Política

La causa del mayor derrame petrolero que hubo en el país, en la costa de Magdalena, hoy no tiene juez

 El derrame petróleo en Magdalena tuvo lugar en 1999 luego de un choque entre un buque petrolero  y un barco carguero
El derrame petróleo en Magdalena tuvo lugar en 1999 luego de un choque entre un buque petrolero y un barco carguero

Veintitrés años después del derrame petrolero frente a la ciudad de Magdalena, el único que hubo en Argentina y el mayor en aguas dulces en la historia mundial, la causa en la Justicia Comercial en la que se debate la reparación económica acordada entre ese Municipio bonaerense y la empresa Shell, propietaria del buque petrolero que colisionó con otro barco en el Río de la Plata, se quedó sin juez.

Fue después de que Juan Rafael Stinco, a cargo Juzgado Civil y Comercial Federal Nro. 3 de la Capital Federal, se excusara luego de la publicación de una nota en Infobae a fines de marzo pasado. La causa fue nuevamente sorteada y recayó en el Juzgado Nro 4 a cargo de José Luis Cassinerio, un magistrado de larga trayectoria en el fuero, quien rechazó la excusación y devolvió el expediente. Ahora, debe resolver la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.

Así, la homologación del Acuerdo firmado en 2009 por USD 9,5 millones entre Magdalena y la petrolera holandesa, para ponerle un punto final al reclamo por el daño ambiental, quedó atrapada en una discusión de competencia. Su aprobación por la Justicia Civil y Comercial es el requisito necesario para que el Municipio cobre finalmente la reparación económica por parte de Shell, que sigue sin concretarse.

Stinco se había hecho cargo del expediente en abril del 2021, poco después de haber sido designado por Alberto Fernández. De 41 años, con antecedentes en el sector privado como abogado, en el segundo mandato de Cristina Kirchner se desempeñó como asesor jurídico en YPF bajo la gestión de Axel Kicillof y, posteriormente, en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).

Juan Rafael Stinco
El juez Juan Rafael Stinco fue designado por Alberto Fernández en marzo de 2021

Pese a que el Acuerdo entre Magdalena y Shell lleva 13 años firmado, y en la causa no había desde el año pasado más medidas de prueba pendientes, Stinco aún no había resuelto la homologación de la reparación económica acordada entre el Municipio y la petrolera holandesa. A partir de esta demora, el abogado de Magdalena, Daniel Silva, sugirió ante Infobae, y en dos escritos que presentó en el expediente, la sospecha de una posible connivencia entre el magistrado y el abogado de un vecino que se presentó en el expediente. “Ambos son profesores de Derecho Ambiental en la Universidad de Belgrano”, señaló Silva, como argumento sobre un conocimiento previo entre Mariano Aguilar y el juez Stinco.

Incluso, Silva deslizó el posible pedido de una coima, bajo el cobro de honorarios, por parte de ese letrado para “destrabar” como “intermediario” la homologación judicial del Acuerdo, algo que Aguilar rechazó enfáticamente.

Aguilar – un letrado de larga trayectoria en temas ambientales- patrocina a un vecino de Magdalena, Leonardo Fediuk, invocando derechos colectivos de la comunidad. En diálogo con Infobae desmintió que estuviera “buscando resolver” el tema de sus honorarios, y que estos estuvieran vinculados a la demora en la homologación judicial del Acuerdo. El abogado también dijo“no conocer” al juez Stinco, pese a coincidir en la docencia en el posgrado de Derecho Ambiental de la UB.

Además de citar explícitamente la nota publicada por Infobae el 27 de marzo, Stinco también mencionó en su resolución para apartarse, los reclamos de los abogados del Magdalena, de Shell y de la Agencia Marítima Robinson, representante del buque carguero que intervino en el choque. Las apelaciones fueron presentadas luego de que el juez recibió fuera de término un escrito de Aguilar, en respuesta a un traslado de un pedido de homologación del Acuerdo por parte de la petrolera. El magistrado le corrió vista a las partes de ese escrito, cuando ya estaba vencido el plazo de presentación, y según los abogados, no debería haberlo aceptado.

En su última presentación del 4 de abril, Fediuk – el vecino de Magdalena que pidió ser parte en el expediente como tercero- señaló que “la estrategia de la actora y demandados es desconocer la aplicación en autos del Derecho Ambiental, para beneficiar el Acuerdo traído a autos, homologarlo y llevar adelante los acuerdos pre asignados en el mismo. De lo contrario, no se comprendería como no quiere el Municipio Magdalena pedir intereses al menos desde su firma hasta que se pague”.

En tanto, para el abogado del Municipio, “todo lo que presenta Aguilar es motivo de una sustanciación en la causa, que provoca que siga sin definición”. Y se quejó ante Infobae: “Estamos ante un expediente que tendría que estar resuelto con una homologación de un Acuerdo hace trece años, y se sigue embarrando. La actuación de Aguilar en el expediente es meramente de postergación, en una causa de reparación de daño ambiental que lleva 23 años, y cuando del otro lado del mostrador hay una multinacional. Con un Estado nacional y provincial que nunca demandaron a Shell. Normalmente un incentivo para las acciones de prevención ambiental son las acciones punitivas. Pero el Estado nacional no le aplicó siquiera una multa. Tampoco el gobierno de la Provincia”. Por este desastre ambiental, no hay causa penal.

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El Acuerdo económico firmado 10 años después del desastre entre Magdalena y Shell – cuando ya no quedaban evidencias del daño generado en su momento- fijó una reparación económica por un monto extremadamente bajo en relación a otros desastres ambientales. El texto incluyó una cláusula que aclara que el acuerdo no implica “el reconocimiento de responsabilidad alguna” por parte de las demandadas, Shell y la empresa responsable por el otro buque que intervino en la colisión, Agencia Marítima Robinson SA.

Además de la reparación económica, el Acuerdo establece que la multinacional petrolera brindará “su colaboración desinteresada y no vinculante” para asesorar en el diseño de “un plan de explotación integral en materia turística y de esparcimiento en el tramo comprendido entre los balnearios de Magdalena y Atalaya”, un parque industrial en Magdalena, y un programa de tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios generados dentro de este partido bonaerense.

Por decisión del intendente de ese momento, el justicialista Fernando Carballo, el Acuerdo fue sometido en 2009 a un plebiscito popular que obtuvo el 77% de apoyo, y luego fue aprobado por el Concejo Deliberante local por unanimidad de todas las fuerzas.

En la actualidad, ya no existen secuelas ambientales por el derrame de los 5 millones de litros de petróleo que afectaron en su momento la fauna, la flora, el agua, los comercios y a los habitantes de la zona, básicamente debido al tiempo transcurrido. Así lo confirmaron distintas pericias oficiales y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), máxima autoridad ambiental de la Provincia de Buenos Aires.

Derrame Petróleo Magdalena
El derrame de los 5 millones de litros de petróleo afectó la fauna, la flora, el agua, los comercios y a los habitantes de la zona

Para el abogado del Municipio, “este caso muestra hasta qué punto la Justicia se vuelve inaccesible. Trece años después de que el Acuerdo se dio publicidad y se sometió al escrutinio público a través de un plebiscito, sigue sin poder concretarse. Y aparece un juez nuevo que le permite todos estos planteos dilatorios a un tercero. Entonces uno siente que está en el mundo de Kafka”.

El destino del dinero

Infobae consultó al actual intendente de Magdalena, Gonzalo Peluso, quien admitió que el monto de la reparación es “irrisorio comparado con otros eventos de este tipo en el mundo”. Pero advirtió que “el Municipio quedó solo cuando fue derrame. Ni el gobierno de la Provincia, ni el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación (NdR: en ese momento a cargo de María Julia Alsogaray, durante el gobierno de Carlos Menem) acompañaron la demanda contra una multinacional como Shell. Fue una pelea David contra Goliat. Hubo una primera sentencia en 2002 de cerca USD 80 millones de dólares en la Justicia Federal de La Plata, donde estuvo radicada la causa al principio. Pero ese fallo fue apelado por Shell, al juez lo removieron, y perdió validez”.

Sobre el destino que se le dará a los USD 9,5 millones, si es que finalmente el Municipio puede cobrar ese dinero, el intendente radical dijo que se destinará, básicamente, a la mejora en salud pública. “Se van a usar para terminar la red de agua potable en Atalaya, una de las localidades más golpeadas por el derrame, y dónde no hay cloacas. También para infraestructura en el hospital, que es el único efector de salud en todo el distrito y es municipal. Hoy no tiene terapia intensiva ni un tomógrafo, que se necesita para diagnóstico. La gente se tiene que trasladar a La Plata. Y hace 20 años que no podemos desarrollar un parque industrial para que nuevas empresas se radiquen, porque eso requiere infraestructura eléctrica y la ampliación del gasoducto”, precisó el jefe comunal de Juntos, reelecto en 2019. “Una vez que efectivice el pago, la idea es darle participación a la ciudadanía para que decida a qué darle prioridad”, aseguró.

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