Política

Tensión en el conurbano: se desactivaron 130 intentos de tomas sólo en Moreno

Un operativo de desalojo en la zona de La Reja y Trujui, en el municipio de Moreno, durante el fin de semana pasado. (Infobae)

Solo en el municipio de Moreno, hubo al menos 130 intentos de tomas de tierras e inmuebles que fueron desarticuladas desde el recambio presidencial en diciembre de 2019. El distrito, a cargo de la intendenta Mariel Fernández, es un caso testigo del aumento de la tensión en el Conurbano bonaerense por el control territorial y las urgencias habitacionales que se agravaron por la pandemia.

El “aumento exponencial” de las causas por usurpaciones surge de un informe elaborado por la Fiscalía N°5 de Moreno, al que tuvo acceso Infobae. Se trata de un registro que va desde diciembre de 2019 al 31 de agosto, y expone un crecimiento de casi 1000 por ciento en el avance de las ocupaciones de inmuebles. En el período anterior, el distrito había tenido apenas 12 tomas, pero ese número subió a unas 130 usurpaciones en grado de tentativa, con un saldo de 81 personas aprehendidas.

El avance pone de manifiesto el deterioro de la seguridad y de las condiciones de vida en el Tercer cordón, un problema estructural de la provincia. Sin embargo, el municipio de Moreno cuenta con una curiosidad. La intendenta Mariel Fernández pertenece al Movimiento Evita, la agrupación política que tuvo un altercado esta semana con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. El funcionario a cargo de la Policía Bonaerense apuntó a los líderes de la organización, los secretarios de Estado Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, como instigadores de las tomas.

“Me sorprende la apreciación del ministro Berni sobre el Movimiento Evita, venimos trabajando muy bien con su equipo. Se han desalentado más de 120 tomas en Moreno”, señaló la intendenta sobre el acalorado cruce televisivo que tuvieron “Chino” Navarro y Sergio Berni.

Moreno es un ensayo de gestión municipal desde los movimientos sociales. En el entorno de la intendenta Fernández saben de la responsabilidad que les toca. Están en una posición incómoda: conocen las carencias de sus bases de primera mano y la realidad de la militancia territorial, y reniegan de la “criminalización” de quienes ocupan una parcela. En palabras de Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), “los 4.400 barrios populares” que defienden las organizaciones territoriales “fueron también ocupaciones”. Sin embargo, en el Movimiento Evita no tienen una visión idílica del problema: reconocen la existencia de negocios y “vivos que lucran con la necesidad ajena” detrás de los loteos.

Toma en Moreno en la zona de La Reja y Trujui

Desde diciembre, el municipio puso en marcha una mesa de trabajo en conjunto con el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR), con la Policía Bonaerense y el Ministerio Público Fiscal. El mecanismo funciona como un sistema de alerta temprana ante una eventual ocupación territorial, que se articula con un programa específico que apunta a darle una respuesta “integral” al desarrollo urbano y la demanda del suelo.

“Desde el inicio de esta gestión prácticamente no se han consolidado nuevas usurpaciones”, apuntaron desde la Fiscalía N°5, a cargo de Emiliano Buscalia. “No se les ofrece una vivienda, pero buscamos continuar con sus demandas en otras instancias de diálogo”, aclararon desde el municipio.

La política del desalojo

En Moreno calculan que hay treinta tomas masivas que están judicializadas y que permanecen activas desde las gestiones anteriores. El déficit habitacional tiene una larga historia en el distrito: se contabilizan cerca de 91 barrios populares, donde conviven viven aproximadamente 23 mil familias, según las estimaciones del gobierno local.

En un mapeo que hizo la Fiscalía N°5, se pueden identificar por color las tomas que están consolidadas, y aquellas que fueron desarticuladas en los últimos meses. Cada punto permite observar la magnitud del hecho y sus principales características, a saber: los intentos de más de 15 personas (rojo); las tomas pequeñas y menores a 15 personas (azul), las causas en trámite bajo el protocolo de la Suprema Corte bonaerense (verde), y aquellos expedientes donde se investiga como hipótesis una organización ilícita (violeta). A estos últimos, los funcionarios judiciales los bautizaron como “organizadores”.

Los barrios que tuvieron una mayor cantidad de tentativas de tomas fallidas en estos meses fueron en Cuartel V y Trujui. Otras, en cambio, vienen desde la fugaz y desgastada gestión del ex intendente Walter Festa, como la usurpación del predio recreativo de la Unión de los Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), en La Reja. El jefe comunal no supo poner coto a una larga tradición municipal de conflictos territoriales.

Uno de los hechos emblemáticos durante el período de Festa se produjo en el predio municipal “La Bibiana”, ubicado sobre la Ruta 23 y Juan O’Brien, en Catonas. La ocupación tuvo serios incidentes: hubo enfrentamientos y represión. Aún así, el desalojo resultó fallido y los habitantes permanecieron en el predio. Recién en marzo, antes de la cuarentena, se llegó una solución: por primera vez se aplicó el protocolo de la Suprema Corte bonaerense, que permite avanzar en desalojos y al mismo tiempo resguardar los derechos humanos de las familias vulnerables.

Alberto-Fernandez-junto-a-Mariel-Fernandez-intendenta-de-Moreno
Alberto Fernández junto a Mariel Fernández, intendenta de Moreno (@marielfmoreno1)

En la práctica, este tipo de protocolos y regulaciones son resistidos por los funcionarios provinciales y los intendentes, que esta semana se pronunciaron contra las “tomas ilegales”. El giro en el Gobierno en materia de seguridad y que fue anunciado este viernes obedece a ese pensamiento, con el lanzamiento de un plan de $37.000 millones para equipar a la Policía y enviar a cuatro mil efectivos de Gendarmería al conurbano bonaerense.

Más allá de la desarticulación de las tomas “en flagrancia”, Mariel Fernández piensa en otros planes a mediano plazo para la planificación urbana, entre ellos, el armado de consorcios de producción agroecológica en tierras ociosas privadas. Es uno de los ejes de trabajo y salidas laborales que impulsan los movimientos sociales organizados en cooperativas a través del “Plan de Desarrollo Humano Integral”. Con esa agenda, la jefa comunal se reunió durante la semana con el presidente Alberto Fernández para contarle sus proyectos y la situación social en el municipio. El hecho pasó inadvertido, justo en días que el ministro Sergio Berni encarnó una batalla verbal contra el Movimiento Evita.

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