Política

La Justicia de Comodoro Py investigará por qué el Ejército no apeló la entrega de tierras a mapuches en Bariloche

Ejercito intenta frenar traspaso de tierras a pueblo Mapuche

La causa investiga por qué el Ejército no apeló a tiempo la entrega de tierras a un grupo de mapuches en Bariloche permanecerá en Comodoro Py. Así lo resolvió este viernes la Cámara Federal, al hacer lugar a la apelación del fiscal Carlos Stornelli. Es que apenas se presentó la denuncia, el juez Daniel Rafecas realizó las primeras diligencias para hacerse de documentación pero entendió que la causa debía tramitar en el sur. Hoy esa resolución fue revocada y se instó a llevar adelante más medidas de prueba urgentes.

En una resolución a la que accedió Infobae, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens sostienen que en la causa podría haber más funcionarios del Gobierno Nacional involucrados, además de la abogada de la Procuración del Tesoro acusada de no apelar a tiempo. Entre ellos, Gastón Havela.

“No puede descartarse la posible intervención de otros funcionarios públicos dependientes de organismos estatales con sede y jurisdicción en el ámbito de esta ciudad, máxime teniendo en consideración el dictamen y el tenor de las medidas de pruebas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, cuya admisibilidad se encuentra pendiente de resolución. Pero sin perjuicio de la decisión que el magistrado adopte con relación a estas diligencias peticionadas por la Fiscalía -cuestión que excede el marco de esta incidencia-, sí corresponde que, previo a resolver respecto de la competencia del tribunal, se lleven a cabo las medidas mínimas que permitan circunscribir adecuadamente el objeto procesal en consonancia con los hechos denunciados – circunstancia ésta que por el momento se muestra insuficiente- y poder así analizar con precisión dicha cuestión evitando decisiones prematuras”, sostuvo el tribunal.

El expediente analiza lo sucedido en una causa que tramita en Bariloche, iniciada a fines del 2020, en donde la Comunidad Millalonco Ranquehue reclamó la propiedad de tierras que hoy están bajo la órbita del Ejército. Una jueza subrogante de Bariloche Silvina Domínguez hizo lugar al planteo y ordenó entregar los terrenos en 60 días a partir de que el fallo quedara firme.

Como en cada causa, una sentencia de primera instancia puede ser apelada. Pero debe hacerse en tiempo y forma. En esta causa se discute por qué eso no sucedió.

El fallo de primera instancia fue notificado al Ministerio de Defensa el 2 de febrero a las 2022 a las 12.11hs, apenas se firmó. El plazo de 48 horas dispuesto para interponer y fundar el recurso de apelación terminaba el 4 de febrero, a la misma hora. La apelación a través de la apoderada del Estado Nacional, Silvia Cristina Vázquez, que depende de la Procuración del Tesoro, llegó el 6 de febrero de 2022 a las 20:25.

“Si bien el Ejército Argentino no es parte en estas actuaciones, la misma le causa un gravamen irreparable a mi mandante, habida cuenta ordena al Poder Ejecutivo Nacional que transfiera a título gratuito al Instituto Nacional de Asuntos Indígena -para su adjudicación a la Comunidad accionante-, un inmueble asignado en uso y administración de la Fuerza que represento”, escribió Vázquez en el escrito al que accedió Infobae.

La jueza Domínguez concedió la apelación el 15 de febrero pero al llegar a la Cámara Federal de General Roca se advirtió que la abogada Vázquez no estaba formalmente presentada en el expediente. De inmediato, Marta Ranquehue (werken), representante legal de la Comunidad Mapuche Millalonco Ranquehue, reclamó “rechazar la apelación del Ejercito Argentino por haber sido presentada de manera manifiestamente extemporánea”. “Se advierte que la letrada Silvia Vázquez se presentó a fs.226/230 e invocó la representación del Ejército Argentino lo cual no fue debidamente acreditado, de donde procede remitir los autos al juzgado de origen a efectos de que allí se provea lo pertinente a fin de regularizar la circunstancia antes señalada”, dijo la Cámara de Apelaciones el 24 de febrero.

Según consta en la causa, el Ejército ratificó “lo actuado por la Delegada del Cuerpo de Abogados del Estado, dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación con jurisdicción en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Dra. Silvia Cristina Vázquez” y dispuso “autorizar a dicha profesional, a intervenir en el juicio de referencia a fin de continuar con la tramitación y representación de los intereses del Estado Nacional en juicio con carácter de representante legal del Estado Nacional”. La fecha de esa disposición es del 25 de febrero de 2022 y fue incorporada a la causa el 16 de marzo.

En ese contexto, el 28 de abril, la Cámara de General Roca entendió que no podía conceder los recursos de apelación por extemporáneos. “No se discute que el Ministerio puede asumir por sí la tutela de los intereses particulares de quienes lo integran, como lo hizo en este proceso o delegar ese cometido, inicialmente o durante el transcurso del juicio, en la fuerza respectiva; más no podría sacar una ventaja de esa encomienda para – como aquí quiere hacerse- extender plazos procesales que se encontraban corriendo al momento de la delegación”, dijeron los jueces Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego.

Pero “si el Ministerio de Defensa decidió que la instancia recursiva fuese abordada a través del Ejército Argentino –en lo que no se observa mácula- debió hacerlo respetando los plazos procesales que comenzaron a correr a partir del momento en que la sentencia le fue notificada en el domicilio electrónico que su apoderada (la doctora Silvia Vázquez, que es quien ahora actúa en nombre del Ejército) lo constituyó”.

Ahora, el Ejército busca que sea la Corte Suprema la que le permita sortear el escollo de la apelación extemporal, según se anunció.

Carlos Stornelli (Nicolás Stulberg)
Carlos Stornelli (Nicolás Stulberg)

Sin embargo, diputados de Juntos por el Cambio fueron a la justicia penal, en Comodoro Py, para denunciar a la abogada Vázquez que actuó tardíamente. La acusan de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato”. Pero además plantean que en su actuación no habría estado sola. Así apuntaron contra “las autoridades de las más altas esferas del Ministerio de Defensa” bajo la sospecha de que “pudieron haber tenido no solo conocimiento de lo que estaba ocurriendo, sino también haber dado la orden de dejar vencer los plazos y también haber dado la orden de montar una ‘mise en scene’ tendiente a dar apariencia de una mínima diligencia para que el verdadero sentido con el que se actuó -otorgar las tierras por esta vía a la comunidad- apareciera solapado”.

Según los denunciantes, “no sería raro enterarnos que además se interponga ahora un recurso extraordinario para aparentar estar preocupados por el dislate cometido, más ello resultaría creíble si se hubiere apartado a la funcionaria responsable de tamaño daño para el Estado nacional en forma inmediata posterior al hecho, cosa que no ha ocurrido. Es que claro: cómo la van a apartar o sancionar si la habrían mandado a no apelar. Sin dudas que de las resultas de la investigación deberán surgir los verdaderos autores mediatos de esta maniobra que habrían mandado a esta funcionaria a omitir un acto propio de su función en un expediente de semejante importancia”.

La presentación fue hecha por los diputados de JxC Gerardo Millman, Alberto Asseff, Pablo Torello, Fernando Iglesias, Ricardo López Murphy, Laura Rodríguez Machado y Aníbal Tortoriello. Por lo pronto, la denuncia tuvo impulso fiscal y se ordenó llevar adelante las primeras diligencias para conocer la documentación del Ministerio de Defensa. Esa esa la causa que llegó a manos de Rafecas y Stornelli y que ahora seguirá tramitando en Comodoro Py.

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