Morales impuso sanciones de hasta $2 millones y pidió condenas de 25 años para los violentos que atacaron la Legislatura
El gobierno de la provincia de Jujuy resolvió constituirse como querellante en múltiples causas que investigan todos los episodios de violencia registrados el pasado 20 de junio y pedir a la Justicia condenas de hasta 25 años para casi 100 imputados. “En el ataque a la legislatura hubo delitos muy graves”, aseguró el mandatario provincial y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales.
Durante aquella jornada, se cometieron los delitos de estrago doloso agravado, sedición, tentativa de homicidio, y atentado y resistencia a la autoridad, entre otros. Y los daños contra los bienes de uso público están calculados en 1.000.000.000 de pesos. Las penas en estos casos van de 5 a 25 años de cárcel o reclusión. Así lo hicieron saber el fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas, el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, y el procurador general, Sebastián Albesa.
En tal sentido, Morales denunció una fuerte intervención y participación en los desmanes del gobierno nacional, generando un clima de mayor violencia. Contó que las autoridades locales lograron recomponer el orden en casi todo el territorio, aunque queda activa una protesta la Quiaca, donde en las últimas horas un grupo de encapuchados quiso incendiar el edificio municipal.
“La gente se va alejando, quiere trabajar. Los que quedan son la militancia bancada por el Gobierno. El corte está promovido por el intendente del Frente de Todos”, denunció Morales.
El compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta denunció que detrás de la violencia se encuentran el presidente de la Nación, quien busca a toda costa la impunidad para la militante Milagro Sala.
“Alberto (Fernández) ha impugnado la reforma de la Constitución porque prohíbe el indulto para casos de corrupción. Cada vez que me senté con él me ha pedido su indulto. Además, busca la intervención de la provincia para que un interventor, con la reforma caída, indulte a Milagro Sala”, concluyó.
Hay más de 100 personas imputadas y se han sentenciado a cinco de ellas, cuyas multas van de los 500 mil a los 2 millones de pesos. “Se van a tener que hacer carago”, añadió el gobernador.
En las últimas horas, Rivas repudió enérgicamente los hechos de violencia “orquestados, planificados y ejecutados por personas y organizaciones sociales y políticas que solo buscaban perjudicar el orden social”.
“Con métodos extorsivos y sediciosos atropellaron instituciones y autoridades públicas”, explicó, sosteniendo que “estamos solicitando la detención inmediata de los violentos, extorsionadores y delincuentes”, sobre los cuales “caerá todo el peso de la Ley”.
Ayer, el ministro de Seguridad de Jujuy, informó que desde su cartera junto a la Policía de la Provincia, “se están aportando todas las pruebas necesarias para la investigación de las causas que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación”.
Finalmente, el procurador Albesa recordó que “es nuestro deber constitucional requerir la protección de los intereses de la provincia, y sobre todo el orden constitucional y democrático”, sosteniendo que “todos estos hechos que pasaron no se corresponden con una protesta pacífica, la cual el Estado garantiza”, enfatizó.
“Cortar rutas no es una modalidad de protesta, es un delito que se encuentra penado por el Código Penal, y pone en riesgo, no solo la salud de las personas, sino que perjudica el trabajo de la gente”, concluyó.
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