Aníbal Fernández analiza solicitar a la Justicia que aclare la representación de las minorías en las PASO bonaerense
El equipo del precandidato Daniel Scioli- a través de Aníbal Fernández- prepara un escrito para presentar a la Justicia, si finalmente comprueba que el reglamento presentado por el peronismo bonaerense, que responde a Máximo Kirchner, intenta relegarlo al sexto puesto en la conformación de las listas para diputados, senadores y concejales bonaerenses.
La decisión de concurrir a la Justicia, en caso de que no se cumplan los acuerdos previos, surgió tras un tweet del peronismo bonaerense. En ese tweet se aseguraba: “El reglamento de Unión por la Patria se encuentra publicado en la página web del frente electoral que este partido integra junto a toda la documentación necesaria para la presentación de listas en cada categoría”. Con respecto a las minorías, el PJ bonaerense sostuvo que “la distribución de los cargos nacionales, provinciales y municipales correspondientes a las minorías son informadas y de conocimiento para todos los partidos firmantes del Acta constitutiva del Frente electoral”.
Scioli, Tolosa y Aníbal fueron al link posteado en el tweet del peronismo bonaerense y comprobaron que el acto en el que se justifica la distribución de los cargos correspondientes a la minoría no estaba publicado.
En este contexto, Aníbal Fernández hoy va a exigir una copia del acta donde se establece las distribuciones en la lista por mayoría y minoría, y en caso de no conseguirla o comprobar que en ese documento no se respeta la distribuciones acordadas durante la última semana, el ministro de Seguridad, en nombre de Scioli, concurrirá a la Junta Electoral.
“Es un reglamento proscriptivo”, consideran desde el sciolismo. Según advierten, en una buena elección en la mayoría de los distritos entran, como máximo, entre cuatro y cinco concejales. “No están respetando el espíritu del reglamento acordado”, agregaron sobre el pacto firmado hace casi tres días.
Los representantes del diplomático buscan que se mantenga el convenio al que llegaron los partidos de Unión por la Patria a nivel nacional para la confirmación de la alianza, que prevé un piso para la minoría del 30 por ciento y la integración en las listas encabezadas por precandidatos de distintos espacios que se produzca intercalándose en los lugares titulares 4to, 9no, 12avo, 22avo, 27 avo y 32 avo y suplentes 4to y 9no.
Pese a que desde el kirchnerismo aseguran que todos los miembros, incluidos los representantes de Scioli y su candidata para la Provincia, dieron conformidad, desde el otro lado niegan rotundamente haber acompañado el reglamento.
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Según figura en el acta de conformación del frente, la Junta Electoral está conformada, en su mayoría, por los aliados de Máximo Kirchner: Leonardo Nardini, ex intendente de Malvinas Argentinas y actual titular de Infraestructura del gobierno de Axel Kicillof; Daniela Vilar, que comanda la cartera de Ambiente; Margarita Recalde, directora territorial de Anses bajo el liderazgo de la camporista Fernanda Raverta; Marina Moretti, concejal k; Mariano Cascallares, el ex jefe comunal de Almirante Brown y actual diputado bonaerense; Juan Pablo de Jesús, diputado provincial por la Quinta Sección; y María Teresa García, la senadora provincial afín a Cristina Kirchner. El massismo está representado por el diputado nacional Ramiro Gutiérrez y el legislador provincial Rubén Eslaiman.
“No tienen manera de quejarse. Ya firmaron, legalmente, y aunque digan que se arrepientan, eso no tiene vuelta atrás”, sostienen desde el partido de Máximo Kirchner. Por otro lado, el equipo del ex motonauta asegura: “Es falso. No firmamos nada. Nos están escondiendo el texto y de esa forma nos demuestran que quieren encubrir el bloqueo a la participación de la minoría”.
El grupo de técnicos de PARTE, el sello con el que competirá Scioli, y de Camino para la Victoria, agrupación de Tolosa Paz, sostienen que hay tiempo hasta el próximo lunes para “corregir” los puntos del acuerdo. Sin embargo, el PJ bonaerense insiste en que no hay forma de revertir la formalidad jurídica presentada ante la Justicia Electoral.
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