Política

Juezas de todo el país destacaron logros y desafíos pendientes del Poder Judicial en materia de género

“No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”, dice Virginia Woolf en su icónico libro “Un cuarto propio”. Y vaya que esa minúscula oración le cambió la cabeza a toda una generación de mujeres.

Ni feministas fanáticas, ni feminazis, ni histéricas. Las mujeres hemos conseguido nuestra independencia a puro esfuerzo. Hoy ocupamos posiciones de poder impensadas, somos mamás, profesionales, amigas, jefas, empleadas, votamos, vetamos. Decimos lo que pensamos. Somos libres. Pero todavía luchamos. Porque nos siguen matando, nos siguen violando, nos siguen golpeando. Seguimos postergadas en numerosos espacios y enfrentamos no solo violencia intrafamiliar sino también laboral. Seguimos retrasadas salarialmente y nos sigue costando traspasar el “techo de cristal” que aún nos condiciona.

Desde el Poder Judicial tenemos muchas cosas para decir y hacer. Por eso, y porque para nosotros la política de género es una Política de Estado, decidimos convocar a tres destacadas magistradas de diferentes puntos del país y con diferente mirada para que nos ayuden a pensar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. No necesito presentarlas. Sé de las luchas reales de cada una de ellas por ocupar los espacios que hoy tienen. Sé de sus compromisos auténticos porque quieren que más mujeres ocupen más espacios. Por eso Claudia Caputi, Mariana Catalano y Claudia Sbdar representan hoy las voces modernas, valientes y generosas de las mujeres que tienen la posibilidad de hablar en nombre de otras tantas mujeres que no tienen voz.

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Claudia Caputi, Mariana Catalano y Claudia Sbdar junto al Ricardo Lorenzetti

¿Qué significa pensar los desafíos de un sistema judicial con enfoque de género?

Para Claudia Caputi, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, tenemos que atender a situaciones donde “no solamente hay un cambio legal”, sino también simbólico y cultural. “Los cambios de nombres se están ahora repasando y recapitulando en la Federación Argentina de la Magistratura, donde muchas provincias en el Colegio de Magistrados – que esa era su denominación histórica – están visibilizando la presencia de las mujeres y cambiando la denominación para que sea ‘Colegio de la Magistratura’ o ‘Colegio de Magistrados y Magistradas’, revelan un replanteo de quién y cómo somos y nos vemos. Asimismo, en las personas que han sido víctimas de violencia de género: hay una enorme cantidad de solicitudes de cambio de los apellidos, para reacomodar su identidad. Estamos presenciando un verdadero fenómeno de recambio y resignificación de las identidades, a título individual y colectivo, en un desplazamiento claro hacia una mirada más equitativa”, explicó la magistrada.

El plano de la capacitación, asimismo, debe continuar sus esfuerzos en pos de acompañar esta evolución, y actuar dinámicamente para seguir las sentencias analizando dónde o en qué contenidos puede haber falencias que se necesiten superar con formaciones y talleres específicos, como sé que lo está haciendo la Escuela Judicial nacional.

Caputi también expresó su preocupación porque el Mapa de Género de la Justicia ha mostrado un congelamiento, revelando fenómenos (de exclusión, donde es decisivo el factor del género) que son, justamente, contrarios al marco constitucional de la Argentina. Técnicamente, se llama la segmentación horizontal: “Las mujeres quedamos en los lugares jerárquicos inferiores, y nunca (o no en suficiente medida) llegamos a las Cámaras o a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Esta situación debe ser atendida con determinación, y superada, señaló.

La jueza de Cámara agregó que “en una Justicia en la que se hacen muchos fallos que promueven la igualdad, en donde ser mujer, disidencia o – como ahora se permite en los DNI – ‘una identidad o género no binario’ no sea un factor de discriminación, eso se tiene que plasmar sí o sí institucionalmente”.

Por otra parte, también nos recordó que en el ámbito laboral “hay una gran cantidad de casos en donde hay una relación desigual de poder y la mujer está sufriendo violencia o acoso u hostigamiento laboral. Y eso – yo recibo llamadas todas las semanas – sucede al interior de los Poderes Judiciales. Esta es una paradoja insalvable, y que hay que solucionar, porque el sistema no puede asumir ni convivir con la contradicción de que la jueza o secretaria que sufre violencia, supongamos, brinde garantías a la población” que acude pidiendo medidas de protección ante violencias similares. A lo que agregó: “… no es creíble, sencillamente. De hecho, tengo muchas amigas que lo hacen y les rindo un homenaje en este momento, las admiro por la formidable tarea y entereza que hacen y tienen”.

Y agregó: “La Red Mujeres para la Justicia ha elaborado un Decálogo para mejorar esta situación; ayudaría mucho para tener una justicia con perspectiva de género”, donde impere el Convenio 190 de la OIT, aprobado por la ley 27.580 del Congreso, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y agregó: “quiero destacar que la visionaria de esto fue la propia Corte Suprema de Justicia de Argentina cuando, en el punto F de la acordada 13 del 2009, al crear la Oficina de la Mujer, que es un motor de gestión formidable y un modelo a seguir, dispuso que hay que incorporar la mirada de género tanto en la impartición de justicia -en los fallos-,como en el ámbito de las relaciones laborales internas del servicio de justicia”.

Por su parte Mariana Catalano, jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, señaló que la perspectiva de género debe atravesar también las sentencias dictadas en materia penal en el ámbito federal, en donde nos podemos encontrar con “mujeres en conflictos con la ley penal, delincuentes, o mujeres víctimas”. En el narcotráfico, por ejemplo, las mujeres “normalmente son micro-traficantes, o son portadoras de drogas en sus propios cuerpos”, y esto generalmente “ocurre en aprovechamiento o en explotación de una situación de vulnerabilidad, ya sea por pobreza, ya sea por poca educación, ya sea por integrar un hogar monoparental en el que normalmente son jefas de hogar”. Como magistrada, Catalano se vió enfrentada innumerables veces con este tipo de casos: “Las mujeres en el narcotráfico no ocupan las escalas superiores, distan de ser macro-traficantes, distan de organizar o financiar; están normalmente en las escalas más bajas”.

Como bien señaló la jueza, reconocer e identificar esta realidad no implica justificarla: “Esta perspectiva no necesariamente desresponsabiliza a las mujeres cuando las tiene que hacer cargo, pero las acompaña y las protege cuando lo tiene que hacer. Es menester que esto se consolide. Aquí, como en todo ámbito de derecho humano y de derecho ambiental, hay un principio de no regresión: el camino es solo de ida”, enfatizó.

Las mujeres, subrayó la magistrada, suelen estar en los eslabones más bajos de la cadena de crímenes y “debemos tenerlo en cuenta a la hora de dictar sentencia”.

Entonces se trata también de que la pena “no impacte en personas que tienen a su cuidado, sobre todo menores de edad que tienen a cuidado, porque ahí entran a terciar un montón de consideraciones que derivan de la Convención de los Derechos del Niño, como el Derecho del Niño, que hay que armonizar en los casos concretos”. Un menor de edad, explicó la magistrada, “siempre es una persona en proceso, no está totalmente desarrollada, entonces desde el Estado en la medida de lo posible tenemos que acompañar, que se termine de proyectar bien, lejos de las secuelas negativas del encarcelamiento intramuros”.

Se trata así de “defender el proyecto de vida, las Reglas de Beijing que son las reglas de los menores en conflicto con la ley penal”, y “tratar de aplicar esta perspectiva de género también con un principio consagrado en materia penal que es la trascendencia mínima de la pena”.

Por su lado, Claudia Sbdar, Jueza de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y pionera en la instalación de la primera Oficina de Violencia Doméstica en el interior del país, señaló que “el derecho tan mencionado de acceso a la Justicia reclama permanentemente mecanismos que aseguren su ejercicio pleno. Entonces pone en cabeza del Estado el deber de crear las condiciones jurídicas y materiales en términos de igualdad”.

El ejemplo que puso la jueza de la Corte Suprema de Tucumán fue la violencia doméstica: “Ya en el año 2006 Naciones Unidas la enunciaba como la causa más frecuente de lesiones y muertes de mujeres. Y en un informe mucho más reciente del año 2020, la Oficina contra la Droga y el Delito también de las Naciones Unidas nos cuenta que, a nivel global, de las 81 mil mujeres y niñas que fueron asesinadas en ese año, unas 47 mil – es decir un 48% – lo fue a mano de sus parejas o familiares. Esto equivale a una mujer o niña asesinada cada 11 minutos por personas que conocen. Con estos números estas oficinas resultan muy valiosas. La labor de la OVD logra una mayor visibilización de la inequidad de género”.

La magistrada mencionó que Tucumán fue la primera provincia en instalar una Oficina de Violencia Doméstica “como otra vía más de acceso a la justicia de las personas que padecen esta problemática. Es otra alternativa de atención de los conflictos que pretende facilitar el trámite”.

También destacó la importancia que adquiere su accionar en materia de violencia de género en 3 sentidos: “Hacia las víctimas, porque abre una nueva puerta de acceso a la justicia; hacia el interior del Poder Judicial, porque proporciona información precisa sobre la situación que la persona relata; y hacia los otros poderes del Estado, porque materializa el compromiso institucional asumido por la Corte provincial al suscribir, en el año 2009, un convenio con la Corte Nacional, por un lado, y con los tres poderes del Estado de todas las provincias del NOA y por el otro, en el que se reconoció precisamente que la violencia doméstica es un problema social grave que requiere de respuestas urgentes por parte del Estado”.

La jueza se refirió también a la transversalización de la perspectiva de género y recordó la definición que ya en el año 1997 dio el Consejo Económico Social de Naciones Unidas, señalando que “es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para hombres y para mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles”.

En ese marco, remarcó Sbdar, la Corte provincial ha creado también la Oficina de la Mujer, “oficina que apunta centralmente a integrar las cuestiones de género de manera transversal en la totalidad de los programas”.

Para Sbdar la gestión judicial en clave de género y diversidad implica “seguir acercando a la justicia a sectores vulnerables, eliminando los obstáculos de distancia, infraestructura, que impiden muchas veces asegurar a las personas el acceso en términos equitativos”.

De allí también la importancia en “profundizar la capacitación para que jueces y juezas podamos sumar herramientas que impacten en la construcción de una mirada singular y comprometida sobre el caso concreto que tenemos que resolver. Lo importante es que no sea solamente al momento del dictado de la sentencia, sino al transitar todo el proceso judicial. Como administradores y administradoras de justicia debemos seguir trabajando incansablemente por un mundo que tienda a que seamos socialmente más iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”, como postulaba la teórica, pensadora y pacifista polaca del silo XX, Rosa Luxemburgo, explicó la magistrada.

Finalmente, Ricardo Lorenzetti destacó que la política de género es prioritaria para el Poder Judicial y que más allá de que hace ya muchos años que se ha institucionalizado la misma, en la Corte y en casi todas las jurisdicciones del pais, es innegable que sigue existiendo desigualdad, vulnerabilidad y discriminación por género, de manera que los esfuerzos deben seguir siendo sostenidos en el tiempo y apoyados desde todos los poderes del Estado.

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