Quién es González Botto, el funcionario a cargo de empresas públicas y privatizaciones, los puntos sensibles de la Ley Ómnibus

Con la confirmación del ministro Luis “Toto” Caputo del viernes, cuando anunció a última hora que el Gobierno había decidido sorpresivamente -pocos conocían la noticia- retirar de la Ley de Bases el paquete fiscal, es decir el corazón del proyecto, la oposición K y los bloques dialoguistas del Parlamento volvieron a poner la lupa en dos de los principales rubros del texto que la Casa Rosada espera aprobar en las próximas semanas: la delegación de facultades y el capítulo que habilita al Ejecutivo a privatizar cuatro decenas de empresas públicas.

En campaña, y una vez al frente del gobierno, Javier Milei repitió de manera sistemática que estaba predispuesto a vender “todo lo que pueda estar en manos del sector privado”. Cuando los bloques dialoguistas protestaron por la redacción de ese capítulo, la Casa Rosada retrocedió un casillero en las negociaciones: aceptó excluir a la petrolera YPF de ese listado de sociedades pasibles de venta y rectificó en el dictamen de mayoría aprobado en la madrugada del miércoles que el Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina S.A. y ARSAT -Empresa Argentina de soluciones Satelitales S.A.- “solo podrán ser privatizadas parcialmente, debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.

Nacido en Uruguay, Mauricio González Botto es un tecnócrata de bajísimo perfil con trayectoria en la actividad privada y ninguna experiencia en la función pública. Con enorme entusiasmo -”Tiene muchas ganas”, resaltaron en el Ejecutivo-, trabaja a tiempo completo en el primer piso de la Casa Rosada, en el ala que da al Ministerio de Economía, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. No participó de ninguna de las negociaciones que se sucedieron en las últimas semanas entre el Gobierno y las bancadas amigables del Congreso, pero su trabajo en el rubro privatizaciones es clave: de extrema confianza del hermético jefe de Gabinete, Nicolás Posse, González Botto es secretario de Empresas y Sociedades del Estado, y tiene a su cargo la revisión y la posible reestructuración de las compañías públicas.

Cuando el proceso de auditoría esté terminado, la opinión del funcionario será decisiva para el futuro de cada una de ellas. En el listado que la Casa Rosada incluyó en la denominada Ley Ómnibus, que perdió potencia esta semana por presión del peronismo no K y de Juntos por el Cambio, figuran desde AYSA, Aerolíneas Argentinas, Casa de Moneda, Fabricaciones Militares, Corredores Viales y Télam, hasta RTA, el Belgrano Cargas y Logística y Operadora Ferroviaria, por mencionar solo algunas.

“Está en proceso de revisión, se está analizando. Eventualmente, después se resolverá cuáles sí y cuáles no se podrían privatizar. Eso lleva tiempo”, explicaron fuentes oficiales en relación al trabajo que el funcionario lleva adelante desde que se hizo cargo de esa oficina bajo la supervisión de Posse. El puesto se había ofertado primero a otro técnico de una consultora global que, según explicaron, se excusó por cuestiones de salud.

Con pasado en el Banco Itaú, en el área de Marketing y Banco Digital, González Botto dejó la actividad privada cuando fue convocado al gobierno por Posse, el jefe de los ministros al que todavía no se le conoce la voz, que tiene acceso libre al despacho del presidente y que este jueves impulsó, avaló y ejecutó la decisión de Milei de pedirle al ministro Guillermo Ferraro que diera un paso al costado y que el ministro Caputo absorbiera todas las áreas de Infraestructura.

En un mes y medio de gestión, Ferraro no había logrado hacer pie, no todos los secretarios respondían a sus directivas y arrastraba una silenciosa pero sórdida disputa con la Jefatura de Gabinete.

Es que, además de su pasividad, Ferraro se sintió, en algunos rubros, con poco margen de maniobra. Por ejemplo, en el control de las empresas estatales que dependían de su cartera. A través del decreto 19/2024, Posse se reservó la “designación de directores o interventores de sociedades estatales, sociedades con participación estatal o cualquier otra forma empresaria”. “Donde el Estado, en usos de sus derechos de participación o representación, deba designar autoridades debe contar con la previa y expresa intervención de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, resaltó el decreto publicado en el Boletín Oficial.

Es decir, el control de los nombramientos en las compañías del Estado, y poder de veto en manos de Posse y González Botto. “Es el que se encarga de dar el okey”, confirmaron a este medio esta semana desde la secretaría de un ministerio.

Administrador, junto a uno de sus socios, de la firma Latam Credits, registrada en febrero del 2019, y de Ascent Consulting SRL, creada unos meses después y dedicada a la consultoría y a los negocios financieros, entre otros rubros -renunció al año siguiente-, González Botto desembarcó semanas atrás por primera vez en AYSA como miembro del directorio por parte del Estado. Se trata de una de las empresas que el Gobierno incluyó en el capítulo “privatizaciones” de la ley que Milei quiere tener aprobada en Diputados, después de ceder ante los reclamos de los aliados, la semana entrante.

Cuando Marcelo Papandrea, el actual presidente de la compañía de aguas y saneamiento, llegó a la empresa para reemplazar a Malena Galmarini, fuentes oficiales aseguraron que la empresa figuraba al tope del ranking de aquellas que Milei quería priorizar para la venta. El proceso, sin embargo, es engorroso. Más aún en un gobierno con un buen sustento electoral, pero con debilidad parlamentaria.

González Botto visitó el edificio de AYSA la calle Tucumán, se presentó ante el directorio y pidió “informes para conocer el estado de situación”, según trascendió internamente. Los gerentes de cada área, según confiaron, están abocados a ese trabajo. “Es dogmático, como su jefe”, resumió un interlocutor que lo frecuentó estas semanas.

La misma situación se repite en el resto de las empresas: el funcionario ordenó revisar cada una de ellas, sus estructuras, y sus balances. Por ejemplo, en el Correo y en la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, en la que Posse y el funcionario pusieron a cargo a un abogado con pasado en grandes estudios jurídicos. González Botto pidió información y se interiorizó sobre el lugar, pero aún no definió la hoja de ruta. En el Gobierno tampoco hay certezas hasta el momento sobre qué hacer con la hidrovía, que administra y gestiona dicha administración desde septiembre del 2021 -se extendió al año siguiente-, y cobra el peaje por el mantenimiento y la señalización.

En el caso del Correo, todavía no hubo mayores novedades. “Acá no se habla de privatización, sí de reestructuración”, abundaron fuentes de la empresa. Es un esquema que podría replicarse en otras sociedades.

En ese contexto, el funcionario es una de las piezas centrales del equipo de Posse que, desde que asumió, alentó una reestructuración, desregulación y ordenamiento del Estado y del empleo público resistido por el sistema político tradicional, que todavía está desorientado con las marchas y contramarchas del gobierno y con el modelo de toma de decisiones impulsado por Milei.

En ese equipo, además del funcionario mencionado, sobresalen, por ejemplo, Armando Guibert o Alejandro Cosentino. Y José “Cochi” Rolandi, secretario Ejecutivo y mano derecha del jefe de Gabinete. En las últimas semanas, Rolandi intentó negociar, sin aparente éxito, algunos de los rubros más sensibles de la denominada Ley Ómnibus en el Parlamento -Maximiliano Fariña, un muy joven asesor del Ejecutivo, tomaba nota en silencio en una computadora-. ¿El resultado? El ministro Caputo -no Santiago, el poderosísimo amigo presidencial y libretista del relato oficial- anunció este viernes a última hora que el Gobierno eliminaba del texto el blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la restitución del impuesto a las Ganancias -enviado aparte-, las retenciones y el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria. El alma del texto.

Pero no la delegación de facultades, ahora el punto más polémico de la ley. Tampoco las privatizaciones.

En todas esas negociaciones, los cuadros técnicos del Gobierno hicieron lo que pudieron. Federico Sturzenegger, uno de los cerebros del DNU y del proyecto, vapuleado por la oposición, se recluyó en estas semanas y se mantuvo al margen de las tratativas, a diferencia de Santiago Caputo, el otro asesor sin cartera.

En esas conversaciones, los gobernadores de Juntos por el Cambio tuvieron un papel muy activo. También los jefes de los bloques aliados en la Cámara baja. En especial Miguel Ángel Pichetto, un profesional de la política, actor protagónico del sistema de las últimas tres décadas, respetado por propios y ajenos, con muy aceitados vínculos con los gobernadores, el sindicalismo, el establishment empresario y la Justicia.

Como jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, Pichetto recobró centralidad en la escena pública. Al ex senador le irritan los burócratas. Él también viste saco y corbata de sol a sombra -solo algunos viernes se da el lujo de aparecerse sin corbata por la oficina-, pero ejerce un pragmatismo que escasea en la Jefatura de Gabinete. Después de la crisis del 2001, de la que fue espectador de privilegio y palpó el desprestigio de la política, optó por evitar, siempre que la distancia se lo permita, los vuelos comerciales. Cada vez que puede, por ejemplo, viaja en auto a Río Negro.

En las últimas semanas, al diputado le tocó lidiar con los cuadros técnicos enviados por el Ejecutivo. Ni él ni sus colegas terminan de descifrarlos. Es como si hablaran distintos idiomas. Este viernes, antes de que Caputo anunciara la decisión de Milei de suprimir el paquete fiscal del proyecto de ley que irá al recinto esta semana, el legislador pronosticó que “si el Gobierno no va a un camino de coalición, tendrá dificultades”. “No se puede funcionar así cuatro años”, remarcó.