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Coimas por el soterramiento del Sarmiento: ordenaron un peritaje contable y envían un exhorto a Estados Unidos

Macri y Vidal, en una visita a las obras por el soterramiento al ferrocarril Sarmiento (archivo Telam)
Macri y Vidal, en una visita a las obras por el soterramiento al ferrocarril Sarmiento (archivo Telam) (Carlos-Brigo/)

A seis años y medio del inicio de la causa que intenta develar si el grupo Odebrecht y sus socias locales pagaron coimas a ex funcionarios kirchneristas para obtener la licitación por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó realizar un peritaje contable que permita establecer cuánto fue el eventual daño patrimonial al Estado. El planteo fue hecho por el empresario Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y uno de los imputados en este expediente, en donde también están investigados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López o los ex ministros Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros.

Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, el juez le ordenó al Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que analice la oferta económica que hizo el Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS) al ganar la licitación; y que elabore una línea de tiempo en donde aparezcan, por las fechas, los pagos el Estado realizó a CNS desde la adjudicación de la obra y precise, junto a cada pago, el porcentaje que cada monto representa con relación al precio total de la obra. Otro de los puntos que deberán responder los expertos es “a cuánto asciende el precio por kilómetro de la oferta económica realizada” por la empresa para llevar adelante el soterramiento entre Caballito y Moreno.

Además, Martínez de Giorgi pidió información, vía exhorto, a los Estados Unidos, para sumar a esta investigación. El material solicitado ya había llegado a manos del juez Sebastián Casanello, que también investiga a Odebrecht pero en este caso por la licitación en torno a una planta potabilizadora de Aysa, pero los magistrados no pueden compartírselo entre sí. La información que se le remitió desde Estados Unidos a Casanello confirmaría el rol del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez como intermediario de la firma brasileña.

Las medidas en la causa fueron dispuestas el lunes 22, cuando el fiscal Diego Luciani pedía doce años de prisión para la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Precisamente, al día siguiente, vía youtube, fue CFK la que puso el foco en la causa del soterramiento del ferrocarril: primero cuando repasó los mensajes que se encontró en el teléfono de su ex secretario de Obras Públicas José López que –en sus palabras- a la fiscalía no le habían llamado la atención. Después cuando aludió a un DNU de junio de 2016 que cambiaba quién iba a financiar esa obra, que -en rigor- nunca entró en vigencia.

Los mensajes

Los mensajes entre José López y Nicolás Caputo que mostró Cristina Kirchner en su derecho a defensa
Cristina Kirchner exponiendo los mensaje de López y Caputo

Según leyó CFK de los chat del teléfono de López, a las 22.38 del día 18 de diciembre del 2013 hablaban el ex responsable de Obras Públicas durante el kirchnerismo y su jefe de Gabinete, Amilcar Fredes. “El certificado del soterramiento se paga mañana con clearing 24 horas para que lo vean este viernes. No quiero hacerme cargo de la DNA”, dijo la vicepresidenta y tradujo: “debe ser Dirección General de Administración”.

Al día siguiente, López le dice a Fredes: “Pará”. José López dice: “Pará el pago en el banco. Pará el pago en el banco a Odebrecht. Hacé lo que tengas que hacer. Después te explico”. “Más que entendido”, le contestan. “Decile al banco”, le indica José López, “que te devuelvan el certificado”. “Se refiere al certificado de obra por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento que ahora voy a explicar esa obra verdaderamente emblemática”, añadió. Y al día siguiente agregaba: “están bombardeando a llamados los brasileños”.

La vicepresidenta se quejó porque nadie investigó estos mensajes. En rigor, tanto el fiscal Federico Delgado como el juez Daniel Rafecas, que tuvieron intervención en la causa por el enriquecimiento ilícito de López, derivaron el contenido del teléfono para aquellas investigaciones que podían ser de interés.

Estos mensajes se sumaron a la causa que desde el 2016 busca analizar la existencia de irregularidades en el proceso licitatorio por el que se otorgó la obra del soterramiento del corredor ferroviario de la línea Sarmiento a la UTE conformada por las firmas IECSA S.A. – Constructora Norberto Odebrecht S.A. – Ghella S.p.A.- Comsa S.A., y determinar los integrantes del consorcio de empresas que resultara ganador denominado “Consorcio Nuevo Sarmiento” efectuaron pagos de sobornos a los funcionarios encargados de llevar adelante la licitación, para lograr su adjudicación y continuidad. Es que, precisamente, las revelaciones sobre el pago de coimas de la firma brasileña Odebrecht en distintos puntos de América Latina generaron la apertura de investigaciones penales en el país.

Hace tres años, el fiscal Franco Picardi incluyó los mensajes de López sobre el soterramiento como una prueba de cómo se frenó ese certificado hasta que no se cobrara la presunta coima. Aunque la vicepresidenta incluyó en esa lectura a Nicolás Caputo, el “amigo de la vida” del ex presidente Mauricio Macri, fuentes judiciales indicaron a Infobae que no hay sospechas sobre Caputo en esta investigación.

En abril de 2019, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó el procesamiento por los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionarios de Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y su testaferro Manuel Vázquez, Juan Pablo Schiavi y José López. El magistrado firmó la falta de mérito de los principales empresarios involucrados en el proyecto, entre ellos Calcaterra, Santiago Ramón Altieri, Eduardo Fernández, Diego Alonso Hernández, Alejandra María Kademian y Jorge Rodríguez. Incluso, los sobreseimientos de la familia de Manuel Vázquez, el asesor de Ricardo Jaime que buscó arrepentirse cuando pensó que se estaba muriendo y que no fue aceptado como imputado-colaborador. Y que se arrepintió de haberse arrepentido.

En ese momento, Martínez De Giorgi aseguró que no había pruebas para corroborar que los sobornos existieron. Pero en agosto de 2019, la Cámara Federal anuló los procesamientos y las faltas de méritos dictadas en el caso: aseguró que al expediente había que sumar las confesiones en Brasil en el marco de las investigaciones del Lava Jato. Desde entonces, la situación de todos los implicados está a la espera de resolverse.

El peritaje

Para el momento de la lectura pública de los mensajes del teléfono de López, Martínez De Giorgi había ordenado una pericia contable que tenía pensada pero venía demorando. Se lo habían pedido hace más de dos meses la defensa de Calcaterra, primo de Macri e imputado en la investigación, según la documentación a la que accedió Infobae. Allí plantearon que si la hipótesis de la causa es que existieron pagos de sobornos por parte del grupo Odebrechet y sus socias locales a funcionarios públicos para obtener la licitación, había que corroborarlo.

“La postulada hipótesis de soborno viene siendo desacreditada por numerosas constancias que se fueron colectando merced a las cuantiosas diligencias ordenadas por V.S., tanto antes como después del pronunciamiento de la Alzada. Así las cosas, y con relación al supuesto fraude contra la administración pública, venimos a solicitar la producción de un peritaje contable a fin de que también quede descartada definitivamente dicha hipótesis”, sostuvieron.

Sobre esa base, Martínez De Giorgi ordenó el peritaje que planteó la defensa. Fue solo sobre algunos de los puntos porque otros los consideró “sobreabundantes”. A la espera de esos resultados, por el momento no habrá definiciones procesales sobre los involucrados.

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