Política

Cómo es el proyecto para utilizar con fines sociales los bienes decomisados al crimen organizado

Juez federal Sebastián Casanello, uno de los impulsores del proyecto "Bien Restituido"
Juez federal Sebastián Casanello, uno de los impulsores del proyecto "Bien Restituido"

El juez federal Sebastián Casanello, junto a diversas organizaciones sociales, religiosas, sindicales y miembros del Poder Judicial, impulsa un proyecto de ley llamado “Bien Restituido” destinado a darle un uso social a los bienes recuperados al crimen organizado.

En diálogo con Infobae, Lucas Manjon, representante en Argentina de la organización italiana Libera, contó detalles de la iniciativa.

– ¿Cómo nace este proyecto?

– Libera es una organización que surge en el año 95, poquito tiempo después de los asesinatos de Falcone y de Borsellino. Libera lo que promovió en su momento fue la reutilización social de los bienes que digamos la Justicia le sacaba la mafia italiana. Libera hoy ya lo integran unas 1800 asociaciones en Italia. Siguió pasando el tiempo y Libera logró conformar distintas redes. Tiene una red europea, donde están más o menos están unos 10 países; una red africana que se lanzó este año y tiene una red latinoamericana que se lanzó en el año 2015 y que en todos esos casos busca promover políticas de lucha contra el crimen organizado.

– ¿Qué organizaciones la integran en la Argentina?

– En el año 2020, la Unión Europea hizo una convocatoria para financiar y promover proyectos de empoderamiento de la sociedad civil. Libera junto a tres organizaciones más de de Argentina que son la Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia, la Fundación Multipolar y el Circolo Giuridico di Argentina se presentan y ganan en una convocatoria de más o menos unas 300 organizaciones.

El título que le dimos al proyecto es “Bien Restituido”. ¿Qué promovemos nosotros? Generar nuevas políticas de lucha contra la criminalidad organizada en la Argentina donde el elemento central es la reutilización social de los bienes en base a la distinta información que estas cuatro organizaciones teníamos. También ya teníamos vínculos con la Asociación de Jueces Federales, la Asociación de Mujeres Juezas, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.), la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público y en marzo del 2021 el proyecto comenzó.

Comenzó con distintas etapas. En la primera etapa lo que hicimos fue un curso que brindaron jueces y fiscales anti mafias italianos -en medio la pandemia- por zoom a operadores judiciales, fundamentalmente a jueces y fiscales federales. Tuvo una participación muy alta, fueron más o menos unos 150 jueces y fiscales. Después de eso también empezamos a dar a una serie de charlas tratando de replicar o de contar la experiencia de lo que es el modelo italiano y algunas experiencias europeas y también empezando un proceso de análisis sobre la situación actual de Argentina.

En abril de este año vino una delegación de jueces y fiscales anti mafia y el presidente de Libera y se hizo un evento muy muy grande en la Facultad de Derecho.

Lucas Manjon, coordinador del proyecto "Bien Restituido"
Lucas Manjon, coordinador del proyecto "Bien Restituido"

– ¿Bienes provenientes de qué delitos?

– Los bienes de delitos federales que son los bienes más importantes, los que tienen víctimas identificables. Tanto narcotráfico, lavado de dinero, contrabando…los delitos que generan mayor daño. La idea es modificar una vieja ley que es del 74 donde la política criminal en esa época era totalmente distinta. Esa ley lo que preveía y lo que todavía prevé, aunque no se aplica, es que esos bienes se tienen que vender, pero claro, acá estás hablando de millones y millones de pesos en bienes muebles e inmuebles que se vuelve muy difícil administrarlos.

Por eso organismos internacionales como ONUDC y la Unión Europea fundamentalmente plantean que los Estados tienen que generar agencias para poder administrar los bienes por dos motivos, uno porque esos bienes en el momento en el que se llega una sentencia condenatoria, si es que la hay, tienen que estar conservados porque van a pasar a formar parte del patrimonio del Estado y si en el proceso no los administraste de una manera eficiente la reparación que tiene el Estado es mucho menor y por el otro lado también lo que vos tenés es que cuando una persona es sometido un proceso por este tipo de delitos, los procesos duran muchos años. Si la persona no tiene una sentencia condenatoria y se le tiene que devolver el bien generalmente perdió muchísimo valor y por lo tanto además de haber estado sometido a un proceso donde no tiene sentencia condenatoria cuando se le devuelve el bien se le devuelve un problema.

– Esos bienes, ¿a quiénes se destinan? ¿Cómo se determina a dónde van?

– Esos bienes siempre serían administrados por el Estado y las organizaciones de la sociedad civil -por ejemplo- en esos casos serían depositarios judiciales. Nosotros establecemos un orden de cómo se deben reutilizar esos bienes que, obviamente, en primer lugar es en beneficio de las víctimas porque en muchos casos de delitos de criminalidad organizada vos tenés a las víctimas identificadas; en segundo lugar el Estado, como ocurre en muchos países, generalmente los vehículos se entregan a las fuerzas de seguridad. Lo mismo ocurre con las viviendas para que sean utilizadas como destacamentos o como oficinas. En Francia hay algunos ejemplos recientes donde los departamentos se transforman en refugios para víctimas de violencia de género, entonces el Estado reutiliza todos esos bienes en políticas propias del Estado o en políticas que hace junto con la sociedad civil para que ésta participe de todo lo que es el proceso de reutilización.

El juez federal Sebastián Casanello, en su calidad de asesor técnico-legal, explicó que “este proyecto de administración de bienes, nacido de la sociedad civil, está pensando en la gente. Es una manera de hacer participar a la sociedad civil de la solución del conflicto penal. Es una manera de empoderar a la ciudadanía”. Y agregó “En cada caso, habrá un fiscal que investigue, un juez que dicte sentencia, pero con este proyecto se busca también que haya una reparación, pensando en que los bienes recuperados deben volver a la ciudadanía”.

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