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Caso Skanska: procesaron a Daniel Cameron, ex secretario de Energía del kirchnerismo

Daniel Camero junto a Julio De Vido (NA)
Daniel Camero junto a Julio De Vido (NA)

El juez federal Sebastián Casanello dictó varios procesamientos y sobreseimientos en el expediente judicial del caso Skanska. Fueron procesados sin prisión preventiva Daniel Cameron, ex secretario de Energía durante el kirchnerismo y Fulvio Madaro, quien presidió el Enargas cuando se pagaron (y cobraron) sobornos por la obtención de contratos de construcción de gasoductos.

Los pagos de sobornos se enmascararon con facturación apócrifa que emitieron “usinas” de facturas truchas que servían para justificar gastos aplicados a las obras de varios gasoductos a construirse en 2005. Una grabación entre dos funcionarios de Skanska dio cuenta del esquema de pago de sobornos. Primero fue anulada como prueba y luego se admitió en el expediente.

En 2017 Casanello había dictado otros procesamientos del Caso Skanska. Entre las 31 personas procesadas se encuentran el ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López , los directivos principales de Skanska, la empresa de origen sueco que hizo obras en la Argentina. Y también los que encabezaron las firmas que se utilizaron para emitir las facturas falsas. Esa parte del expediente está a la espera del inicio del juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal 4.

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Como la secretaría de Energía y el Enargas, tuvieron participación en el control de los contratos, Cameron y Madaro fueron procesados como coautores de los delitos de de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo. Casanello les fijó un embargo de $401.426.783 a cada uno. También fue procesado Hugo Daniel Muñoz quien se desempeñó como vice del Enargas, el embargo en su caso fue de $286.733.416.

El juez Sebastián Casanello
El juez Sebastián Casanello

El juez procesó a ex funcionarios e integrantes de las empresas que participaron de la maniobra. Los procesados fueron Alicia Isabel Federico, Osvaldo Pitrau, Pablo Ferrero, Jorge García, Oscar Horacio Héctor Tosi, Néstor Osvaldo Díaz y Daniel Zinna.

Una de la claves del negociado fue que se pasó de licitación pública a concurso privados de precios. Esa situación implicó acuerdos entre las empresas que terminaron en sobreprecios –consentidos por los funcionarios-por unos 185 millones de pesos de entonces. Además las coimas a los funcionarios se calcularon en 14 millones de pesos.

En la resolución a la que accedió Infobae Casanello aseguró que: " Podemos afirmar que la decisión de modificar los procedimientos de contratación, generó -desde el propio Estado- el ámbito en el cual se desarrollaría la cartelización de las empresas convocadas, según el cual las oferentes conocían las acciones de sus competidores y podrían maximizar sus beneficios, cuanto menos, acordando los precios por los que se realizarían las obras, lo que convertiría al procedimiento en un juego de información perfecta. Con el sorteo de la licitación pública, el nuevo procedimiento de concurso privado entre pocas empresas fue el espacio propicio para esos comportamientos de política empresaria en perjuicio del equilibrio económico y de la transparencia de las contrataciones públicas. Las oferentes se encontraban en una situación de privilegio, la referencia de los costos ya estaba condicionada en función de un pacto entre empresarios auspiciado por alcanzar las mayores ganancias y el Estado debía presentar las obras con urgencia. En esas condiciones, se colocó a la Administración en una posición desventajosa que se evidenció en la incapacidad para exigir mejores ofertas a las empresas invitadas al concurso privado. Así, puede concluirse que el éxito de las empresas en obtener mayores valores que los presupuestados originalmente devino de la decisión irregular de la Administración por modificar los procedimientos de contrataciones, que encuentra justificación en un acuerdo entre funcionarios públicos y privados para direccionar la contratación de Skanska en las obras del Proyecto de Ampliación de Gas 2005″.

El edificio donde funcionaba la empresa Skanska en la Ciudad de Buenos Aires
El edificio donde funcionaba la empresa Skanska en la Ciudad de Buenos Aires

El juez dio más detalles de la maniobra: “La contratación de Skanska, producto de la injerencia de las más altas autoridades de los organismos encargados y su ilegítima actuación en las contrataciones, se revela superpuesta con el pago de sobornos a los funcionarios que intervinieron. La representación es clara, la adjudicación de las obras ya se había negociado espuriamente desde el origen del Proyecto, se habían calculado desde entonces los sobornos que debían dirigirse a Enargas y a Nación Fideicomisos. En ese contexto, la intervención en el proceso de contratación de otros funcionarios públicos ajenos a esos organismos no sirvió más que para determinar, en función del esquema de facultades diseñado por Julio De Vido, las irregulares adjudicaciones de las obras a las empresas beneficiadas. En estas condiciones, se tiene por acreditado que en el marco del Proyecto de Ampliación de Gas 2005 la empresa Skanska, a través de sus directores y gerentes, había entregado dinero a funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, en concepto de retribución en el marco de un acuerdo espurio para direccionar la contratación irregular de Skanska S.A”.

El juez explicó que Cameron y Madaro: “Actuaron, a instancias del ex ministro Julio De Vido, articulando con las licenciatarias y las empresas contratista para hacer efectivas las condiciones del acuerdo. Mientras que la recepción de los sobornos quedó evidenciada en el circuito de los cheques librados desde Skanska y en las relaciones entre los “operadores” de los funcionarios públicos y de la mencionada empresa para asegurar el destino de los pagos”.

El juez concluyó que: “Se verificó que los funcionarios públicos aceptaron un pacto con Skanska, en función del cual la empresa se comprometía a pagar sumas de dinero a los funcionarios públicos que favoreciesen y diesen a la empresa un trato privilegiado, no sólo eligiéndola tras un proceso de selección fraguado sino además mejorando las condiciones de contratación en el marco del Proyecto de Ampliación de Gas 2005 en perjuicio de los intereses estatales”. Casanello había delegado la investigación en la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli quien había solicitado procesamientos y sobreseimientos de los imputados luego de que fueran indagados durante 2021.

Casanello además dictó el sobreseimiento de Claudio Cayetano Corizzo, Sebastián Hugo Rojas, Luis Alberto Coronel, Domingo Basilio Mario Tripodi, María Luisa Larsen, Celestino Hilario Roche, Graciela Mónica Niletti, Gisele Soledad Galia, Sergio Gustavo Vicente, Kristina Protsenko, Fabian Guillermo Astrada, Benito Roberto Romero, Adriana Giménez, Nadia Carolina Valle, Sergio Rubén Zerega, Atilio César Fuentes. Y también de Adriana Gimenez, Stepan Van Cerniskov, Benito Romero, Pedro Alberto Bercolano, Alejandro Samuel Bajar, Nadia Carolina Valle, Fabián Guillermo Astrada, Sergio Rubén Zerega, Celestino Hilario Roche, María Luisa Larsen, Héctor José Simonetti, Víctor Valentín Caliva, Danilo Cecchi, Carlos Alberto Romero, Gastón Aníbal Fernández, Diego Damián Bravo, Osvaldo Oscar Bure, Osvaldo Rosario Ciarrocchi, Dario Omar Jaida y Ezequiel Faskowicz.

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