La Justicia Federal allanó el basural a cielo abierto de Luján en busca de residuos peligrosos y sustancias tóxicas
La Justicia Federal de Mercedes ordenó el viernes a la policía Federal Argentina que realice un allanamiento en el basural a cielo abierto de Luján para tomar muestra de tierra, agua y aire y corroborar si, tal como denuncia la querella a cargo de Viviana Novelle y el abogado Martín Magram, en el mayor vertedero del país se arrojan desde hace décadas residuos peligrosos que contaminaron las napas de la zona. Sería una violación a la Ley 24.051 de Delitos Ambientales. El magistrado Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto había determinado -tal como informó este medio- que “resulta de imperiosa necesidad realizar tomas de muestras dentro del predio” después de leer los análisis químicos aportados en la denuncia y que revelan la existencia de gases tóxicos producto de la quema constante de basura, y de sustancias contaminantes que producen enfermedades como cáncer y saturnismo.
El juez le encargó la medida al Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, que contó con la colaboración de divisiones de la Superintendencia Federal de Bomberos y de drones para llevar a cabo la diligencia. En total se colectaron unas doscientas muestras, unas ochenta solo de agua y pozos.
En un principio, los recicladores que estaban en el lugar, la mayoría familias de la zona y menores que sin la menor protección juntan desechos para reciclar, vender y sobrevivir, actuaron de manera agresiva contra los peritos, agentes y denunciantes, pero el incidente no pasó a mayores. Después de ocho horas de trabajo se terminaron las tareas.
En el expediente ya se han incorporado testimonios de ex funcionarios, análisis químicos que revelan la presencia de sustancias altamente tóxicas como estireno, vinilbenceno y plomo. Además, se ha incorporado a la investigación un informe técnico producido por peritos de la Policía Federal y División Delitos Ambientales, los cuales aseguran al juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto que “es pertinente realizar una toma de muestra de los pozos de agua que poseen los vecinos que se encuentran en las inmediaciones del lugar”. Entre ellos el de la escuela rural de Open Door, ubicada entre el basural, más conocido como “La quema” y la Estación Sucre, el lugar donde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a cargo de Juan Cabandie, construye una planta de reciclado y un relleno sanitario con un crédito del del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que con los intereses llega a unos USD 18 millones.
El mismo magistrado ya paralizó la obra al darle curso a una medida cautelar solicitada en el marco del amparo ambiental interpuesto por vecinos del lugar, quienes se ven perjudicados y ante “la necesidad de prevenir e impedir la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente”.
La medida del juez federal tomó por sorpresa a las autoridades del municipio de Luján que se enteraron de la presencia de los peritos y expertos varias horas después. La resolución del magistrado tiene siete carillas. El punto más saliente es el primero en el que sin dilaciones resuelve: “ORDENAR EL ALLANAMIENTO del predio ubicado en la intersección de las calles 359 y Camino a Sucre de Luján, provincia de Buenos Aires, correspondientes al Basural Municipal a Cielo Abierto de ese medio. Ello, con el objeto de proceder a tomar muestras líquidas, sólidas y de calidad de aire, en función de determinar el grado de contaminación si la hubiere, y el impacto ambiental negativo que pueda producir dicho predio ante la posible existencia de sustancias o residuos peligrosos en infracción a la Ley 24.051. También se procederá a la toma de vistas fotográficas y/o filmaciones del lugar”.
En el escrito el juez ordena que los especialistas de la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina deberán “constatar si el BCA (basural a cielo abierto) cumple con los requisitos mínimos y necesarios establecidos para un relleno sanitario, a fin de prevalecer la sustentabilidad ambiental” y que “podrán participar y colaborar en la producción de las medidas en cuestión, personal y/o funcionarios de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, debiendo la prevención que tiene a su cargo la diligencia, adoptar todas las medidas pertinentes para contar y coordinar la asistencia en cuestión de esos organismos”.
El vertedero de Luján que recibe unas 120 toneladas de residuos urbanos diarios funciona desde hace unos 50 años y, según intenta corroborar el magistrado, hubo funcionarios municipales y quizás también de Nación y Provincia que no controlaron que empresas industriales dispongan allí sus residuos tóxicos. De hecho, a simple vista se ven decenas de tarros de pintura, bolsas rojas de clínicas y hospitales con desechos patológicos. Hasta fetos y el cuerpo de una niña de días de vida, según declaró en la causa Sergio Horacio Fernández, Subsecretario de Servicios Público de la Municipalidad de Luján desde el 2016 al 10 de diciembre de 2019. Su testimonio fue revelador y alarmante.
La contaminación que existe en el lugar y zonas aledañas al vertedero ya había sido reconocida por el ministro Cabandié durante un recorrido que realizó, junto a otros funcionarios, en la Estación Sucre: “En este basural se tiraban los escombros del conurbano, caballos, animales domésticos, residuos peligrosos, químicos”, dijo.
En el procedimiento judicial que se realizó ayer en el basural a cielo abierto el juez dispuso que: “Las muestras y contramuestras extraídas deberán ser debidamente resguardadas y rotuladas bajo cadena de custodia para su posterior análisis, de lo cual previamente a ese examen, se deberá notificar a las autoridades municipales respectivas de la Municipalidad de Luján para que en caso de así considerarlo presenten perito de parte de conformidad a los dispuesto por los arts. 258 y 259 del CPPN”.
Si bien hasta ahora no hay imputados en el expediente, es evidente que la Justicia tiene bajo la lupa a los responsables del vertedero municipal que desde 2019 está a cargo del intendente de La Cámpora Leonardo Boto. Antes de él, Luján estaba bajo la administración del alcalde de Juntos por el Cambio, Oscar Luciani“.
El ex Subsecretario de Servicios Público de la Municipalidad de Luján también le dijo al magistrado que investiga la contaminación en el basural que el proceso para remediar las calamidades que produce el mayor vertedero del país es “el cierre técnico definitivo”. De hecho, explicó: “Existe una ordenanza municipal N° 3651 del año 2016 -tal como informó este medio- que dispone el cierre inmediato del basural a cielo abierto, habiéndose gestionado con la CEAMSE para efectuar la disposición de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Luján”.
Fernández también fue enfático en un punto que se toca con el recurso de amparo interpuesto por un grupo de vecinos de Luján para que se paralicen las obras de relleno sanitario y planta de reciclado en la Estación Sucre. “Los mismos desechos depositados actualmente en el basural a cielo abierto serán remitidos al centro ambiental a construirse en el predio en el predio Sucre”, aseguró. Y fue más allá: “A mi entender es un acto criminal por haber intentado impactar en una zona declarada como patrimonio histórico con una gran arboleda añosa que se han tirado abajo, con alto tránsito de camiones que transportarían estos residuos por la puerta de una escuela rural que se que se encuentra a solo 600 metros de dicho lugar” y que a su criterio “esto se solucionaría con una planta de transferencia de residuos como el Ministerio de Medio Ambiente está realizando y financiando en la localidad de Moreno”.
Las Estaciones de Transferencia son instalaciones donde los residuos de los vehículos recolectores son transferidos a equipos de transporte de gran capacidad de carga, que son los encargados de llevar los residuos a la planta de tratamiento o al centro de disposición final, como por ejemplo la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, más conocido como CEAMSE.
En la denuncia penal se afirma que “resulta imperativo relevar lo previsto en el art. 57 Ley 24.051 (responsabilidad de directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma) en relación a la personas jurídica interviniente en todo el proceso relacionado las tareas desarrolladas a propósito del proyecto licitado”, que el ministro Cabandie autorizó junto al BID para desarrollar en la denominada Estación Sucre -de unas 11 hectáreas de extensión y ubicada a dos kilómetros del basural- para levantar la planta de reciclado y galpones, donde trabajarán integrantes de una cooperativa del Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular (MTE).
En diálogo con Infobae, el abogado patrocinante de la denuncia dijo: “Asimismo, con el devenir de esta investigación se podrá determinar la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, funcionarios de la cartera correspondiente de la Provincia Buenos Aires y del Municipio de Luján, quienes de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 24.051, son los directamente responsables de la contaminación, así como la autoridad de aplicación y contralor de dicha ley, debiendo por tanto investigarse la conducta de las autoridades provinciales y municipales (ministros y/o secretarios de ambiente, comisiones interministeriales de residuos peligrosos y/o cualquier otra autoridad y/o persona que por orden de las leyes aplicables tengan bajo sus órdenes la responsabilidad de evitar la contaminación de los suelos, las aguas, napas, acuíferos, etc. con material peligroso, patogénico y/o patológico, etc.)”.
Para la querella, “los delitos ambientales van de la mano de la corrupción y necesitan de la infraestructura de las personas jurídicas como pantalla de seriedad” y explica: “La llegada de la Ley Nacional 27.401 de Responsabilidad Penal de la Personas Jurídicas establece un gran avance en cuanto permite que el derecho Penal alcance como sujeto activo a las personas jurídicas cuando han obtenido interés o beneficio de la comisión del hecho ilícito efectuado por sus órganos-personas físicas o se los ha ratificado cuando no tenían facultades”.
Entre los argumentos para autorizar el allanamiento y toma de muestras en el basural de Luján, el magistrado tuvo en cuenta que: “En primer término corresponde señalar que éste sumario se inició a raíz de la denuncia formulada por Viviana Karina Novelle para que se investiguen ciertas irregularidades detectadas en el basural a cielo abierto de la localidad de Luján, a partir del análisis de ecotoxicidad realizados por un laboratorio químico ambiental (Centro de Investigaciones Toxicológicas SA) mediante toma de muestras de aire y suelo del Basural a Cielo Abierto con la respectiva cadena de custodia, habiéndose hallado la presencia de componentes peligrosos y contaminantes por encima de los parámetros permitidos por la normativa vigente. Las conclusiones del análisis de tales muestras fueron volcadas en el informe técnico; con lo cual nos hallaríamos ‘prima facie’ frente a una conducta prevista y reprimida por el art. 55, primer párrafo de la ley 24.051″.
En las próximas semanas se conocerán los resultados de las muestras obtenidas y según lo que arrojen los análisis químicos, el juez puede tomar una multiplicidad de resoluciones, entre ellas paralizar de manera definitivas el relleno sanitario y planta de reciclado de la ex Estación Sucre -que se construye con un préstamo del BID- y el volcado de residuos en el vertedero, como solicitaron un grupo de vecinos en el marco del amparo ambiental, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente. Habrá que esperar los análisis y la interpretación que de ellos realice el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto.
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