Apoyado por Biden, el gobierno negocia reformular todo el programa con el FMI y solicitar un desembolso de 10.000 millones de dólares en junio
Bajo el paraguas político de la administración de Joseph Biden, el Gobierno negocia con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) una reformulación del acuerdo de Facilidades Extendidas, ante el impacto económico causado por la grave sequía que azotó a la Argentina en los últimos meses. Esa negociación apunta a lograr que el FMI desembolse 10.000 millones de dólares en junio y que acepte cambiar las metas previstas para las reservas del Banco Central, el déficit fiscal y la emisión monetaria.
“Estados Unidos siempre desempeñará un papel constructivo en esa conversación, incluida la Casa Blanca”, señaló Juan González, consejero de Seguridad Nacional cuando se le consultó acerca del apoyo de Biden a las negociaciones que emprende Sergio Massa con el staff del FMI.
Alberto Fernández y Biden se encontraron a fines de marzo en el Salón Oval, y a partir de allí se inició una hoja de ruta compartida por la Argentina y Estados Unidos que tiene como finalidad apuntalar al plan de estabilidad económica que es atravesado por las graves efectos causados por la sequía.
“Tengo que darle crédito al gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa por navegar por un ambiente muy desafiante, no solo político, sino económico en el año electoral”, señaló el consejero González. Y remató: “Argentina está avanzando con pasos concretos, pero el desafío es enorme”.
Gonzalez asesora al presidente de Estados Unidos en asuntos vinculados a América Latina, tiene excelente relación con Massa y ha visitado a Alberto Fernández en la quinta de Olivos. Este consejero de Seguridad Nacional es clave para que lleguen sin obstáculos las instrucciones de Biden al board del FMI.
El acuerdo de Facilidades Extendidas prevé que en los meses de junio, septiembre y diciembre de 2023, el FMI deberá desembolsar a la Argentina un monto total de 10.793 millones de dólares. Los desembolsos serán aprobados por el board del FMI -cuya mayoría maneja Estados Unidos-, que antes que nada revisará el Staff Level Agreement (SLA) negociado entre la burocracia del Fondo y los técnicos del Palacio de Hacienda.
El Staff Level Agreement se elevará al directorio del FMI cuando los tecnócratas que maneja Kristalina Georgieva comprueben que Argentina haya cumplido con las metas previstas en el acuerdo de Facilidades Extendidas. Esas metas cerradas con el FMI se vinculan a la emisión monetaria, las reservas del Banco Central y al nivel del déficit fiscal, que serán reformuladas durante estas semanas de constantes negociaciones entre Buenos Aires y Washington.
La sequía terminó con la metas vinculadas a la reservas del Banco Central y el déficit fiscal previsto para 2023. Frente al escenario económico que padece la economía nacional, Argentina ya en el primer trimestre tenía dificultades estructurales para cumplir con la meta de reservas -5.500 millones de dólares- y de déficit fiscal previsto en 1.9 por ciento para 2023.
Una cláusula negociada entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva habilita la posibilidad de negociar con el FMI ante la sequía que afectó los ingresos fiscales y recortó el mínimo crecimiento que estaba previsto en 2023. Esa cláusula se había pensado frente a un eventual rebrote del COVID-19, o ante las efectos económicos del guerra en Ucrania, pero finalmente se aprovechó ante una consecuencia inesperada del cambio climático.
“Nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda. (…) Los shocks relacionados con el clima podrían afectar nuestras exportaciones, con repercusiones negativas en la entrada de divisas y los ingresos fiscales”, sostiene el párrafo 11 del Memorando de Políticas Económicas y Financieras del FMI.
La administración Biden ya demostró que respaldará a la Argentina ante su negociación con el FMI. Y esa ventaja permitirá que el país atraviese la discusión con el staff y el board del Fondo cuando se recalibren las metas pactadas. Hasta ahora, el FMI remitía lo acordado tras cada revisión del directorio, pero ahora el gobierno propone otro método técnico -front loaded- para acceder sin demoras a los desembolsos previstos en el acuerdo de Facilidades Extendidas.
La oferta del Palacio de Hacienda es fácil de explicar: Argentina solicita al FMI que desembolse los montos fijados para junio, septiembre y diciembre, aunque no haya cumplido o se desconozca si cumplió con las metas acordadas para los últimos trimestres de 2023.
Se trata de una negociación compleja con final abierto, adonde están en juego 10.000 millones de dólares.
El planteo del Gobierno implica reconocer que será muy complicado sumar reservas por afuera de los desembolsos del FMI al Banco Central, al margen de asumir que cada partida que se gira desde Washington se usa para pagar la deuda contraída por Mauricio Macri cuando ocupaba Balcarce 50.
Desde esta perspectiva, la propuesta del gobierno significa que Argentina pagará el vencimiento del FMI de junio, pero después enfrentaría un peculiar desafío para cumplir con los pagos que caen en septiembre y diciembre. El fondo ya habría ejecutado los respectivos desembolsos, una práctica atípica ante un país con una larga lista de incumplimientos soberanos.
La negociación que emprende Balcarce 50 con el FMI tiene una hoja ruta vinculada a la geopolítica y al cumplimiento de ciertas metas que permitirían acceder a un rescate extraordinario destinado a aplacar las constantes zozobras económicas.
Alberto Fernández y Massa tienen el apoyo explícito de Biden, que habilitó una compleja negociación con el FMI. Esa negociación implica reformar el programa, ajustar sus metas y lograr en dos meses un desembolso extraordinario de 10.000 millones de dólares, que Argentina debería percibir recién entre junio y diciembre de 2023.
“Está todo sobre la mesa”, revelaron a Infobae funcionarios claves que trabajan en la Casa Blanca y el Palacio de Hacienda para repensar el acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI. Se trata de un diálogo contra reloj, inédito por la reformulación que se plantea desde Buenos Aires y clave para evitar una crisis económica que se puede potenciar por la campaña electoral.
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