Los días de aislamiento y distanciamiento obligatorio dispuestos por Alberto Fernández entre 2020 y 2021 sumaron 336

La admisión del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, de que la cuarentena por el coronavirus se prolongó por más tiempo que el necesario por motivos políticos, corroboró los cuestionamientos opositores al entonces presidente Alberto Fernández por la extensión del confinamiento como principal política sanitaria para enfrentar al coronavirus. “La administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno” y por ese motivo “la extensión (de las restricciones sanitarias) fue más larga de lo que debió haber sido”, señaló Guzmán respecto a las medidas de aislamiento adoptadas entre 2020 y 2021 en una entrevista con el periodista Iván Schargrodsky en Cenital.

En total, entre el Aislamiento Social Obligatorio y Preventivo (ASPO) y el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DiSPO) dispuestos por Fernández entre el 20 de marzo de 2020 y el 6 de junio de 2021, hubo 336 días de restricciones, según el análisis realizado por Infobae.

El ASPO y el DISPO fueron dictados por el ex presidente mediante 22 decretos por los cuales, a lo largo de 15 meses durante la pandemia, hubo casi un año de prohibición de actividades presenciales y de acercamiento entre personas, aun en casos de familiares enfermos o adultos mayores aislados o sin los debidos cuidados. La suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales fue total. Fueron muchos que no pudieron despedir a sus seres queridos, muchos otros que tuvieron que cerrar sus negocios o se quedaron sin trabajo, y otros tantos que se vieron afectados en su escolarización o estudios.

Las declaraciones de Guzmán le valieron a Fernández dos denuncias en su contra del fiscal Guillermo Marijuan y el legislador porteño Yamil Santoro. Si bien después, Guzmán intentó aclarar que “la decisión política sobre la restricción sólo podía ser una, y era la de Salud” y que “todas las otras carteras se subordinaban a ello”, Marijuan presentó la denuncia contra Fernández y otros funcionarios de su gobierno por presunto abuso de la autoridad.

En tanto, Santoro, lo denunció por presunto abuso de poder. “No podíamos permitir que las libertades de los ciudadanos sean manipuladas para fines políticos. Las decisiones que se tomaron durante la pandemia no solo afectaron gravemente la economía y la salud de los argentinos, sino que, según estos nuevos testimonios, fueron utilizadas como herramientas de marketing político. Esto no es negligencia, es un abuso de poder que debe ser investigado y sancionado”, argumentó el legislador de Republicanos Unidos y director de la Fundación Apolo.

La serie de decretos con las restricciones

El 12 de marzo de 2020, el Ejecutivo dictó el decreto 260/20 que amplió la emergencia pública en materia sanitaria por un año, y dispuso el aislamiento obligatorio por 14 días de aquellas personas que fueran “casos sospechosos” de COVID 19, incluyendo las ingresadas al país provenientes de “zonas afectadas”. Se suspendieron los vuelos desde esas regiones y, con la expansión del coronavirus por el mundo, cuatro días después, el Gobierno prohibió la entrada al país de extranjeros no residentes.

El viernes 20 de marzo, dos semanas después del primer caso confirmado de coronavirus en Argentina, comenzó la cuarentena en el país. La anunció Fernández en una cadena nacional que había tenido lugar el día anterior. Ya nada sería igual. Los chicos no volverían a la escuela por varios meses y el home office se instalaría en los living de las casas. El confinamiento de la población en las casas entró en vigencia con el dictado del decreto 297/20 que instauró el ASPO por primera vez. La norma dispuso que las personas debían “permanecer en sus residencias habituales y solo podrán realizar desplazamientos mínimos para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos”.

La medida excepcional del ASPO implicó el cierre de escuelas, comercios, empresas, universidades y todo tipo de actividades en la vía pública. La ciudadanía se encerró en sus casas, entre el desconcierto y el miedo por las características desconocidas del COVID-19. Se prohibieron los eventos culturales, recreativos, deportivos, sociales y religiosos. Se suspendió la apertura de locales con atención presencial, aunque se establecieron sectores esenciales exceptuados del ASPO como el de la salud, la seguridad, la distribución de alimentos, la energía y las comunicaciones, entre otros.

Se dispusieron controles de circulación estrictos, con multas y aperturas de causas penales a aquellos que violaran la cuarentena. Se prohibió la actividad física al aire libre de todo tipo, y sólo se permitía salir a pasear al perro, y las compras de alimentos e insumos esenciales.

En el pico de su popularidad en esas primeras semanas de confinamiento, Fernández creó, el 24 de marzo, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un subsidio económico de $10.000 a cobrar en abril para paliar la situación económica por el parate de la actividad. Estaba destinado a personas desocupadas, trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas y trabajadores de casas particulares. Sería el primero de un total de cuatro IFE que se pagaron desde el Estado.

Antes de que termine marzo, el Gobierno le prohibió a las empresas cortar servicios públicos a personas con ingresos escasos, electrodependientes, pequeñas empresas, cooperativas, establecimientos de salud y organizaciones de bien público que elaboren o distribuyan alimentos; se suspendieron los desalojos; y se dispuso la prohibición de entrada al país de argentinos y residentes. Familias quedaron separadas, con integrantes en el exterior sin poder regresar.

Tras vencerse el primer ASPO el 31 de marzo, se prorrogó hasta el 12 de abril en todo el país. Luego hubo cuatro prórrogas más, hasta el 7 de junio de ese año. Las últimas tres circunscribieron las restricciones al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que desde el 26 de abril, se establecieron requisitos para iniciar la fase de distanciamiento en el resto del país.

El 8 de junio de 2020, Fernández dictó el primer decreto de DISPO por 20 días en todo el territorio, que sería renovado sucesivamente 13 veces, hasta el 9 de abril de 2021. Once de ellas, junto con el ASPO dispuesto para algunas jurisdicciones del país con mayor cantidad de casos, entre ellas, el AMBA, que concentró los contagios durante buena parte de la pandemia. En total fueron 17 los decretos de ASPO dictados por el entonces presidente.

En el medio, el 29 de diciembre de 2020, con demoras respecto de lo anunciado, comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19 con las primeras aplicaciones de la vacuna rusa Sputnik, que requería dos dosis. Faltarían casi dos meses para que el vacunatorio VIP fuera revelado por la prensa, y el gobierno de Fernández tuviera su primer escándalo político de dimensiones.

En el verano de 2021, los casos empezaron a bajar, pero un rebrote en el otoño dio pie a que el ex mandatario dispusiera nuevamente un confinamiento estricto por otro decreto dictado el 22 de mayo de 2021, que fue extendido hasta el 6 de junio de ese año. El apoyo social a la medida se había diluido, de la mano del hartazgo de la población y la agudización de la crisis económica. Muy lejos había quedado ese 70% de apoyo que había logrado tener Fernández en los primeros meses de la pandemia.

El otro escándalo que sepultaría su gestión fue la difusión de la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, el 14 de julio de 2020 en plena cuarentena dura, que se conoció en agosto del año siguiente, a un mes de las elecciones de medio término que el oficialismo terminó perdiendo.

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