En lo que va de este año, 17 organismos públicos contrataron en forma directa pólizas con Nación Seguros por $237 millones
Pasaron tres semanas desde que se conoció la existencia del decreto de Alberto Fernández que dispuso la contratación compulsiva de Nación Seguros por parte de los organismos del Estado, y habilitaba la intermediación de brokers privados, dos de los cuales resultaron tener vínculos con el ex presidente, en operaciones poco transparentes. El escándalo destapado el 24 de febrero por una nota de Ricardo Roa en Clarín, derivó en dos imputaciones -hasta ahora- del ex mandatario por presunta administración fraudulenta. Pero los contratos del Gobierno con la aseguradora estatal continuaron, según corroboró Infobae de los datos disponibles en el portal de contrataciones ComprAr. Llamativamente, el decreto 823/21 no fue derogado hasta ahora por la administración de Javier Milei.
Fuentes de dos ministerios señalaron que esos contratos con Nación Seguros se debieron a que la norma sigue vigente, aunque afirmaron que en las renovaciones de los contratos “se sacaron a los intermediarios”. En la Casa Rosada, no dieron precisiones ante la consulta de Infobae, y en la Jefatura de Gabinete se limitaron a decir que “se está avanzando” en el tema.
Del análisis de los expedientes publicados en el sitio ComprAr surge que, a partir de ese decreto 823/21, las adjudicaciones directas a Nación Seguros en los últimos dos años del mandato de Fernández aumentaron un 45%, tal como reveló ayer Infobae. En paralelo, creció el negocio de brokers cercanos al ex presidente, ya que el artículo cuarto de esa norma habilitó el ingreso de productores privados, que cobraron comisiones millonarias por su intermediación entre dos organismos estatales, sin mediar una licitación que formalizara su participación en el negocio.
“No se entiende que no hayan derogado todavía el decreto, a no ser que estén cubriendo algún negocio. Tampoco se entiende desde la ideología liberal que haya un monopolio de una empresa, y encima estatal, para contratar seguros. Tendrían que dejar poder contratar cualquier empresa y que compitan en una licitación”, le dijo el diputado nacional de la Coalición Cívica Juan Manuel López a Infobae. El legislador también advirtió que era “llamativo” que, entre las 41 empresas que fueron incluidas en el proyecto original de la Ley Bases para ser privatizadas, estaba el Banco Nación pero no fue incluida su subsidiaria Nación Seguros.
En lo que va del 2024, se concretaron -o están en su tramo final de adjudicación- 24 contrataciones directas de pólizas con Nación Seguros por un total de $237,5 millones. Intervinieron en esos convenios 17 organismos del Estado. De esa cifra, 11 contrataciones -por un total de $134 millones- fueron adjudicadas con posterioridad a que el escándalo se instalara en la agenda pública. Los restantes 13 contratos, por $103,5 millones, están próximos a perfeccionarse.
En el sitio de compras públicas figuran otras 18 contrataciones con fecha de apertura después de la asunción de Milei, pero que corresponden a procesos que comenzaron durante la gestión de Fernández, y estaban avanzados cuando llegó el actual Gobierno. Sumadas, estas 18 adjudicaciones implicaron una erogación de $562,5 millones.
A poco de conocerse la maniobra con los seguros estatales, un grupo de diputados de la Coalición Cívica, encabezados por López y Paula Oliveto, presentó un proyecto de ley en la Cámara baja para derogar el decreto 823/21. En sus fundamentos, advirtieron que la norma “ lejos de fomentar la competencia y transparencia en las contrataciones públicas, consolidó un monopolio en el sector de seguros estatales, lo cual contradice los principios de eficiencia y transparencia que deben regir en la gestión de recursos públicos”. También destacaron que “facilitó la participación de empresas privadas como coaseguradoras y brokers intermediarios en operaciones poco transparentes”, e instaron a los organismos y dependencias estatales a una revisión de la totalidad de las contrataciones de seguros efectuadas durante la vigencia del norma.
Las contrataciones de mayor monto
El contrato más oneroso con Nación Seguros en la actual gestión es el adjudicado el 26 de enero por el Ministerio de Defensa, por un valor de $64,5 millones. Está destinado a asegurar por un año un centenar de vehículos, que incluyen autos, camionetas, tractores y camiones, según el expediente consultado por Infobae. “Es la renovación de la póliza de la flota automotor del Ministerio de Defensa”, explicaron en la cartera que conduce Luis Petri. Y agregaron que se hizo sin intermediarios. “No tenemos brokers. Encontramos uno en un contrato de la Armada y lo dimos de baja”. Se trataba del productor de seguros Diego Savio, que tenía un contrato vigente hasta el 31 de diciembre pasado, que no fue renovado por la cartera de Defensa.
En monto, le sigue la contratación por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) con la aseguradora estatal por $41,6 millones. Concretada también en enero, la póliza incluyó un automotor, dos motos, equipos técnicos y electrónicos, y siete pólizas integrales de comercio.
En el relevamiento de las pólizas con Nación Seguros en estos tres primeros meses del año, aparece otra de $33,2 millones adjudicada por el Instituto Nacional del Agua, para contratar un seguro automotor, inmueble y embarcación. Otra contratación directa, en este caso por $17,1 millones, fue realizada por parte del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento para asegurar los vehículos del organismo que se encuentran en la provincia de Salta.
Otras dependencias que contrataron con Nación Seguros en esta gestión son la Superintendencia de Servicios de Salud, que le dio un contrato por $16,6 millones; el Hospital Nacional “Dr Baldomero Sommer”, con pólizas de automotores por $15,6 millones; la Secretaria de Industria y Desarrollo Productivo para la cobertura contra incendios y responsabilidad civil por $14,4 millones; y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán, por $5.767.138 para asegurar los vehículos del organismo.
Ante la consulta de Infobae, en el Ministerio de Seguridad afirmaron que cuando Patricia Bullrich se hizo cargo de la cartera en la gestión de Mauricio Macri, “habían eliminado” a los brokers intermediarios que había en ese momento, pero que “volvieron” en la gestión pasada, según detectaron al hacerse cargo nuevamente del área con la llegada de Milei. En ese sentido, mencionaron la existencia de una nota firmada por Ana Haydeé Flamarique, subsecretaria de Gestión Administrativa durante la gestión de la ex ministra Sabina Frederic, en la que la funcionaria le pide a Nación Seguros que ponga como productor a la firma Bachellier SA, que estaría vinculada al broker Héctor Martínez Sosa.
Titular de la aseguradora que lleva su nombre, es el esposo de la secretaria privada histórica de Fernández, María Cantero. Como amigo del ex presidente, Martínez Sosa le prestó dólares que el ex mandatario consignó en pesos, por un monto de $102.240, en su declaración jurada de 2018. Fernández aún no se los devolvió e informó esa misma deuda en su última DDJJ que presentó al aire de la Presidencia.
En una nota enviada al mercado asegurador, Martínez Sosa negó que Fernández haya intervenido a favor de sus empresas y aseguró que no tuvo relación comercial con ANSES, como consignó la primera nota periodística que reveló el escándalo. “Nunca hemos solicitado como empresa al ex presidente su intervención en ninguno de nuestros negocios”, sostuvo.
Desde el Ministerio informaron que, a partir del 11 de diciembre, le pidieron a Nación Seguros renegociar el contrato y sacar a los intermediarios, lo que les permitiría ahorrar este año unos $500 millones. Fue a través de una nota fechada el 20 de ese mes y firmada por Martín Siracusa, secretario de coordinación y Transparencia Institucional de esa cartera, a la que accedió Infobae. A su vez, presentó una denuncia penal contra la anterior gestión en Seguridad, su ex titular Aníbal Fernández, y contra Bachellier SA. A esta firma se le habrían pagado de comisión $300 millones en 2022, y $500 millones en 2023, según el valor ajustado por inflación por los seguros patrimoniales y de empleados, contratados con Nación Seguros.
Los implicados en la causa judicial
Además del proyecto de ley, el 27 de febrero, los diputados nacionales de la Coalición Cívica ingresaron una denuncia en la Justicia Federal, a la que se sumó otra de la abogada Silvina Martínez contra Fernández y Alberto Pagliano, entonces titular de Nación Seguros, amigo de la juventud y de sus inicios en el rubro asegurador en los 90′s. También quedó implicado en la causa Martínez Sosa,
En los primeros días de marzo, ingresó en los Tribunales de Comodoro Py una tercera denuncia presentada por el Ministerio de Capital Humano, la ANSES y Nación Seguros para que se investigue la actuación de Federico D’Angelo Campos, ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) y, hoy, concejal de Unión por la Patria en el partido bonaerense de Quilmes. Los expedientes se unificaron en el Juzgado de Julián Ercolini y Fernández quedó doblemente imputado por presunta administración fraudulenta.
La investigación se amplió al empresario y productor de seguros Pablo Torres García, presidente de TG Broker SA, a quien se lo vincula con referentes del massismo, del PRO y el empresario Nicolás “Nicky” Caputo; a la firma San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA, cuyo presidente es Juan Carlos Améndola; y a Castello Mercuri SA, propiedad de Oscar Alberto Castello y Ernesto Mercuri. Infobae reveló ayer que el juez Ercolini le pidió información a la Justicia electoral para confirmar que la aseguradora Castello Mercuri fue donante de la campaña presidencial de Alberto Fernández en 2019, cuando le aportó $1 millón, según corroboró este medio de las rendiciones presentadas por el Frente de Todos ante la Justicia.
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