Crecen los barrios vulnerables en el país: en el Gran La Plata ocupan una superficie de casi 22 kilómetros cuadrados
Hay realidades que en la Argentina no cambian. La situación social y económica empujó a que miles de familias poblaran con mayor intensidad los ahora llamados barrios populares; antes conocidos como villas. En algunos de ellos, el Estado llega para brindarles algún tipo de servicio o las anunciadas ”urbanizaciones”. La realidad muestra que los asentamientos, muchos de ellos sobre tierras fiscales o privadas tomadas -como la de Los Hornos-, avanzan más rápido que las buenas intenciones que pueden existir. El ejemplo más palpable es el último estudio realizado por el equipo del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica Argentina de La Plata (UCALP) que revela: “Hoy La Plata junto a Berisso y Ensenada conforman lo que se denomina el aglomerado Gran La Plata, siendo el sexto más grande del país y el segundo de la Provincia de Buenos Aires”. Allí viven 938.000 personas, de esa cifra 326.000 son pobres y dentro de ellos más de 84.000 viven en la indigencia.
En sus conclusiones destacan: “Entre los tres municipios, se concentra la mayor cantidad de asentamientos de la Provincia”. En total, son 262 barrios populares, 72 nuevos registros desde 2018, año en que se comenzó a realizar el relevamiento. En todo el país son más de cinco mil.
Por quinto año consecutivo, el Observatorio Socioeconómico de la UCALP publicó el Indicador de Integración y Desarrollo 2022/2023, donde se analiza la totalidad de los asentamientos y barrios populares del Gran La Plata. Con cerca de 40 variables relevadas y más de 10.000 datos analizados, ubicándose como el único dato actualizado de la región.
El reciente indicador arrojó resultados alarmantes que muestran la realidad social, por la que está atravesado el país, con la provincia de Bueno Aires a la cabeza y el Gran La Plata en particular. “El 90% de los barrios precarios han crecido desde que se comenzó con el relevamiento”, afirma el trabajo al que accedió Infobae y revela que “si se suma la cantidad de kilómetros cuadrados de los asentamientos en total equivaldría a 21.6 km2. Todos juntos representan el 80,11% del casco urbano de La Plata; el 65% del territorio de Vicente López; el 47% del territorio de Tres de Febrero o el 6% del territorio de La Matanza”.
En los 262 asentamientos viven 232.000 personas, lo que equivale a un 25% de la población del Gran La Plata. Si se toman las cifras federales registradas en el censo 2022, es mayor a la población de Tierra del Fuego, donde habitan 190.641 personas. De la totalidad de ellos, 37.000 mil son niños y niñas de 0 a 9 años; y más de 27.000 mil son adultos mayores que viven en barrios vulnerables o asentamientos en condiciones no óptimas para su estado físico o de salud.
Solo en un año, de acuerdo con los datos de la UNCLA, se sumaron unos 30.000 nuevos habitantes, muchos de ellos se radicaron en la mega toma de Los Hornos, donde funcionaba el ex Aeródromo Elizalde. La usurpación generó una disputa judicial entre el municipio de La Plata, a cargo de Julio Garro (Juntos por el Cambio), el gobierno provincial de Axel Kicillof y el Ejecutivo nacional. El resultado: Nación trasfirió al territorio bonaerense esas 120 hectáreas de tierra y estos la incluyeron en Registro Nacional de Barrios Populares ReNaBaP. En total son 5.687 y el programa está a cargo Ramona Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois, el precandidato presidencial del oficialismo.
En el 2018, en el marco de la experiencia del ReNaBaP, surge la Mesa Nacional de Barrios Populares que nuclea referentes de todo el país de las organizaciones sociales CTEP, CCC, Barrios de Pie, Techo y Cáritas. Miño, ex concejal de San Isidro por el Frente Patria Grande, se incorporó en representación del MTE-CTEP y, desde allí, impulsa un programa para la integración social y urbana de todos los barrios del país, incluidos, claro está, los de La Plata, Berisso y Ensenada.
Los vecinos de la zona se quejaron porque el lugar se volvió más inseguro, al tiempo que informaron que, dentro de la usurpación, se vendían terrenos apropiados y se habían instalado hasta bandas de narcomenudeo. La Municipalidad de La Plata solicitó a la Justicia Federal el desalojo, pero el juez Alejo Ramos Padilla, le dio la derecha al proyecto de urbanización planeado por las autoridades nacionales y provinciales. De hecho, para abrir calles y delimitar plazas y espacios verdes, el Ministerio de Defensa envió al lugar al Batallón de Ingenieros del Ejército Argentino. La obra, si bien comenzó, aún esta en sus inicios y las familias viven allí en precarias viviendas ubicadas en una zona inundable.
El informe de la Universidad Católica Argentina asevera además que el 90% de los asentamientos “necesitan mayor integración”, y que en el 70% “lo necesitan de forma urgente porque allí no se garantiza el derecho al hábitat, y al desarrollo humano. Principalmente, por no contar con un acceso universal y equitativo a los servicios básicos”.
Algunos ejemplos: el 90% de los que habitan en los asentamiento de La Plata, Berisso y Ensenada no tienen cloacas, “generando un hábitat no saludable tanto para la familia como toda la comunidad”, también destaca que el 70% no tiene acceso seguro a la energía eléctrica y explica que “las conexiones son precarias, inestables y muy peligrosas”.
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En estos barrios vulnerables, la mayoría de las familias reciben algún tipo de subsidio o plan social por parte del Gobierno, o varios de ellos, como la Asignación Universal por Hijos (AUH) y/o el Potenciar Trabajo, entre otros. Allí, apenas el 60% tiene asegurado el suministro continuo de agua potable dentro del hogar. Sólo el 40% de los hogares tienen tanque o “reservorio” de agua para consumo, el baño y para garantizar la higiene necesaria.
En el 60% de los asentamientos no hay calles interiores pavimentadas, lo cual dificulta el acceso interno de ambulancias, bomberos, camión de basura, entre otros. También en cuatro de cada diez barrios vulnerables no tienen calles perimetrales pavimentadas, generando problemas de conexión urbana, transporte y problemas de basurales a cielo abierto -en el 30% de ellos- lo que de por si solo provoca problemas ambientales y de salubridad para los que viven cerca.
Otro de los problemas que encontraron aquellos que relevaron los 262 barrios populares es que en el 40% de los casos “se encontraron elementos proclives para la proliferación de dengue”. Además de estas situaciones, entre 2022 y los primeros meses de 2023, el Observatorio sumó nuevas variables: presencia de emprendimientos en el barrio como kioscos, peluquería, almacenes, verdulería, florería, etc. Un factor que resultó invaluable para analizar la economía popular y el circuito económico del barrio en particular.
El estudio también contempló si las viviendas tienen o no número en el frente de su casa para ser identificadas. Un hecho que, según se explica, “tiene que ver con el ordenamiento de la ciudad. Pero fundamentalmente también es la posibilidad de estar visible ante una emergencia o simplemente para tener una dirección dónde recibir una carta, una referencia para los CV laborales o una encomienda”. En ese sentido, el análisis indicó que el 60% no tienen número en sus viviendas.
Otro de los aspectos que se tuvieron en cuenta es si hay o no animales de granja o de consumo familiar. Pero también si había o no caballos utilizados como vehículos de tracción a sangre. En consecuencia, se conoció que el 20% tiene presencia de animales de consumo familiar.
La metodología implementada por el Observatorio fue presentada ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), el Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile y el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP).
El informe concluye citando al Papa Francisco cuando menciona: “La pobreza, hoy, es un grito.” Anclado a eso, la UCALP recuerda: “Afianzados en los 40 años ininterrumpidos de democracia convocamos a la sociedad a redefinir un nuevo perfil de desarrollo de nuestra región que plantee la lógica del hábitat y el cuidado de la casa común para enfrentar este drama social. Reconstruyendo tramas sociales y productivistas. Contamos con el cordón frutihortícola, la producción ganadera, el polo petroquímico, la construcción, el sector de servicios, la innovación y el conocimiento de las Universidades locales que se encuentran entre las más importantes del país, todo ello potenciado con la puesta en valor del puerto”.
Entre las conclusiones, la UCALA destaca que el 79% de los barrios populares del Gran La Plata “permanecen en una situación igual o peor al último indicador publicado. La consolidación del asentamiento ubicado en Los Hornos vuelve a funcionar como ‘efecto arrastre’, creciendo cada vez más”. El Observatorio, también resalta: “Se sigue observando el crecimiento ‘hacia arriba’ y hacia los costados de cada uno de los barrios precarios. Es decir, asentamientos que crecen en terrenos colindantes, familias que en un mismo terreno subdividen para construir otro hogar y barrios que crecen en altura sobre el cinturón más urbanizado”.
Un reclamo a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que hasta ahora parecen no escuchar o, si lo hacen, parecen no tenerlas entre sus prioridades, a pesar de que existen organizaciones sociales que impulsan, desde el propio Estado nacional, priorizar tres de los grandes problemas que tienen el país: tierra, techo y trabajo, a través de un proyecto de ley enviado dos veces al Congreso durante el gobierno de Alberto Fernández, pero que fue cajoneado.
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