Villa Mascardi: pese a que crecen las críticas de los vecinos, el Gobierno busca más tierras para ceder a mapuches
En la tercera y última mesa de diálogo que se realizó en Buenos Aires, el gobierno nacional avaló el regreso a Villa Mascardi de la guía espiritual de la violenta agrupación Lafken Winkul Mapu. Allí, el Estado construirá tres edificios para albergar a la “machi” Betiana Colhuan y su familia, a sus allegados y colaboradores. En ese sitio ejercerá sus tareas “espirituales y medicinales”.
El anuncio generó duras críticas al Gobierno. Sin embargo, las concesiones de los funcionarios nacionales, encabezados por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, continúan: ahora buscan más tierras públicas para albergar a los demás integrantes de la misma comunidad, pese a que antes debió excluirlos del plan de regreso a Villa Mascardi por sus actitudes violentas.
“A Villa Mascardi vuelve la machi, su familia y sus colaboradores. El objetivo es encontrar más tierras para albergar al resto de los integrantes de la comunidad”, revelaron fuentes cercanas al grupo.
Te puede interesar: El Gobierno habilitó a una comunidad mapuche de Villa Mascardi a volver al predio del que fue desalojada en 2022
Esa reubicación será el tema central de la próxima mesa de diálogo que fue anunciada para esta semana, aunque aún no existen precisiones sobre día y lugar. “Nos tenemos que volver a reunir en estos días para hablar de otras tierras”, resumieron voces vinculadas a los pueblos locales.
El plan inicial del Gobierno era reubicar a toda la agrupación Lafken Winkul Mapu en la Veranada de Torrontegui, un predio fiscal situado a unos 15 kilómetros de Villa Mascardi, en inmediaciones del lago Guillelmo, aunque la opción no fue aceptada por los beneficiados. “Son apenas 10 hectáreas, no son tierras aptas ni suficientes para realizar las actividades comunitarias”, dijeron.
Desde la primera usurpación, en 2017, la Administración de Parques Nacionales ofreció esas tierras a los mapuches en reiteradas ocasiones, ante el compromiso de que abandonen las 7 hectáreas usurpadas en Villa Mascardi y desalojen las propiedades públicas y privadas que habían tomado. Sin embargo, la propuesta fue rechazada una y otra vez.
Días atrás, la idea de afincarse en el lago Guillelmo entusiasmó a los mapuches, quienes aceptaron esas tierras con el compromiso de sumar más hectáreas en otro lugar. Finalmente, optaron por rechazar la locación y exigen más alternativas para evaluar.
Te puede interesar: Crece la indignación de los vecinos de Villa Mascardi por la cesión de tierras a mapuches que planea el Gobierno
Los mapuches a los que buscan convencer sobre la locación figuran en cientos de folios judiciales que confirman las causas por los hechos delictivos ocurridos en Villa Mascardi. Están prófugos de la Justicia desde octubre del año pasado y su paradero es incierto. “Existen pedidos de captura que están vigentes y fueron emitidos por la Justicia Federal”, dijeron fuentes vinculadas a la causa.
Por su parte, el Tribunal Oral Federal de General Roca dispuso este lunes la libertad de las tres integrantes de la comunidad que estaban detenidas desde octubre de 2022. Se trata de la “machi” Betiana Colhuan, Romina Rosas y Martha Luciana Jaramillo.
Las mujeres estaban aprehendidas bajo el régimen de prisión domiciliaria por ser madres de niños menores de edad. La medida fue adoptada en el marco del acuerdo de conciliación al que arribaron con Parques Nacionales, querellante en la causa por usurpación, en el contexto de las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno.
Duras críticas
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación excluyó al gobierno de Río Negro de las mesas de diálogo y del acuerdo que alcanzó con las comunidades mapuches, lo que generó malestar en la gobernadora provincial Arabela Carreras.
En diálogo con la prensa, la mandataria dijo: “Nos parece interesante que los delitos se resuelvan en el ámbito judicial, nosotros veníamos confiados en un proceso judicial”. Además, anheló la continuidad de esa tramitación para esclarecer los delitos cometidos, por los cuales están imputados los mapuches que el gobierno beneficiará con la cesión de tierras.
“La provincia de Río Negro, escenario en el cual se produce este acuerdo en territorio provincial, no estuvo presente. Entendemos que por lo menos fue un diálogo parcial, con una parte de la problemática que solo contempla una parte de la visión que tenemos allí”, afirmó Carreras.
En octubre de 2020 los integrantes de la Lafken Winkul Mapu identificaron a la mandataria cuando se movilizaba en un vehículo oficial y le arrojaron piedras y otros elementos contundentes, en el marco de uno de los tantos cortes de ruta que realizaron frente a las tierras usurpadas.
“Queremos igualdad de trato ante la ley y queremos que la ley se cumpla, confiamos en la Justicia, aportamos toda la documentación necesaria en la Justicia y estamos expectantes de que la Justicia nos diga qué pasó allí, quiénes son los responsables de los delitos hacia las personas y las propiedades”, enfatizó la gobernadora.
La Junta Vecinal de Villa Mascardi también emitió su rechazo al plan que beneficia a “quienes están sometidos a juicio por más de 200 hechos delictivos, entre incendios, robos y atentados con armas de fuego, entre otros hechos”. Además dijeron que las causas judiciales deben continuar “sin la interferencia del Poder Ejecutivo Nacional”.
Te puede interesar: Los intereses internacionales detrás del reconocimiento de tierras mapuches
El Sindicato de Guardaparques Nacionales también manifestó su rechazo. “El acuerdo no sólo constituye un antecedente deplorable al pactar conciliaciones con quienes desarrollaron actos de terrorismo, atormentando física y moralmente a personas inocentes, incluyendo a funcionarios públicos, apropiándose ilegalmente y por la fuerza de tierras del dominio público, destruyendo el ambiente y la propiedad privada; significa también un destrato hacia los legítimos pobladores y comunidades originarias de las áreas protegidas que siguen los circuitos legales de reconocimiento y autorización de uso y ocupación de la tierra, dejando demostrado que la receta de no cumplir con la ley funciona exitosamente para obtener beneficios ilegítimos, arrogándose derechos de la ley 26.160 de comunidades indígenas, sin acreditar los requisitos que la misma ley exige”.
Demolición
Tres de los edificios que fueron vandalizados por los mapuches fueron demolidos en los últimos días, tal como anticipó Infobae. Los recursos para realizar dicha labor fueron aportados por el gobierno de Río Negro, a pesar de que las estructuras están ubicadas en tierras de Parques Nacionales. “El organismo nacional no asumió la responsabilidad de la destrucción y fue la provincia que debió licitar dicha tarea, aportando fondos propios para tal fin” se quejó la gobernadora.
Dicha tarea fue sugerida por la fiscal subrogante Cándida Etchepare, a partir de distintos estudios que sugerían su demolición por el riesgo de derrumbe que existía, y dispuesta por la ex jueza Silvina Domínguez.
Los edificios que fueron reducidos a escombros son el ex hotel del lugar, y las cabañas pertenecientes a trabajadores de Gas del Estado y al Obispado de San Isidro.
Seguir leyendo:
La Corte Suprema ordenó suspender la entrega de tierras a una comunidad mapuche en Bariloche
Pidieron el procesamiento de funcionarios por la entrega de tierras del Ejército a mapuches
