Larreta y Bullrich avanzan en una idea que resistirá el sindicalismo: la reglamentación del derecho de huelga
El derecho de huelga, aunque está consagrado en la Constitución Nacional, ¿es un derecho a revisar? El debate está abierto: la imagen de estas últimas horas de los frustrados pasajeros de colectivos desamparados en la calle por una protesta sindical, que se suma a la repetida postal de los usuarios del subte afectados por las huelgas o a la de los alumnos sin clases por los paros docentes, puso nuevamente en la mira las medidas de fuerza que paralizan a sectores clave de la Argentina y se encarnizan especialmente contra aquellos que no tienen nada que ver con el origen del conflicto.
Para algunos sindicatos, el paro es el primer recurso y no el último para exteriorizar un reclamo, y los ciudadanos terminan siendo los que sufren, sobre todo los que menos recursos tienen. “No podemos permitir que tomen de rehenes a los pasajeros y a los trabajadores”, dijo Sergio Massa este viernes en su reunión televisada con empresarios y sindicalistas del transporte automotor. “Las discusiones se tienen que dar en un marco de diálogo, no de extorsión”, agregó con la mirada puesta en el sector patronal, aunque las frases le caben perfectamente a cierto sindicalismo adicto a la huelga.
El mejor símbolo del hartazgo de la gente común ante los “daños colaterales” de los paros a granel fueron las palabras de un padre en una reunión del Consejo Escolar en Bahía Blanca, una de las ciudades más afectadas por las huelgas docentes, que dijo con indignación: “Igualdad no es hablar con la x sino que mi hijo tenga clases todo el año”. El video de ese hombre desesperado por la falta de educación para su hijo circuló de manera explosiva en las redes, así como las de enojados pasajeros de colectivos o de subtes que no podían llegar al trabajo por los paros. Para muchos, no se trata de atacar el derecho de huelga sino de exponer qué pasa cuando se ejerce irresponsablemente.
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¿No se puede expresar un reclamo laboral o salarial sin afectar a otros? El clásico interrogante, que ya dejó de ser privativo de “la derecha” para transformarse en el eje del fastidio de sectores más amplios de la sociedad, que visualizan una suerte de guerra de “pobres contra pobres”, probablemente se convertirá en un tema de campaña, pero lo que es cierto es que estará en la agenda del próximo gobierno si Juntos por el Cambio gana las elecciones: tanto en el equipo de Horacio Rodríguez Larreta como en el de Patricia Bullrich ratificaron que prevén reglamentar el derecho de huelga en los servicios esenciales para evitar la paralización total y exigir que se cumplan servicios mínimos.
“Estamos trabajando en muchos que hacen a todo el marco regulatorio del mundo laboral y hay una preocupación fuerte por este tema que estamos viendo de los paros en los servicios públicos. Nuestra idea es, seguramente mediante la vía de un decreto, extender la cobertura de los servicios esenciales al tema de transporte en toda su dimensión y a la escolaridad en los distintos niveles, con el objetivo de que haya por lo menos una cobertura garantizada del 50% de los servicios”, afirmó a Infobae Dante Sica, el ex ministro de Cambiemos y referente laboral del bullrichismo.
“Todos vemos lo que es el caos que se producen por algunos paros, a veces sin que se justifique, e incluso, en el caso de la educación, por ejemplo, cómo afecta a los más vulnerables porque perjudica no sólo su escolaridad sino también su alimentación”, aseguró este economista.
En la misma sintonía, los expertos laborales del larretismo también trabajan en una iniciativa similar, con la idea de que en cada sector pueda acordarse el porcentaje mínimo de servicios garantizados. Uno de los referentes del área es Ezequiel Jarvis, subsecretario de Trabajo porteño. El propio Rodríguez Larreta confirmó lo que está proyectando al anunciar el jueves pasado en San Luis su propuesta educativa junto a Gerardo Morales, su compañero de fórmula: “La educación va a ser un servicio esencial. Esto significa que las escuelas funcionarán siempre porque una escuela cerrada es una tragedia. Las escuelas van a estar abiertas siempre. Porque la educación es sagrada”.
Hoy, el tema está regulado a través de la Ley 25.877, sancionada en 2004, que derogó la Ley 25.250 que se aprobó durante el gobierno de la Alianza y algunos conocen como “la ley Banelco” porque se trata de la norma laboral votada en medio de las sospechas de sobornos en el Senado. En la norma vigente, su artículo 24 establece: “Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”. Y agrega: “Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”.
Es decir, no figuran el transporte ni la educación, dos de las actividades que se propone incluir Juntos por el Cambio si gana las elecciones. Sica anticipó que “con un decreto alcanza (para sumarlas al listado de servicios esenciales), pero lo estamos viendo con abogados y jueces que nos asesoran y si es necesario hacerlo por ley, lo sacaremos de esa forma”. Para el ex ministro, esa modificación no contradice lo estipulado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la materia. “Mientras se respete en términos generales el derecho de huelga, que es un derecho constitucional, lo que estaríamos haciendo es determinar que hay servicios esenciales en los cuales no se puede afectar el derecho de todos, y en ese sentido no creo que la OIT haga un problema”, sostuvo.
El artículo 24 de la Ley 25.877 contempla la posibilidad de sumar otro rubro al listado de servicios esenciales: “Una actividad no comprendida en el párrafo anterior podrá ser calificada excepcionalmente como servicio esencial por una comisión independiente integrada según establezca la reglamentación, previa apertura del procedimiento de conciliación previsto en la legislación, en los siguientes supuestos: a) Cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. b) Cuando se tratare de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo”.
Horacio Meguira, abogado de la CTA Autónoma, es un crítico de cualquier regulación del derecho de huelga porque “está reglamentado en la Argentina y el único límite que pone son los servicios esenciales”. “Si quieren modificarlo -advirtió-, tienen un problema porque las actividades comprendidas son las taxativamente enumeradas por la ley y en ningún caso comprenden a la educación ni al transporte, actividad que incluso la OIT no considera un servicio esencial a menos que la continuidad de la huelga provoque daños que pongan en peligro la salud o la vida de las personas”.
Desde el sindicalismo del transporte, el líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, enrolado en el moyanismo, sostuvo a Infobae que “el derecho de huelga está y debe seguir estando, pero debe haber responsabilidad por parte de los trabajadores y también por parte de los empresarios, y además la política debe mediar”.
Cuando se lo consultó acerca de si aceptaría debatir este tema con el próximo gobierno, Brey sentenció: “Estoy dispuesto a discutir siempre todo, pero en este caso es cortarle un derecho a los trabajadores y si les cortan este derecho después les van a seguir cortando otros. En nuestro caso, hace muchos años que no llegamos a un paro y hemos negociado, e incluso en este momento estamos en una situación conflictiva con Aerolíneas, pero tengo mil pasos antes de llegar a la huelga”.
Julián de Diego, abogado laboralista que asesora a empresas, es partidario de regular los paros y los piquetes y, en ese sentido, señaló que “la ley que reglamente la huelga debería definir en qué consiste una medida legal, quiénes son los sujetos activos y pasivos y los participantes, cuál es el objeto que configura la causa de los conflictos colectivos y la necesidad de que se apele a los procedimientos reglados de conciliación voluntaria u obligatoria, de mediación, de arbitraje voluntario, tanto establecidos por las leyes de fondo, como por los medios de autocomposición, y a esto le debemos adicionar un régimen especial para los servicios esenciales, y un subsistema para servicios que no son esenciales, pero que merecen un tratamiento especial, como la educación, la justicia y la seguridad”.
“La huelga siempre está en el límite y por eso necesita límites para habilitar en forma legítima un derecho constitucional que todos los días adquiere mayor trascendencia en la lucha por los intereses profesionales de los trabajadores generalmente enfrentados con los intereses económicos de las empresas”, aseguró.
Por su parte, el abogado laboralista Luis Ramírez, que trabaja para diversos sindicatos, puntualizó: “Es simple: el derecho de huelga es una conquista de las luchas obreras de principio del siglo XX. Cuando el poder económico vio en peligro al propio sistema capitalista, ofreció ‘concesiones’, entre ellas la de organizar sindicatos, recurrir a la huelga y negociar colectivamente. Pero la huelga, que significa legalizar la presión, el daño y el incumplimiento de los contratos, contradice todos los principios liberales. Por ello siempre ha buscado la forma de desarticular este derecho, sin decirlo. Y la forma ha sido siempre la de ‘reglamentarlo’. En sentido estricto, no hace falta reglamentar. Sólo tienen que aplicar a rajatabla lo que dice la OIT y la Ley 25.557. Pero lo que van a hacer es ampliar de manera ilegal las actividades que son ‘servicios esenciales’ y poner, por ejemplo, servicios ‘mínimos’ a cumplir que son el 90% de los que se prestan normalmente. Nada nuevo bajo el sol”.
Para el titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, quien también es secretario de Políticas Educativas de la CGT, “el derecho a huelga, aplicado de manera criteriosa, permite al trabajador pelear y discutir por mejores condiciones de trabajo y por salarios dignos que hoy no tiene”, por lo que advirtió que “aquel que tiende a modificar de fondo el derecho a huelga y declarar esencial el servicio educativo también debe sancionar a estos espacios políticos, reformando el Código Penal para que tengan una pena de la pérdida de la libertad efectiva aquellos que proponen salarios de pobreza al colectivo de trabajadores de la educación”.
Algunos memoriosos recuerdan el amparo judicial que frenó los alcances de la resolución 480, de 2002, durante el gobierno de la Alianza, que estableció la calificación como servicio esencial de la educación y determinó los servicios mínimos que garantizarían el funcionamiento del sistema educativo. El amparo fue presentado por UDA y la resolución cuyos alcances se frustraron llevaba la firma de Bullrich, por entonces como ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa.
Una voz distinta es la de Facundo Lancioni Kaprow, líder del Sindicato de Educadores Argentinos (SEDUCA), de 3.500 afiliados, uno de los que se diferenció durante la pandemia de los dirigentes que proponían mantener cerradas las escuelas y que militó por la presencialidad. Cercano a las ideas de Juntos por el Cambio, este sindicalista dijo a Infobae que apoya que se reglamente el derecho de huelga en la educación: “Estamos de acuerdo con Larreta en que no se pueden suspender más las clases y vamos a seguir defendiendo el derecho a la educación y a que los docentes estén en las escuelas porque la medida de fuerza tiene que ser el último recurso. Hoy, los paros docentes en su mayoría son convocados por el kirchnerismo y por la izquierda y destruyen al sistema educativo”.
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