Qué presidente enfrentó más paros de la CGT y otros conflictos laborales de alcance nacional
El paro convocado por la CGT para este 24 de enero en rechazo a las reformas laborales y sindicales que busca implementar Javier Milei, a 44 días de su asunción como presidente, marcará el tiempo más corto desde 1983 en que se produce la ruptura de la “paz social” entre el gremialismo y un jefe de Estado. Superará los apenas 77 días sin medidas de fuerza que tuvo Fernando de la Rúa, desde que llegó al poder hasta sufrir el primer paro de la central obrera. Milei reúne dos condiciones que explican la actitud confrontativa que adoptó la CGT a menos de dos meses del recambio de Gobierno: su condición de no peronista y su intención de avanzar en reformas estructurales que “tocan” intereses sindicales.
“La CGT seguirá sumando récords. A la insólita marca de no haberle realizado un solo paro general al ex presidente Alberto Fernández durante sus cuatro años de gestión, pese a exhibir pésimos indicadores económicos y sociales, agrega ahora el récord de convocar al primer paro general más rápido que se le haya hecho a un presidente desde el retorno de la democracia”, sostuvo Marcelo Bermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral.
El último paro general llevado adelante por la central obrera fue el 29 de mayo de 2019, el quinto realizado contra la gestión de Mauricio Macri, en el último año de su gobierno.
La medida de protesta decidida por la CGT para este miércoles será el paro general número 43 desde el retorno democrático. A razón de poco más de un paro (1,05) por cada año de gobierno en los 40 años que se cumplieron el 10 de diciembre pasado, según el informe realizado por la Escuela de Gobierno de la Austral. Más del 76% de los paros, fueron convocados por la central obrera en rechazo a la política económica. Sin embargo, ese ratio de paros por año varía sustancialmente según el color político del gobierno de turno. De los 42 paros concretados, 26 (el 62%) fueron convocados por la CGT contra los dos mandatarios de origen radical y el único del PRO que gobernaron desde 1983 hasta finales de 2023, a un promedio de 8,67 paros generales por gestión. Solo 16 fueron contra los 7 mandatarios peronistas que hubo en estos 40 años, a razón de 2,29 paros por gobierno.
“El movimiento sindical argentino, su conformación y consolidación organizacional en gremios, centrales obreras y confederaciones, tiene una profunda raigambre histórica y cultural vinculada al movimiento peronista. Por eso, no extraña que la mayor cantidad de paros se haya realizado desde la restauración de la democracia a gobiernos no peronistas”, analizó en ese sentido Bermolén.
La convocatoria a un paro de 12 horas esta semana, con movilización hacia el Congreso, donde se debate el proyecto de ley que propone una reforma drástica del Estado y desregulación de la economía, es una apuesta no exenta de riesgos. Será la primera medida de fuerza a un mes y medio de la asunción del presidente, quien conserva aún una imagen positiva pese a la suba inflacionaria, la liberación de los precios en alimentos y medicina prepaga, y los aumentos en el transporte y los servicios públicos. Habrá expectativa por el grado de adhesión que logre entre la sociedad, por fuera del aparato sindical.
Tras la victoria de Milei, dirigentes de la CGT buscaron abrir canales de diálogos subterráneos con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para interceder por una reforma laboral que sea moderada. Pero el dictado del DNU 70/2023 y la “Ley Ómnibus” que el libertario envió al Congreso hicieron saltar esos puentes por el aire. Por un lado, con la presentación de una cautelar ante la Justicia laboral, la CGT logró que el capítulo laboral del decreto quede en suspenso, hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Por el otro, anunció el paro y movilización al Congreso para este 24 de enero. Se posicionó así como uno de los sectores combativos a las políticas de Milei, frente al repliegue de varios de los principales dirigentes de Unión por la Patria. Sin embargo, esta alianza política ya adelantó su apoyo a la medida y también se movilizará al Congreso junto con la CGT, al igual que la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA). El titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, reapareció el jueves para ratificar la adhesión de su gremio al paro, y lanzó duras críticas contra el gobierno de Milei, al que acusó de aplicar medidas que “aceleraron salvajemente la inflación” y promover una reforma laboral que, “lejos de ajustar a la casta, busca instalar una esclavitud moderna”.
Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, justificó la protesta contra el DNU en que “no hay necesidad ni urgencia para aparecer con tantos artículos que dan vuelta la matriz administrativa del país”. Y agregó que las medidas de Milei significan una “transferencia real de sectores de trabajadores”, apunta “contra sus derechos individuales y derechos colectivos”, y “contra un sistema universal de salud”.
El DNU reduce la indemnización por despido y habilita su reemplazo por un fondo de cese laboral voluntario, a acordarse entre la parte empresaria y sindical. Además, amplía el período de prueba de tres a ocho meses; incluye como causal de despido los bloqueos; y dispone una restrictiva reglamentación del derecho de huelga en diversas actividades que son consideradas servicios esenciales como la salud o la educación, a las que se exigirá entre un 50% y 75% de prestación del trabajo normal. También apunta contra la “caja” de los gremios ya que los empleados deberán dar su consentimiento para que se les descuente de su salario el porcentaje de la cuota sindical, y la Secretaría de Trabajo supervisará las denominadas “cuotas solidarias”, elimina multas a los empleadores por falta o deficiente registración laboral, y desregula el financiamiento a las obras sociales de los sindicatos.
“Con las políticas que anunció el nuevo gobierno de La Libertad Avanza en materia laboral, que afectan intereses corporativos de la CGT, era obvio que iba a reaccionar muy tempranamente”, opinó Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), sobre la medida de fuerza que tendrá lugar esta semana.
Para Bermolén, “la CGT no solo expone la supuesta defensa de los derechos de los trabajadores, sino la protección de lo que algunos consideran marcados privilegios y un cerco férreo sobre las cajas sindicales con que se financian”.
El lunes pasado, Daer instó a los legisladores a rechazar la ley de reforma del Estado y el DNU en el plenario de Comisiones que debatió el proyecto enviado por el Ejecutivo. “Hay que votar por el no a la Ley Ómnibus y hay que suprimir la vigencia del DNU en la comisión o con un plenario en cada una de las cámaras”, sostuvo. Y agregó: “La institucionalidad depende de esta casa. Por eso el 24 vamos a venir a apoyarlos para que tomen la valentía de decirle no a la Ley Ómnibus y no al DNU”. Ayer, el secretario general del gremio de Sanidad ratificó la protesta contra el plan del Gobierno, lanzó una dura advertencia a los bloques parlamentarios dialoguistas que están negociando la Ley Ómnibus con el oficialismo, y se quejó por la intención de privatizar empresas públicas.
Los paros desde 1983
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Desde el retorno democrático, el presidente que enfrentó mayor cantidad de paros de la CGT fue Ricardo Alfonsín, un total de 13 en sus cinco años y medio de mandato, que culminaron en medio de una hiperinflación y con un fuerte deterioro económico. El primero tuvo lugar en el octavo mes de su mandato, el 3 de septiembre de 1984, a los 269 días de asumir. El último, 10 meses antes de entregarle la banda en forma anticipada a Carlos Menem. Todos fueron impulsados por el entonces titular de la central obrera, Saúl Ubaldini, que encabezó una dura oposición al mandatario radical, a partir del frustrado intento de Alfonsín de democratizar los sindicatos con la “Ley Mucci”, llamada así por su primer ministro de Trabajo, Antonio Mucci.
Le sigue en el ranking Fernando de la Rúa, con 8 paros de la CGT en los dos años que duró su mandato, ya que debió dejar el poder en medio de la aguda crisis económica y social de diciembre de 2001. La primera medida de fuerza la tuvo ya en el tercer mes de su gobierno, a los 77 días. De la Rúa enfrentó también una fuerte oposición sindical por sus medidas económicas y el proyecto de reforma laboral que terminó con el escándalo de la llamada “Ley Banelco”, que involucró el pago de sobornos en el Senado para buscar su aprobación.
Su sucesor, Menem, también enfrentó 8 paros generales, y se convirtió en el presidente peronista con más medidas de este tipo en su haber, pero a lo largo de los 10 años que estuvo en el poder. Cuatro paros fueron en su primer mandato de 6 años y medio, y los otros 4 en su segunda presidencia de 4 años. “Sin embargo, al mandatario riojano las centrales sindicales demoraron más de tres años y cuatro meses en realizarle su primer paro general (1.221 días), habiendo transcurrido en medio de ello un proceso hiperinflacionario y un plan Bonex”, se destaca en el informe elaborado por la Escuela de Gobierno de la Austral. Ese primer paro convocado por la CGT contra el riojano fue el 9 de noviembre de 1992, en reclamo por su política económica.
Cristina Kirchner y Macri, paradójicamente, sufrieron la misma cantidad de paros organizados por la CGT: 5 cada uno. Pero la ex mandataria culminó su primer mandato indemne. Los 5 que sufrió fueron todos en su segundo período, a partir de su ruptura con el titular de Camioneros y dirigente de la CGT, Hugo Moyano. El primero – a 1.808 días de su llegada a la Casa Rosada – fue el 20 de noviembre de 2012 convocado por la CGT Azopardo, la CGT Azul y Blanca y la CTA Autónoma, en rechazo al impuesto a las Ganancias y en reclamo de la suba de jubilaciones y asignaciones.
En el caso del líder del PRO, pasó un año y casi cuatro meses desde su asunción hasta enfrentar el primer paro general de los 5 que le haría la central obrera.
En el ranking de paros generales por presidencia, luego sigue Eduardo Duhalde con 2 paros en el año y 5 meses que estuvo en la Casa Rosada. Así, mientras Macri tuvo 5 paros en 1.461 días de gobierno (en promedio, un paro cada 292 días), Duhalde tuvo 2 en 509 días (un paro cada 255 días de gestión) y se convirtió en el presidente peronista con peor promedio, de acuerdo a los datos del informe de la Universidad Austral. Sin embargo, todos los gobiernos peronistas tuvieron menor cantidad de paros en proporción a los días gobernados que los gobiernos no peronistas.
Néstor Kirchner enfrentó solo un paro de la CGT sobre el final de su mandato, el 9 de abril de 2007. Pero no fue contra su política económica, signada por el crecimiento económico de los primeros años, sino contra la muerte de un docente neuquino. El asesinato de Carlos Fuentealba en un reclamo contra el gobernador provincial logró unir a los dos centrales sindicales enfrentadas en ese momento, la CGT de Moyano y la CTA de Hugo Yasky, algo que no ocurría desde la época de Menem.
Alberto Fernández se llevó el récord de ser el primer presidente peronista en culminar su mandato sin paros generales, pese a su debilidad política y la crítica situación económica que marcó a su gobierno. “En una de las gestiones con mayor evidencia de presidencialismo menguado, y con un mandato signado por las fatalidades (pandemia, sequía, guerra, escándalos, etc.), sin embargo, logra transcurrir los 1.460 días de su presidencia sin el menor atisbo de insurrección gremial”, analizó Bermolén.
Colina, por su parte, explicó ese “récord” de Fernández en el hecho de que la central obrera “se autoconsideró parte del Gobierno. Casi como una reacción a Cristina Kirchner, se propuso cuidar el gobierno de Alberto. Por eso la central obrera no planteó ningún reclamo con medidas de fuerza. Además, cuando hay una aceleración inflacionaria, los sindicalistas también se dan cuenta que deben ser cautos porque la gente se puede quedar sin trabajo por la crisis económica”.
En los 20 años de los 40 desde el retorno democrático en que no hubo paros generales de la CGT, 19 corresponden a gobiernos peronistas y solo un año a un gobierno de signo diferente. De hecho, Macri fue el único presidente no peronista que consiguió transcurrir un año calendario de su mandato sin paros nacionales convocados por la principal central obrera del país.
El promedio de días hasta la realización del primer paro general cegetista muestra una notable disparidad entre los presidentes peronistas (1.209 días) y los no peronistas (275 días), según destaca el informe publicado por la Universidad Austral.
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Bermolén puso el foco en “el factor desestabilizante que provoca la hostilidad sindical, marcada por la temprana convocatoria a paros generales – y la cantidad que se realizan – a presidentes no peronistas. Al punto de que dos de los tres antecesores de esa tendencia que precedieron a Javier Milei en el cargo no llegaron a concluir sus mandatos”. Y agregó: “Resulta evidente que la actividad sindical materializada en huelgas más frecuentes y más severas para los gobiernos de signo diferente, explican una porción de las dificultades históricas para gobernar que han encontrado los presidentes no peronistas”.
Conflictos con paro en todo el país
Más allá de los paros convocados por la CGT, Infobae analizó los datos oficiales de la Dirección de Estadística del Ministerio de Trabajo sobre la cantidad de medidas de fuerza por conflictos laborales con paralización de actividades en todo el país, desde 2006. El relevamiento es realizado por esa dependencia en forma diaria, en más de 120 medios electrónicos disponibles en internet de todo el territorio nacional, incluyendo organismos públicos y empresas privadas de todo el país, por rama de actividad, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal.
De 2006 a 2023, el año con mayor cantidad de conflictos con paro de actividades en todo el país fue 2014, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner: se realizaron 1.337 medidas de fuerza en todos los ámbitos. La conflictividad sindical, que había sido baja en su primer gobierno, comenzó a crecer a principios de su segunda presidencia y no se detuvo. En 2012 se registraron 1.217 paros; al año siguiente, 1.211 medidas de este tipo, y en su último año en la Casa Rosada, 1.235 protestas con paralización de actividades. En total, entre 2012 y 2015, se produjeron más de 5.000 conflictos con paralización de actividades, incluyendo los distintos sectores y ámbitos, en todo el territorio nacional.
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Ante la consulta de Infobae, así lo analizó Colina: “En 2014, comenzó a acelerarse la inflación y siguió en aumento hasta el final de su mandato. A esto se sumó que el INDEC había tergiversado los datos, por lo que no se sabía cuál era la inflación en realidad, lo que generó mucha conflictividad”.
Un número similar de paros en todo el país hubo en 2016, en el primer año de mandato de Macri: 1.321. Sin embargo, la cifra cayó en los dos años siguientes, a 1.010 en 2017 y a 833 en 2018. “En 2017, bajó la inflación al 24%, la más baja de la década. Y en 2018, paradójicamente, cuando comienza la crisis cambiaria, disminuyeron los paros porque cuando hay una aceleración inflacionaria, se pierden puestos de trabajo y los sindicalistas se vuelven más cautos ”, advirtió el economista de IDESA.
Según los datos oficiales analizados por este medio, en sus cuatro años, el gobierno de Macri estuvo signado por una alta conflictividad laboral con aproximadamente 4.000 medidas de fuerza en todo el país.
En el otro extremo, el número más bajo de paros en los distintos sectores y actividades se dio en 2022, durante la presidencia de Fernández: 724 en todo el año en el territorio nacional. La tendencia a la baja en la conflictividad laboral se repitió en 2023. Según los últimos datos oficiales disponibles a junio del año pasado. Pese a la escalada inflacionaria que había comenzado el año anterior, en ese semestre, se produjeron 366 conflictos con paro.
El Índice de Conflictividad Laboral (ICL) que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) también analizó lo que sucedió en 2023. Este indicador mostró un aumento del 39% en el primer cuatrimestre del año pasado, respecto del mismo período del 2022, y una caída del 1,4% entre mayo y noviembre pasado respecto de esos meses del año anterior.
“En la última década, durante el primer cuatrimestre se fue dando una mayor tensión en el ámbito laboral por la negociación de niveles salariales en los convenios colectivos de trabajo. A pesar de ese esquema, la aceleración inflacionaria de 2023 podría haber conducido a una continuidad de la misma lógica a lo largo del año. Sin embargo, esto no es lo que se observa. El recorrido del período electoral durante buena parte de 2023 deja una conflictividad estable (o mínimamente a la baja) respecto del año anterior, siguiendo con la tendencia que se observa desde la pandemia”, sostiene el último informe del Centro para la Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia (CEPE) de la UTDT, elaborado por Darío Judzik, decano de la Escuela de Gobierno.
Según el trabajo realizado por este doctor en Economía Aplicada, “el promedio del ICL para el período noviembre 2022-noviembre 2023 es casi idéntico al promedio del período diciembre 2019-noviembre 2023″, que se destacó por una relativamente baja incidencia de la conflictividad laboral. “A pesar de una considerable caída de los salarios durante 2023, la conflictividad laboral estuvo contenida, a la espera por el desenvolvimiento de las elecciones presidenciales”. En el análisis histórico, Judzik advierte que “el índice de conflictividad laboral es procíclico: aumenta con la actividad laboral y no con las recesiones”.
Durante la gestión de Fernández también se registró el mes con menor cantidad de conflictos con paro, abril de 2020, con tan solo 24, aunque fue el comienzo de la pandemia y con una cuarentena estricta. Entre marzo y diciembre de ese año, el promedio mensual fue de apenas 38 conflictos con paro. “La pandemia dejó una paz en el conflicto laboral muy importante. En la post pandemia y hasta el cambio de gobierno, la pacificación probablemente tenga que ver con cuestiones más de afinidades, que con la macroeconomía”, agregó el Director de Futuro del trabajo e inclusión laboral del CEPE.
Por sector y rama de actividad
Según los datos de la Dirección de Estadística de la cartera laboral analizados por Infobae, entre 2006 y el primer semestre de 2023, 6 de cada 10 conflictos laborales con paros fueron en el ámbito estatal, mientras que los restantes 4 se dieron en el privado. “Hay más nivel de conflictividad en la administración pública porque es mucho más difícil despedir gente en el Estado que en una empresa privada”, afirmó Colina.
El mayor porcentaje – 32% – de suspensión de actividades como medida de fuerza se produjo en la administración pública nacional, seguida del sector de la Salud (20%) y el de la enseñanza (13%). En otras ramas, hubo menor cantidad de paros: el 12% en transporte y 8% en la industria manufacturera. En servicios sociales, servicios públicos, minería, entre otros, se muestran porcentajes inferiores al 5%. El menor nivel de conflictividad se dio en el sector de la hotelería y gastronomía con el 0,2% en toda la serie desde 2006 a junio de 2023.
Motivos de los reclamos
El 40% de los reclamos estuvieron impulsados por mejoras salariales, frente al deterioro del poder adquisitivo por la inflación. Otro 23% de los paros fueron por pagos adeudados, despidos o malas condiciones laborales. El resto, por falta de regularización contractual, sanciones o discriminación, entre otras causas. Hubo 4 años en los que los reclamos por mejoras salariales superaron el 50%: en 2003, 2006, 2007 y 2022.
En cuanto a la cantidad de huelguistas involucrados, el promedio fue de 1,2 millones de trabajadores al año. En 2008, fue el récord: 1.793.595 empleados que fueron al paro, de los cuales el 55% eran del sector público y el 45% del sector privado, según los datos del Ministerio de Trabajo. En el otro extremo, 2022 fue el año de menor conflictividad y, por ende, con menor cantidad de participantes de las protestas: 830.852 (62% del sector público y el 38% del sector privado).
Por provincias
Del cruce de la distribución geográfica y los datos poblacionales del Censo 2022, surge que la mayor tasa de conflictos por cada 100.000 habitantes la tiene Santa Cruz (481) para toda la serie, desde 2006. Le sigue Tierra del Fuego con 388; Chubut con 206; Neuquén con 205; y Catamarca con 198.
Contrariamente a lo que se podría suponer, la provincia de Buenos Aires aparece con un valor bajo, apenas 21 por cada 100.000 habitantes. Y la Ciudad de Buenos Aires, con 41.
Procesamiento de datos: Daniela Czibener
Visualización de datos: Andrés Snitcofsky
Carga y chequeo: Desiré Santander
