Política

Un instituto de la UBA especializado en combate de la financiación del terrorismo expuso en las Naciones Unidas

El CESH de la Universidad de Buenos Aires participó de un encuentro organizado por el Comité Contra el Terrorismo de la ONU
El CESH de la Universidad de Buenos Aires participó de un encuentro organizado por el Comité Contra el Terrorismo de la ONU

El Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizó, a través de su Dirección Ejecutiva (CTED), la reunión “Amenazas emergentes, tendencias y desarrollos in terrorismo y contraterrorismo: reflexiones sobre los 20 años del combate al terrorismo”. Del encuentro que fue organizado por la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo participó el Centro de Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires. La jornada tenía el objetivo de que los miembros de este comité del Consejo de Seguridad de la ONU escuchen las conclusiones de los más importantes expertos mundiales en esta materia.

El CESH, instituto dependiente de la UBA que forma parte de la red global del Comité contra el Terrorismo, participó del reducido panel de expositores a través de su Director y Profesor Titular de Criminología, Juan Félix Marteau. La reunión se centró en el cumplimiento de los 20 años de vigencia de la Resolución 1373 dictada por el Consejo de Seguridad como reacción directa al ataque terrorista que Al-Qaeda perpetró en territorio americano el 11 de septiembre de 2001, provocando más de 3000 muertes y transformando definitivamente el orden mundial.

La reunión fue abierta por Tarek Ladeb, Presidente del Comité contra el Terrorismo y la Directora Ejecutiva, Michèle Coninsx; y participaron expertos de centros de estudios especializados de las universidades de Nueva York, Standford y el King’s College, entre otros.

Michèle Coninsx, Directora Ejecutiva de la Dirección del Comité Ejecutivo contra el Terrorismo (CTED). Crédito: UN Photo/Rick Bajornas
Michèle Coninsx, Directora Ejecutiva de la Dirección del Comité Ejecutivo contra el Terrorismo (CTED). Crédito: UN Photo/Rick Bajornas (Rick Bajornas/)

En su exposición, Marteau, abogado y doctor en sociología con cerca de 20 años de experiencia en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, se refirió a 5 aspectos que -de acuerdo a su opinión- podrían ayudar a fortalecer la Agenda Pública de los Estados de la región de América Latina, tal como lo requieren no solo la Resolución 1373 (2001), sino también las Resoluciones 1624 (2005) y 2178 (2014), todas del Consejo de Seguridad.

El primer aspecto -dijo el especialista- se refiere a la necesidad de mejorar la concientización por parte de los gobernantes y otros actores clave del sector público y del sector privado, incluidos los medios de comunicación, respecto, por un lado, a la amenaza que significa para la región el terrorismo global en sus distintas variantes, en especial, la financiación del terrorismo y, por otro, a las vulnerabilidades persistentes o las nuevas que genera la propia mutación del fenómeno.

Una herramienta eficaz para lograr este objetivo, señaló Marteau, es la elaboración y/o reactualización -con mayor consistencia- de Evaluaciones de Riesgos y Estrategias de Combate de la Financiación del Terrorismo (CFT), no sólo nacionales, sino también regionales, que permitan comprender con mayor exactitud a los Estados Miembros que las organizaciones terroristas pueden penetrar y abusar de los sistemas financieros de países como los nuestros, aunque éstos no constituyan propiamente un objetivo para sus ataques físicos.

El segundo aspecto que resaltó se refiere a la exigencia de fortalecer, en cada Estado, los mecanismos de coordinación interinstitucional, permitiendo a cada agencia gubernamental o a las entidades del sector privado involucradas ofrecer una respuesta sistémica a los desafíos que presenta el terrorismo y sus finanzas.

En otro tramo de su exposición sostuvo que “considerando las dificultades fiscales y materiales que tienen los Estados de la región para dar cuenta de la complejidad del fenómeno a enfrentar, es muy importante que los mismos consoliden, a través de un adecuado set de facultades y responsabilidades, la existencia de organismos capaces de articular el desarrollo de acciones tan diferentes como la mitigación, la prevención y la represión del terrorismo y su financiación, permitiendo que aquellos tomen decisiones más consistentes en esta materia.”

El tercer aspecto que destacó tiene que ver con la obligación de mantener activos y actualizados los dispositivos de control de sectores críticos -por su exposición a su uso abusivo- como son las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), las asociaciones mutuales y cooperativas, los canales de remesas de dinero transfronterizo, “sumados a los nuevos, pero a la vez riesgosos negocios de inclusión financiera que surgen con las nuevas tecnologías, así como las transacciones con criptomonedas.” Teniendo en cuenta que las economías regionales están atravesadas por altos niveles de informalidad, que en muchos casos supera el 40%, pero también valorando el rol que desempeñan los sectores mencionados en el acceso a fondos o inversiones muchas veces vitales para los individuos y las empresas, resulta imperioso -afirmó Marteau- mejorar la supervisión estatal inteligente y/o bien fomentar programas de autorregulación que permitan prevenir las actividades de financiación del terrorismo.

El cuarto aspecto que destacó el especialista se centra en el desafío de actualizar las legislaciones especializadas en materia de terrorismo y FT permitiendo incorporar como obligatorias las mejores prácticas sobre intercambio de insumos de inteligencia y, en particular, de inteligencia financiera. Recordando que en los países de la región la utilización de información de inteligencia en la investigación y enjuiciamiento de los responsables de actos criminales continúa siendo un tema de alta sensibilidad, resulta pertinente -resaltó el experto- “el desarrollo de un análisis técnico amplio (a través de workshops, talleres, mesas redondas, etc.) que, reconociendo el marco del orden constitucional, permita avanzar en reformas legislativas y protocolos de actuación fundados y orientados a garantizar que los Estados cuenten con las facultades más racionales para condenar a los responsables de actos terroristas y privarlos de su fondos.”

Por último, mencionó la urgencia que representa la tragedia de la pobreza en la región, que expone a millones de jóvenes a los cada vez más sofisticados y dañinos discursos de propagación del odio y la radicalización de la violencia. “Este es un punto de inflexión crítico, ya que facilita el continuum entre el crimen organizado (en particular, el tráfico ilícito de drogas, el contrabando, el comercio ilícito) -que ha ganado mayor influencia en muchos de nuestros países- y las prácticas de terrorismo (y la FT)” sostuvo el director del instituto de la UBA. Y agregó “es de suma importancia empoderar a los líderes locales, junto a los padres y madres de los adolescentes para procurar reconstruir las bases de una ética ciudadana basada en los valores del trabajo, el esfuerzo y el compromiso incondicional con la libertad.”

Marteau concluyó con un agradecimiento a todo el equipo de la Dirección Ejecutiva del Comité Contra el Terrorismo que, “con su trabajo, ha permitido al CESH/UBA expresar no sólo sus ideas, sino también su compromiso con la trascendente misión que lleva a cabo el Consejo de Seguridad y el Comité contra el Terrorismo en pos de la paz y la seguridad internacionales.”

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