Corrupción en la ANDIS: en un municipio de Chaco, casi el 10% de la población obtuvo un certificado por discapacidad laboral ‘trucho’
El fiscal federal de Chaco, Carlos Amad investiga dos causas que involucran a miles de pensiones por discapacidad laboral truchas. En la primera, que detalla a unos 800 beneficiarios, representa el 10% del Municipio de Taco Pozo. En ese expediente fueron imputadas nueve personas, entre los que están el intendente Carlos Antonio Ibáñez, médicos, directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima y “gestores”, vinculados a la organización, que cobraban hasta $30.000 para iniciar los certificados con datos falsos y dar origen al expediente que, en su etapa final, sería aprobado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El dinero exigido por parte de los “reclutadores” constan en varios cuadernos secuestrados en los allanamientos.
“El 97 por ciento de esas Pensiones No Contributivas por discapacidad laboral son truchas”, aseveró el fiscal al ser consultado por este medio.
Se trata del expediente 2929/2023 caratulado como “defraudación contra la administración pública”. Infobae tuvo acceso exclusivo al expediente que tiene ribetes escandalosos.
La segunda causa involucra a unos 23.000 beneficiados, se investiga el mismo delito, involucra a 37 localidades de la provincia de Chaco como Villa Río Bermejito, San Bernardo, Presidencia Roque Sáenz Peña, Pampa del Infierno y Corzuela.
El viernes 19 de julio el gobierno de La Libertad Avanza, denunció un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que habría desviado 3.400 millones de dólares.
Una auditoría ordenada por el director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, derivaron en una denuncia penal -que será ampliada- que es investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.
“Solo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos”, afirmaron desde la ANDIS a este medio. “Lo que descubrimos es escandaloso”, sostienen desde el organismo e informan que apenas se hizo cargo de la Agencia, Spagnuolo puso a disposición del fiscal Amad y de otros que investigan causas similares, toda la documentación que la gestión anterior le negaba y que resultaba imprescindible para avanzar en el expediente.
Los imputados
La puntillosa investigación de Amad reconstruyó el entramado corrupto de la “gran asociación ilícita que requería de sujetos en lugares y cargos claves tanto dentro de la administración pública, como fuera de ella: médicos, bioquímicos, reclutadores, empleados municipales y administrativos, así como funcionarios públicos, sin el aporte de los cuales no podría haberse llevado a cabo todas estas maniobras delictivas”, explicaó el fiscal federal en su requerimiento a indagatoria. Esa banda delictiva, según la imputación fiscal está formada por:
– Carlos Antonio Ibáñez. Hace veinte años que es el intendente del municipio chaqueño de Taco Pozo.
– Yanina Del Valle Mazza: Testigos afirman haberle pagado $15.000 para iniciar los trámites falsos. Ella misma fue beneficiada con una pensión por discapacidad por supuestamente tener Mal de Chagas. Lo mismo sucedió con su pareja Nelson Rojas, a quien se le adjudicó un diagnostico falso de “diabetes”.
– Marcela Patricia Peralta: médica y actual directora del “Hospital Rural Santa Rosa de Lima. “Tiene participación en las maniobras investigadas”, afirma el fiscal Amad.
– Eva Caro: empleada del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSEEP). Percibía un beneficio por discapacidad. Un testigo dijo que “quien le había gestionado la Pensión No Contributiva por discapacidad laboral fue la señora Caro, y que ella misma lo había incluido en el listado de recolectores de residuos del municipio”, trabajo que realiza a pesar de tener una incapacidad física “total”. En el certificado con diagnóstico falso que se tramitó y se aprobó en la ANDIS se certificó que presenta un “traumatismo de raíz nerviosa de la columna lumbar y sacra”.
– Marcos Gustavo Rojas: Médico, y hasta 2019 director del Hospital Rural Santa Rosa de Lima. firmaba Certificados Médicos Oficiales (CMO) para la tramitación de Pensiones por Discapacidad (PNC).
– Miguel Ángel Bilinski: Director del Hospital Santa Rosa de Lima. Extendía certificados médicos por incapacidad.
– Rafael Lenin Azañero Anaya: Médico especialista en Traumatología, extendía certificados médicos por incapacidad.
– María Estela Luna: Secretaria médica del doctor Marcos Gustavo Rojas. Llevada las anotaciones de pagos y diagnósticos que debían asignarse en tres cuadernos secuestrados.
– Florencia Carolina Angélica Jaimes: Portera en una escuela, previamente niñera de las hijas de María Estela Luna. Es beneficiaria de una Pensión No Contributiva. Además, se detectó que varios familiares como su esposo e hijos también fueron beneficiados con pensiones irregulares. Su nombre aparece en los cuadernos de Luna. “Estaba en pleno conocimiento de las maniobras”, afirma Amad en su resolución.
La maniobra delictiva
Según la reconstrucción que hizo la fiscalía: “La maniobra delictiva consistía en reclutar personas quienes se les pedía una suma de dinero para acceder a los beneficios de una Pensión No Contributiva, estas personas se encontraban en una lista que se manejaba en la Municipalidad de Taco Pozo, a donde debían recurrir para apoyar con su voto o de otras formas a la gestión del Intendente Ibáñez de la localidad de Taco Pozo, Chaco, quien es intendente de dicha localidad hace más de 20 años”.
Para eso, interpreto Amad, “el rol del Dr. Marcos Gustavo Rojas fue crucial, quien se desempeñó como Director del Hospital Rural Santa Rosa, siendo sucedido en dicho cargo por Miguel Ángel Bilinski, bioquímico, hasta el mes de febrero de 2023; fecha en la que fue reemplazado por la doctora Patricia Marcela Peralta”.
Tanto Rojas como Bilinski, “cumplieron roles fundamentales en el otorgamiento de las pensiones por discapacidad ya que se encargaban de extender el Certificado Médico Oficial correspondiente en el que se consigna el diagnóstico y el porcentaje de discapacidad para el otorgamiento de la Pensión No Contributiva por parte del ANDIS, requisito indispensable para el otorgamiento de estos. El primero firmando como médico actuante y el otro como director del Hospital, esto fue desde el año 2019 hasta febrero del año 2023″.
Se tomaron 27 declaraciones testimoniales, de los cuales, “17 beneficiarios confirmaron y señalaron al Dr. Marcos Gustavo Rojas como el firmante de sus Certificados Médicos Oficiales, luego de haber pagado por consultas en consultorios privados de la localidad de Taco Pozo ligados al mismo Rojas, como así también de la localidad Salteña de Joaquín V. González, a través del Dr. Rafael Lenin Azañero Anaya – Especialista en Traumatología”.
Los testigos, que accedieron a los certificados truchos, afirmaron que fueron “al consultorio privado de Anaya quien le extendió un certificado médico por incapacidad y luego este mismo certificado médico fue transcrito textual por Rojas en el certificado médico oficial que se gestionó para el otorgamiento de la Pensión No Contributiva.
Una de las testigos Yanina Del Valle Maza declaró bajo juramento “haberle pagado al Dr. Rojas directamente en la casa de éste, la suma de $6.000 para que complete su certificado médico oficial”. Los valores llegaban hasta los $30.000.
El fiscal Amad también estableció que María Estela Luna, “se encargaba de las cobranzas”. Era la empleada administrativa del médico Rojas “en el desempeño de la profesión del ámbito privado”.
Durante el allanamiento a la casa de Luna se dio una situación curiosa. Se presentaron vecinos que le entregaron a la policía “tres cuadernos y varios papeles que habían sido arrojados hacia su domicilio por María Estela Luna”.
Esa documentación resultó ser clave: “contienen anotaciones varias, siendo las más llamativas las anotaciones realizadas en un cuaderno de 50 hojas de color azul que contiene las claves y usuarios de seguridad social de ANSES, necesarias para la apertura de expedientes de Pensiones No Contributivas por Discapacidad”.
El fiscal también destacó que en los allanamientos: “Se halló un cuaderno de 50 hojas de color rojo, con anotaciones con montos de lo que cada beneficiario pagó, canceló o debe, así como inscripciones sobre cuáles patologías asignar a cada persona”.
También se secuestró “un cuaderno de color amarillo de 194 hojas marca Rivadavia, en cuya tapa del lado interno se halló una inscripción que marcaría un ‘ritmo o cadencia’ de la cantidad de trámites que se debían realizar a diario … ‘4 o 5 x día CHAGAS 4 o 5, DIABETES 4 o 5…’ (sic)”.
El fiscal Amada describe que en las páginas siguientes del cuaderno secuestrado “constan anotaciones de usuarios y claves de Seguridad Social, así como anotaciones referentes a “deudas y pagos por tramitaciones de Pensiones No Contributivas por discapacidad que alcanzaban localidades de otras provincias como Monte Quemado- Santiago del Estero”.
En la columna derecha están escritos los nombres de los futuros beneficiarios de pensiones gestionadas de manera irregular y a la derecha montos en pesos que oscilan entre los 6.000 y 20.000. También se leen las palabras “saldo” y “deuda”. Un asiento contable de los montos que debían pagar las personas por un trámite que es gratuito para las personas vulnerables y que no necesitan de ningún engranaje que actúa por fuera de la ley.
En el escrito judicial se aclara que al cruzar la información de los cuadernos de los pagos con la información que Amad le solicitó a la Agencia Nacional de Discapacidad “correspondientes a los períodos comprendidos del 2020 al 2023, arrojaron que familias completas compuestas por padres, hermanos, hijos, tíos, primos son beneficiarias de una Pensión No Contributiva por discapacidad con o igual o distinto diagnóstico en su mayoría por enfermedad de Chagas, diabetes, y traumatismo de columna, y algunas aún más llamativas si se toma en cuenta el porcentaje de incapacidad asignado y las edades de los beneficiarios tales como ‘esguinces, asma, alergias, contusión de rodilla, cervicalgia etc….’ (familias: “Calermo, Cuellar, Palma, Palomo, Sarmiento, Jaimes, Caro, Valdivia, Mazza, Serrano…” (entre otras), los cuales habían realizado pagos por trámites relativos a pensiones por discapacidad”.
El fiscal también escribió: “Se observan anotaciones de beneficiarios con Pensiones por Discapacidad de personas que poseen trabajos registrados e informales, como empleados municipales tal es el caso de Calermo, Cristian Miguel Ángel, recolector de residuos”.
A punto seguido Amad transcribió parte de la declaración testimonial del Calerno: “Agarré un trabajo de ahí de la municipalidad de aquí un trabajito acá en la municipalidad de Taco Pozo como basurero. Por ese trabajo están pagando siete mil pesos mensualmente a fines del mes. Ellos nos avisan el día que tenemos digamos, el día que nos van a pagar, pagan con la plata digamos”… (sic)… “Ellos como tienen muchos empleados tienen planillas, como cuando vamos a cobrar firmamos (sic)”.
“La ANDIS no cumplen una función trascendental”
En el dictamen el fiscal escribió que las autoridades nacionales de la ANDIS, para autorizar la pensión no contributiva por invalidez, solo “procedían a verificar si este médico se encontraba dentro del listado de médicos Red Federal de registro de profesionales de la salud (REFEPS) remitida por el Ministerio de Salud de la Nación” y si el nosocomio “se encontraba entre las lista de Hospitales en el REFES (RED FEDERAL DE ESTABLECIMIENTOS DE LA SALUD)”. El fiscal Amad también dejó asentado que “una vez corroborado esto (sin auditar el diagnóstico) se resolvía si correspondía su otorgamiento o no”.
Sobre la Agencia Nacional de Discapacidad el fiscal opinó: “Como reflexión y luego de verificar que efectivamente la ANDIS solo es un organismo más que depende y fue creado por el Poder Ejecutivo Nacional, como tantos en este país que no cumplen ninguna función trascendental, basta observar cómo es que nunca advirtieron cómo en un pueblo tan pequeño como Taco Pozo pudieran registrarse en sólo un año 662 Pensiones No Contributivas”. En total ese expediente analiza mas de 800 pensiones presuntamente irregulares.
En la pesquisa la mayoría de los beneficiarios trabajan, a pesar de cobrar una pensión completa por tener una presunta discapacidad del “86%”. Cumplen funciones en la misma municipalidad, y se les certificó enfermedades como “Mal de Chagas, diabetes y distintas luxaciones”.
“Pensiones por invalidez truchas”
En diálogo con Infobae, el fiscal Carlos Amad explicó que las dos causas que investiga por las supuestas irregularidades en la obtención de pensiones por invalidez laboral surgió por la denuncia que realizó la ex diputada provincial de la UCR Ana María Canata. “La información que se tenía era que en un pueblo de 9.000 personas había unas 800 personas que recibían pensiones por invalidez y que estas eran ‘truchas’. Esto causó sospecha por lo que iniciamos una investigación”, aseveró el fiscal.
Amad aclara en su dictamen que: “La vinculación con el municipio también surge porque muchas de las pensiones se advirtió que el pedido inicial provenía del propio Municipio”. Buena parte de esas personas son empleados municipales.
El fiscal también aclara que: “La administración municipal, no tenía nada que ver con la tramitación de ese beneficio nacional”.
“Hay testigos que aseguran que el intendente Ibáñez era el que daba el visto bueno para que el trámite continúe”, le recordó Amad a este medio.
En su resolución, el mismos fiscal destacó: “Todas las maniobras descriptas no podrían ser desplegadas y llevadas a cabo sin la activa participación, conocimiento y autorización del intendente Ibáñez” y refuerza: “Tal es así, que, desde su lugar, coordinaba y controlaba todas las áreas referentes a la gestión de las Pensiones No Contributivas por discapacidad”.
Ante una consulta de ese medio, el fiscal Amad dijo: Más allá de la documentación hallada, existen declaraciones testimoniales como la de José Roberto Calermo, que sitúan a Ibáñez en su propio despacho controlando el listado de Pensiones y dando respuesta a un beneficiario”.
