Política

Designación de jueces en Comodoro Py: cómo es el escenario judicial y político en el que se moverá el ministro Soria

Martín Soria (Foto NA)
Martín Soria (Foto NA) (AUSPITZ/)

Martín Soria asumirá el lunes como ministro de Justicia de la Nación y desde que se conoció su designación comenzó a delinear sus principales objetivos. Uno de ellos es lograr el nombramiento de jueces en lugares clave para el poder: Comodoro Py. La tarea no es sencilla. Se requiere una cantidad de votos en el Consejo de la Magistratura de la Nación que por sí solo el oficialismo no tiene. El peronismo confia en conseguirlos, la oposición en no dárselos para que el Gobierno no acumule poder en la Justicia, un lugar clave para el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Todo dependerá de los escenarios que se presenten y de la capacidad de articular negociaciones entre los sectores que integran el Consejo, legisladores nacionales, jueces y abogados que se referencian en el oficialismo o la oposición pero que responden a intereses de sus sectores.

El Gobierno tiene un núcleo duro de seis consejeros que difícilmente se rompa. Lo integran el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, los senadores Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, la diputada Vanesa Siley, el juez Alberto Lugones y el representante de los académicos y presidente del cuerpo, Diego Molea. En la oposición están el diputado Pablo Tonelli, la senadora Silvia Giacoppo, los abogados Diego Marias y Carlos Matterson y los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta. Pero es un bloque que debe reafirmar su integración en cada tema.

La integrante número 13 del Consejo es la diputada peronista Graciela Camaño. “Ni kirchnerista ni macrista”, dice cada vez que ambos sectores tienen una discusión. Pero cuando el cuerpo tuvo que resolver un tema de impacto político la diputada acompañó al oficialismo. Lo hizo el año pasado cuando aprobó la revisión de los jueces trasladados y el jueves cuando se analizó la intimación de la ANSES a jueces y fiscales. Camaño tenía su propio proyecto pero ante la paridad de seis a seis lo bajó y apoyó al oficialismo.

“Camaño juega abiertamente con ellos. Si había alguna duda el jueves se terminó de develar. Yo no la cuento para nada”, le dijo a Infobae un hombre de la oposición en el Consejo.

Para la oposición, le dijeron a Infobae dos integrantes de ese sector en el Consejo, será clave lo que ocurra con la designación de jueces en cómo el Gobierno se posicione en la relación con la Justicia. “Toda esta suerte de aceleración de determinadas líneas más confrontativas con la llegada de Soria hizo que nos pongamos en alerta”, plantea la oposición.

Desde que Soria fue anunciado como el nuevo ministro de Justicia tuvo encuentros con dos de los hombres fuertes del Gobierno en la Justicia, el viceministro Juan Martín Mena y Ustarroz, el articular del gobierno en el Consejo y hermano de crianza del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien integró el organismo y tiene buenos vínculos en la Justicia.

Graciela Camaño, un voto clave para el oficialismo (Consejo de la Magistratura)
Graciela Camaño, un voto clave para el oficialismo (Consejo de la Magistratura)

En esas charlas uno de los temas fue la designación de jueces en Comodoro Py. En el edificio judicial por donde pasan las causas de corrupción a funcionarios y empresarios hay varias vacantes de magistrados. Tres en los juzgados de primera instancia que eran de Claudio Bonadio, Sergio Torres y Rodolfo Canicoba Corral; las de los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que seguirán allí hasta que se elijan a sus titulares tras el fallo de la Corte Suprema sobre sus traslado; y siete en los Tribunales Orales Federales donde están los cinco juicios a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Por la Cámara deben pasar las investigaciones que involucran a Mauricio Macri y sus funcionarios. El Gobierno ya designó a Roberto Boico, abogado de Cristina Kirchner en la causa por la firma del memorándum con Irán a quien solo le resta jurar en el cargo luego que ayer se publicara su designación en el Boletín Oficial, y a principio de febrero repuso a Eduardo Farah, quien se fue en 2018 a otro tribunal por las presiones del macrismo por el caso “Oil Combustibles”.

Desde diciembre que el oficialismo jugó a fondo con los concursos para ocupar esos lugares. Abrió las inscripciones y realizó los exámenes para los juzgados y la Cámara. El objetivo es terminar toda la primera parte del concurso -examen, análisis de antecedentes y entrevistas a los postulantes- antes de mitad de año. Para los cargos en los tribunales orales el concurso está en condiciones de resolverse desde diciembre de 2018.

Para aprobar un concurso se necesitan nueve votos. Es una mayoría especial que ningún bloque del Consejo tiene hace años por sí solo y lo que se necesitan son acuerdos políticos. Lo que entra a jugar es el reparto de los cargos siguiendo los intereses de los sectores del Consejo. Una puja de poder que tiene una lógica: cuánto más cargos haya para ocupar más posibilidades de repartir. Una ecuación política que para muchos tiene poco que ver con brindar un buen servicio de justicia.

“Me parece que se van a conseguir los nueve votos. Después del acuerdo de fin del año pasado las cosas están más claras en el Consejo”, le dijo a este medio un de los hombres del oficialismo sobre esos acuerdos políticos. Lo que ocurrió a fin del año pasado fue que el oficialismo consiguió los nueve votos para aprobar un concurso para cubrir un cargo en la Cámara Federal. No solo tenía el peso político del lugar, sino de quién iba a ocuparlo. Era Boico. El oficialismo obtuvo los votos de los jueces Recondo y Culotta. El acuerdo para que eso ocurra fue la aprobación de otros concursos y que se destraben nombramientos de jueces que estaban frenados en el Poder Ejecutivo.

Los jueces que integran el Consejo repiten que deben responder a las demandas de sus listas políticas internas y la principal es que se aceleren los concursos para que se nombren jueces. “Si las designaciones se paran tenemos que explicar por qué y para cumplir con nuestros votantes tenemos que tener diálogo con el Gobierno”, explica un magistrado. A ese diálogo es al que apuesta la nueva gestión de Soria para poder designar a los jueces en Comodoro Py.

Juan Manuel Culotta, uno de los jueces del Consejo y eje de todas las apuestas en las negociaciones (Maximiliano Luna)
Juan Manuel Culotta, uno de los jueces del Consejo y eje de todas las apuestas en las negociaciones (Maximiliano Luna) (Maximiliano Luna/)

La tarea no será sencilla. La oposición sintió lo que consideró un traspié con el concurso de la Cámara Federal y empezaron a recalcular. Coinciden que con la llegada de Soria y su discurso crítico -a diferencia de Marcela Losardo, más componedora- el escenario es otro. No solo el arribo del nuevo ministro. Anotan otras señales. El discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso –“El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano”-, las intimaciones de la ANSES a jueces y fiscales para que renuncien si ya están jubilaciones, los proyectos de reforma judicial que están en Diputados -otro de los objetivos del nuevo ministro.

“Debemos estar mucho más atentos y la única forma de discutir de igual a igual es estando juntos. Valemos en la medida que tengamos los seis los pies adentro”, dice un hombre de la oposición. Así actuaron el jueves en el tema ANSES y en ese bloque lo vivieron casi como un triunfo a pesar que perdieron. “Solo tienen mayoría con Camaño para sacar una simple resolución”, dice otro consejero.

Ese bloque busca contener a los jueces Culotta y Recondo. El oficialismo va a ir a ellos para obtener los votos para aprobar las ternas para Comodoro Py sabiendo que pueden negociar la cobertura de otras vacantes que le interesan a las listas de esos jueces. Además, en la oposición saben de la postura de Culotta. “Mis representados son los jueces”, les repite el magistrados a sus compañeros de bloque para que sepan que no va a romper lanzas. Recondo, que representa a la Lista Bordó que es la más antikirchnerista en la política judicial, tiene una postura más dura. “Por lo menos así se presenta”, dice un consejero. Recondo es un conocedor de la política por su experiencia y en el Consejo repiten un dato. Uno de sus asesores es el ex juez Luis María Cabral, que también integró el Consejo y fue presidente de la Asociación de Magistrados. Cabral tiene muy bien diálogo con el oficialismo y puede ser un puente de negociación.

La oposición está integra por gente de la UCR y del PRO. En este último espacio están Tonelli, de llegada con el ex presidente Macri, y a fin del año pasado ingresó el abogado Diego Marias, hombre del Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, jefe y vicejefe de Gobierno porteño. Marias es una de las patas judiciales en la construcción de Rodríguez Larreta para su carrera presidencial.

En la oposición aclaran que hay voluntad de diálogo. “Pero si la idea del oficialismo es queremos todo, no hay canches”, repiten y ponen como ejemplo las intimaciones de la ANSES que califican como una maniobra del Gobierno para hacerse de cargos en la Justicia.

Gerónimo Ustarroz, el hombre del gobierno en el Consejo (Maximiliano Luna)
Gerónimo Ustarroz, el hombre del gobierno en el Consejo (Maximiliano Luna) (Maximiliano Luna/)

Ambos sectores coinciden en dos cosas: que hay un buen y fluido diálogo y que al haber tantos cargos en juego para Comodoro Py puede haber un entendimiento para aprobar los concursos para Comodoro Py. “Cómo se pare el Gobierno frente a la Justicia será una señal para nosotros. Si pretenden avanzar con las reformas judiciales en el Congreso va a ser más difícil que acordemos”, dice un miembro de la oposición. “Los problemas del Consejo se resuelvan en el Consejo”, responden del oficialismo y concluye: “Esto es pragmatismo”.

Los otros objetivos judiciales de Soria están en la Cámara de Diputados, la cual conoce porque dejará allí una banca para asumir como Ministro. Buscará que se aprueben los proyectos de reforma a la justicia federal de todo el país, pero principalmente de Comodoro Py, y los cambios en el Ministerio Público Fiscal que buscan sacar de allí al procurador interino Eduardo Casal.

Las iniciativas ya fueron aprobadas por el kirchnerismo en el Senado pero se trabaron en Diputados donde la oposición tiene más legisladores. Soria buscará lograr los pocos votos que faltan para aprobar los proyectos sin necesidad de esperar a fin de año a la renovación de la Cámara en la que pueden conseguir más diputados.

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