El paro general de la CGT parece inevitable, pero el dilema es qué harán el Gobierno y el sindicalismo al día siguiente

Ningún dirigente de la CGT imagina la posibilidad de levantar el paro de 12 horas con movilización al Congreso que se decidió la semana pasada, aunque hay canales inorgánicos de diálogo que se establecen con el Gobierno (y que no registran avances). El problema para el sindicalismo es que asegura no encontrar “interlocutores confiables” en el oficialismo y que, además, el mensaje que recibe reservadamente es muy claro: “Si se mantiene el paro, el Presidente no recibirá a la CGT”.

Por eso en ambos sectores se instaló la certeza de que la primera huelga general contra Javier Milei es inevitable. A esta altura del conflicto, el dilema es qué pasará al día siguiente del paro. La Casa Rosada no puede aflojar un centímetro sin que su posición se interprete como una rendición incondicional. La CGT tampoco, pero arriesga mucho más: ¿qué hará si el Presidente no cede? ¿Paros generales de 24 horas, de 48 horas o por tiempo indeterminado? “Si seguimos así, vamos a terminar en una toma de rehenes para que nos den bolilla”, bromeó un dirigente del sector dialoguista.

Como no midieron los tiempos y están quemando etapas a 20 días de que asumió Milei, los dirigentes cegetistas quedaron en una encerrona. El mandatario todavía tiene muy buena imagen en la sociedad mientras que los sindicalistas están en los peores lugares en ese ranking y, para colmo, cargan con haber tolerado 4 años de inflación, pobreza y bajos salarios en el gobierno de Alberto Fernández sin una sola protesta. Siempre quedará la duda: si hubieran sido tan implacables contra el ex presidente, ¿se podría haber evitado la crisis económica y social que dejó el Frente de Todos?

A principios de diciembre, un dirigente gremial como Facundo Moyano se preguntó con qué autoridad protestan los dirigentes de la CGT “si muchos estuvieron callados durante todo este tiempo o fueron parte del fracaso”. “La política se mide por los resultados: hay 150 de inflación y 50 de pobreza. Fracasaste”, dijo en una entrevista con La Nación, con la mira puesta en la cúpula cegetista.

La CGT estrenó su condición de inflexible ante un DNU que calificó de inconstitucional, aunque sus dirigentes venían negociando con Guillermo Francos, ministro del Interior, una reforma laboral módica y casi inofensiva para la supervivencia del poder sindical. Pero como no fue lo que se plasmó finalmente en el texto del decreto (por culpa de Federico Sturzenegger, se quejan), se desató la guerra. El decreto pone en jaque a las cuotas solidarias, ese recurso de recaudación adicional de los sindicatos que se generalizó en los años noventa para compensar la pérdida de aportes producida por la desafiliación: en el artículo 73 se obliga a los gremios a recibir el pago de las cláusulas solidarias “sólo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”.

El ajuste en el Estado y la venta de las empresas públicas, curiosamente, no agravó el clima bélico con la CGT. Su secretario adjunto, Andrés Rodríguez, es líder de UPCN, el sindicato que agrupa a la mayor parte de la administración pública nacional, pero hasta ahora eligió la vía del diálogo para revertir algunas medidas, como la baja de los contratos de los 7.000 empleados estatales que entraron a trabajar en 2023, y clarificar otras propuestas libertarias, como el llamado Fondo de Reconversión Laboral, que está incluido en la Ley Ómnibus para reacomodar al personal sin funciones.

La actitud prudente de UPCN contrasta con la adoptada por su adversario sectorial ATE, de filiación combativa: su titular, Rodolfo Aguiar, acaba de anunciar una nueva “jornada nacional de lucha” contra el Gobierno para el 15 de enero, con modalidad a definir en cada provincia. La grieta, como quedó demostrado, también alcanza al sindicalismo incluso durante el gobierno de Milei.

La dirigencia cegetista más moderada apuesta a que la relación con el Gobierno mejore con la llegada de Armando Guibert a la Jefatura de Gabinete. Es una figura conocida para el gremialismo: como subsecretario de Reforma y Modernización, fue uno de los gestores de los recortes al Estado durante el gobierno de Carlos Menem. También existen andariveles abiertos de diálogo de la CGT con el secretario de Trabajo, Omar Yasín, mientras que en algunos temas específicos existen puentes tendidos con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.

En la presentación de 57 páginas para impugnar el DNU ante la Justicia, la CGT se extiende en detallar los perjuicios a los trabajadores de una reforma laboral “autoritaria por el modo y regresiva por los contenidos”, pero, curiosamente, no dedica ni una sola línea a cuestionar la fuerte reforma en el sistema de obras sociales, que les abre el juego a las prepagas y permite que cada afiliado pueda decidir a qué entidad de salud irá la totalidad de sus aportes.

A primera vista, el decreto golpeará a los sindicatos a través del impacto que tendrá en las obras sociales la inclusión de las empresas de medicina privada, pero la CGT aún no se quejó. “Los cambios no son tan malos para nosotros; afectan en particular a los sellos de goma que triangulan los aportes con las prepagas”, afirmó un experto sanitarista que asesora a los dirigentes gremiales.

La central obrera embiste contra el Gobierno, aunque desde el Ministerio de Economía se fijó una política salarial sin topes definidos para la negociación paritaria y con una promovida cláusula gatillo de actualización automática. Casi una pauta digna de un gobierno peronista. Hasta tal punto que uno de los sindicatos que la respetó es el de Camioneros, liderado por el inquebrantable Hugo Moyano, quien firmó un aumento del 12,5% en enero y del 21% en febrero (y sin cláusula gatillo), cifras que no alcanzan a compensar el desfase inflacionario y que marcan un gesto de moderación.

Algunos ya vislumbran un comienzo accidentado del ciclo lectivo: los docentes siguen con salarios “por debajo de la línea de pobreza”, como denuncian los dirigentes sindicales del sector, y el Gobierno aún no los convocó para empezar a hablar del tema. La iniciativa, por ahora, es de un gobernador radical: Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, quien convocó a la paritaria docente para este jueves.

Y mientras insiste en la vía judicial para frenar el DNU de Javier Milei, la CGT explora una negociación secreta con el Gobierno para amortiguar el impacto negativo de la reforma laboral. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que se mantiene “un canal de diálogo abierto” con la central obrera, pero señaló que “lo que no se negocia es la Argentina libre, querer terminar con la pobreza, la indigencia”. El cotitular cegetista Carlos Acuña (estaciones de servicio) lo desmintió al hacer hincapié en que “por ahora no hubo ningún” diálogo con la Casa Rosada y vaticinó que el paro del 24 de enero “va a ser mucho más contundente” que el acto cegetista en Tribunales.

“No me sorprendería para nada un millón de trabajadores en la calle defendiendo los derechos como corresponde”, agregó Acuña, el principal referente del sector sindical que lidera Luis Barrionuevo (gastronómicos), ex socio de Milei en esa fugaz alianza política que mantuvieron.

Ahora, Barrionuevo es eje de versiones: desde el Gobierno deslizan que podría adherir al nuevo sistema de indemnizaciones que incluye el DNU. “Eso ni siquiera está hablado”, dijeron cerca del líder de Gastronómicos. Ese esquema, de formato similar al Fondo de Cese Laboral de la UOCRA, ya contó con el respaldo de Armando Cavalieri, líder del poderoso Sindicato de Comercio, quien se apresta a instrumentarlo en su convenio colectivo y lo firmará en una audiencia que encabezará el Presidente.

El Gobierno acordó con Cavalieri una resolución “a medida” para que pueda cobrar la cuota solidaria como siempre y ahora quiere que el resto de la dirigencia haga fila para pedir lo mismo. “No habrá una resolución general sino a pedido de cada uno”, advirtió un funcionario. Está en juego la “caja” sindical. El líder mercantil dijo que su sindicato podría quebrar. ¿Será imitado por otros colegas?

La CGT avanzó a fondo con un plan de lucha detrás del cual no se ve ninguna puerta de salida. Pero algunos dirigentes ya recurrieron a una solución distinta. En realidad, a la misma solución de diálogo y tolerancia que exhibió la CGT durante 48 meses de un gobierno de signo peronista que, como se quejaban sus dirigentes, la trató con indiferencia y la sometió a los peores índices económicos.