Penal Económico y luego a un Tribunal Oral Federal de San Martín, donde se encuentra actualmente.

El oficialismo objeta diez traslados de jueces, la mayoría realizados durante el gobierno de Mauricio Macri, porque se hicieron sin tener el acuerdo del Senado. El Consejo de la Magistratura aprobó un dictamen en el que señaló las irregularidades y la semana pasada el Poder Ejecutivo envió los casos al Senado para que los analice.

El miércoles, Farah presentó una nota en la Comisión de Acuerdos del Senado para explicar su caso. “Me pongo a disposición de esa Comisión para ampliar la información que se estime necesaria y que me sea requerida”, sostuvo el juez en su nota a la que accedió Infobae.

En el escrito, contó su carrera judicial, que ingresó a tribunales en 1985 y que fue designado como juez por concurso en tres oportunidades, la última en agosto de 2018 como juez de la Sala II de la Cámara Federal de Comodoro Py. Relató que en marzo de 2018 dictó un fallo en el caso “Oil Combustibles” en el que confirmó los procesamientos de los empresarios Cristobal López y Fabián De Sousa, modificó el delito del caso y dispuso las libertades de los dos acusados. La resolución la dictó junto con el juez Jorge Ballestero.

El fallo recibió duras críticas de los funcionarios del gobierno de Macri. “Me indignó el fallo que favoreció a Cristóbal López”, declaró el entonces Presidente. Por esa resolución, Farah fue denunciado por autoridad, prevaricato y por el presunto cobro de sobornos para dictarlo cohecho. La Corte Suprema también presentó una denuncia ante el Consejo para que de determiné si hubo alguna irregularidades en el modo en el que integró la sala para resolver el caso. Ballestero renunció a su cargo.

Farah relató en su nota que durante dos meses los medios de comunicación informaron sobre el tema “poniéndose no solo en tela de juicio los fundamentos jurídicos de la decisión sino también mi honestidad”. “Las llamadas ´redes sociales´ no se mantuvieron ajenas al asunto y mi nombre circuló por todas ellas con referencia aquí irreproducibles, llegando a recibir en mi teléfono celular (a través de Messenger y Whatsapp) mensajes ofensivos e insultos de todo tipo provenientes de personas desconocidas en sintonía con las descalificaciones efectuadas en los medios de comunicación”, agregó y criticó a la Asociación de Magistrados porque “guardó el más absoluto silencio en relación con mi persona” cuando, dijo, tiene una “histórica posición en defensa pública del respeto a la dignidad de quiénes desempeñamos esta función”

“Tomé entonces la decisión de dar un paso al costado para que se me investigara de un modo en el que la función que ejercía no fuera un obstáculo para la completa dilucidación de lo ocurrido, especialmente por mi condición de juez de la Cámara del fuero federal donde la investigación penal a mi respecto debía llevarse a cabo”, explicó. “Me llamé a silencio”, sostuvo y pidió su traslado a otro tribunal.

Senado  tratamiento a los Proyectos de Moratoria impositiva, previsional y aduanera, y de Asistencia al Turismo, el  13 de Agosto de 2020
El Senado de la Nación en sesión por videoconferencia (Foto: CELESTE SALGUERO / COMUNICACIÓN SENADO). (CELESTE SALGUERO/ COMUNICACION SENADO/)

“Creí también entonces -y el tiempo me dio la razón- que esa era la mejor forma de preservarme -y preservar a mi familia- del ataque virulento e injusto al que fui sometido, esperando que el mismo cesara y que las investigaciones iniciadas llegaran a término”, sostuvo Farah.

Primero pasó al Tribunal Oral Penal Económico 1 y luego al Tribunal Oral Federal 2 de San Martín. Fue con el apoyo del macrismo en el Consejo de la Magistratura. Ahora el oficialismo crítica que en el primer traslado la competencia penal económica es distinta a la federal y en el segundo porque se cambió de jurisdicción.

En su nota al Senado, el juez relató que luego fue sobreseído en la justicia penal por las denuncias que había recibido por su actuación en la causa. El fallo de lo desvinculó concluyó que los hechos denunciados no habían ocurrido. También el Consejo de la Magistratura archivó la denuncia de la Corte Suprema sobre cómo había sido designado para intervenir en el caso.

“Espero que las Sras. Senadoras y los Sres. Senadores comprenda los motivos que me llevaron en su momento a pedir mi traslado a otra sede judicial, distinta del cargo para el que había concursado y obtenido el acuerdo de ese Cuerpo, y a la vez, tomen conocimiento del resultado de las investigaciones que se promovieron y de las decisiones judiciales firmes que, no solo descartaron cualquier acción irregular de mi parte, sino que también corroboraron la corrección fáctica y jurídica de aquella decisión del suscripto”, concluyó Farah y les dijo a los integrantes de la Comisión que “quedo a la espera de la decisión que habrá de adoptar ese Cuerpo Legislativo, reiterando mi posición para ampliar la información que se estime necesaria y que me sea requerida”.

Farah es el cuarto juez de los diez objetados que hacen presentaciones por su situación. Los anteriores fueron Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Los cuatro tienen en común a Comodoro Py. Los tres últimos fueron traslados a esos tribunales. Bruglia y Bertuzzi integran la Cámara Federal y Germán Castelli el Tribunal Oral Federal 7.

Pero la diferencia es que Bruglia, Bertuzzi y Castelli presentaron amparos en la justicia para continuar en sus actuales cargos y que se frene el proceso de revisión de sus traslados. Bruglia y Bertuzzi obtuvieron una medida precautelar por la cual el Senado no puede por el momento no avanzar con el trámite de revisión. Farah no le solicitó al Senado ni que rechace su traslado ni que lo confirme.

Los otros jueces cuestionados son: Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata.

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