El Gobierno busca retomar el manejo de la agenda política, abre nuevos frentes y expone tensiones propias
El Gobierno se movió rápidamente esta semana con la cabeza puesta en recuperar el manejo de la agenda política y lo hizo con una batería de temas, algunos de impacto social y otros atados al juego de poder. En cualquier caso, como conjunto, pareció parte de la reacción inicial para amortiguar el impacto provocado por el rechazo al mega DNU en el Senado. La propuesta para integrar la Corte Suprema, el anticipo de la iniciativa sobre seguridad interior y el decreto sobre jubilaciones encabezan una lista variada y abren nuevos frentes. El ingrediente original, en competencia por el primer puesto del temario público, lo aportó Victoria Villarruel.
La vicepresidente reforzó su decisión de mantener perfil propio en la primera entrevista desde que ocupa el principal despacho del Senado. Javier Milei y por extensión el Gobierno mostraron como primera reacción voluntad de no escalar. Resultó significativo, todo, después de los gestos que se sucedieron -reuniones y fotos- para distender el clima doméstico generado por el tratamiento del DNU, cuyo segundo capítulo está en suspenso en Diputados.
Esta vez, no hubo artillería contra Villarruel en las redes sociales y los comentarios oficiales estuvieron dirigidos a darle categoría de “opiniones diferentes”, parte de la convivencia interna. No es lo mismo que era difundido en las horas del tratamiento del mega decreto en el Senado. Asoma claro que amplificar el tema resultaría contraproducente.
La entrevista de Villarruel dejó dos líneas claras, más allá del modo de procesarlas dentro del oficialismo. Por un lado, expone cierto cambio en su estrategia personal: perfil acotado para destacar su lugar institucional, sin declaraciones ruidosas, con especial cuidado de la relación con los jefes de bloque, además de contactos con dirigentes de otros espacios y gobernadores. Pero además, sus dichos ampliaron el foco sobre temas que ya proyectan debate, como el papel de las Fuerzas Armadas frente al narcotráfico, y una cuestión que proyecta sombras sobre el juego del Gobierno frente a la Corte.
Milei resolvió impulsar dos designaciones para el máximo escalón de la Justicia. La primera propuesta cronológicamente, es la del juez Ariel Lijo para ocupar el despacho que dejó vacante Elena Highton, hace más de dos años. Y la segunda, anticipa de hecho la movida del Gobierno a la espera del momento en que Juan Carlos Maqueda cumpla la edad para jubilarse, en diciembre.
Villarruel dejó anotada su distancia con la nominación del juez federal. Mencionó incluso que el lugar de Highton debería ser ocupado por una mujer. Ese mismo reclamo viste cuestionamientos más de fondo entre legisladores y también surge en planteos de entidades profesionales.
Más directo fue su rechazo a la ampliación del criterio sobre la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior, motorizada por la grave situación de arrastre en Rosario. La iniciativa, que sería formalizada en los próximos días, anticipa un debate fuerte en el Congreso, mientras se negocia el pacto político. Patricia Bullrich dijo que está dispuesta a la discusión con la vicepresidente, pero no le subió el volumen a la respuesta. Por lo demás, no es una tensión nueva en el interior del oficialismo.
En cambio, el otro punto fuerte sumado al temario por el Gobierno llega con formato de DNU y sin fisuras en el discurso oficial. Finalmente, y luego de varios rodeos con versiones cruzadas, fue confirmado el cambio de la fórmula para actualizar las jubilaciones. El mensaje oficial destaca que Milei decidió avanzar por decreto frente al deterioro de los haberes y como consecuencia de la imposibilidad de cerrar un acuerdo con la oposición.
El oficialismo busca restarle trascendencia a la jugada de los espacios más dispuestos a la negociación política con el Gobierno. De hecho, el Congreso había vuelto a enviar señales. Primero fue la convocatoria a una sesión especial de Diputados para tratar una nueva fórmula previsional, que resultó frustrada por presión de la Casa Rosada e internas en algunos bloques, aunque mostró que ese camino había quedado abierto. Después, quedó claro que seguirían otros intentos y comenzó el trámite en la Comisión de Previsión Social.
El tema se iba imponiendo así como un reclamo opositor, frente a la insistencia oficialista para atarlo a la negociación por la versión reducida de la Ley Bases y el acuerdo fiscal con los gobernadores. El giro del Gobierno, que no sorprendió a nadie y había sido anticipado de manera pública y en reserva, estuvo lejos de provocar reacciones duras: la oposición “dialoguista” reclama por el porcentaje de empalme con el sistema vigente. El peronismo se mantiene en general con bajo perfil: está en posición delicada, frente al deterioro que provocó la ley aprobada en la etapa de Alberto Fernández, con respaldo de CFK.
La cuestión no está saldada del todo. El comunicado para confirmar el camino del DNU anticipó también la intención de discutir una “reforma previsional integral” que combine mecanismos de ahorro y que vaya a la par con el tratamiento de una reforma laboral. Sería un capitulo sustancial para la negociación del pacto político, según la movida del Gobierno.
Precisamente, la reactivación de las tratativas por un acuerdo político y fiscal resultó la primera pieza de la reacción oficialista frente a la votación de rechazo al mega DNU en el Senado. Después llegaron los anuncios referidos. Y los nuevos interrogantes sobre el impacto en el Congreso.
