Dictaron la prisión preventiva a sindicalistas acusados de extorsionar a empresarios pesqueros en Chubut

Cinco miembros de la comisión directiva del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Chubut tendrán que enfrentar cargos por extorsión, delito que conlleva penas de 5 a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. Se debe a que el gobierno provincial, encabezado por Ignacio Torres, los denunció por ecocidio y extorsión a empresarios pesqueros.

En los últimos días de diciembre, la provincia de Chubut se vio afectada por la pérdida de 468.000 kgs. de langostinos debido “a un falso conflicto paritario que encubría un entramado de corrupción y extorsión que generó pérdidas millonarias para la industria”, según informaron en un comunicado. Ante las pérdidas millonarias provocadas por esta situación, el gobierno de Chubut y los empresarios pesqueros realizaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Fiscal.

Las denuncias apuntaron contra Alexis Gutiérrez, Claudio Villarroel, Bruno Vega, Juan Inalef y Juan Zambrano por extorsionar y exigir dinero a empresarios entre agosto y septiembre del año pasado a cambio de no interrumpir la actividad portuaria con medidas de fuerza. “La red de corrupción fue documentada con pruebas contundentes, como mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y transferencias bancarias a cuentas personales, donde quedaron involucrados los miembros del SUPA”, aseguraron.

Tras la intervención judicial, la fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, condenó a un mes de prisión domiciliaria a los cinco sindicalistas. “Se tuvieron que tirar langostinos, eso es criminal. Por eso le dijimos a la fiscal que haga las denuncias correspondientes. El que haga un paro de vuelta y por eso se pudra un langostino va a tener que dar respuesta a la Justicia”, advirtió el gobernador Torres.

La fiscalía, además, evalúa la posibilidad de agregar el cargo de asociación ilícita ante la existencia de una mafia sindical que utilizaba el gremio para enriquecerse personalmente. “Este importante golpe contra la corrupción en la industria pesquera demuestra el compromiso del gobierno provincial y las autoridades judiciales en la lucha contra la impunidad y el delito”, aseguraron desde el gobierno provincial.

En ese sentido, Torres se reunió hoy con la ministra de seguridad Nacional, Patricia Bullrich, para impulsar una agenda enfocada en tres ejes: la instalación de scanners para el control de narcotráfico en los puertos de Chubut, la creación de un comando conjunto en Trelew con fuerzas federales, y avanzar fuertemente contra las tomas que existen hoy en el Parque Nacional “Los Alerces”.

La industria pesquera, junto con la petrolera, es la que genera mayor actividad económica en Chubut y, sobre todo, la que da más cantidad de puestos de trabajo. En la provincia estiman que ocupa a cerca de 16.000 trabajadores de forma directa, entre estibadores, marineros, capitán, maquinistas que manejan los barcos, transportistas y trabajadores de las plantas procesadoras.

A finales de diciembre del 2023, la nueva conducción del SUPA exigió una actualización salarial del 160% a las empresas del sector, nucleadas en la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACh). Según pudo averiguar Infobae, los estibadores perciben una remuneración mensual de $9.000.000. No obstante, cabe señalar que trabajan cuatro meses por año, que es lo que dura la temporada de pesca. Además, se trata de una actividad pesada, que implica mucho esfuerzo físico y trabajo en horarios nocturnos o de madrugada.

Los empresarios de la CAFACh habían manifestado su desacuerdo con el pedido de actualización del SUPA y sostuvieron que no podían afrontar la remuneración exigida. Los estibadores amenazaron con paralizar la actividad y, en efecto, lo hicieron. En el gobierno provincial calculan que los paros del gremio generaron pérdidas por 125 millones de dólares y por 5 millones de dólares por los langostinos que se pudrieron en los barcos de carga.