La CGT, amenazada por las promesas incumplidas de Milei y la rebelión de los gremios del transporte y la educación
¿Qué hará la CGT si el decreto reglamentario de la reforma laboral, que se publicaría a comienzos de la semana próxima en el Boletín Oficial, no contempla su reclamo de atenuar dos artículos que cuestionaba y que fue objeto de extensas y reservadas negociaciones con el Gobierno?
Todavía no se sabe cómo reaccionará la central obrera, pero el sector dialoguista de la CGT tiene otros motivos para estar preocupado por reacomodamientos internos que desafían su predominio. Por un lado, surgió un nuevo polo de poder sindical del transporte, de sesgo ultraopositor y con una fuerte capacidad de presión. Por otro, sindicatos docentes y universitarios que integran la cúpula cegetista están abandonando su impronta moderada para virar hacia una mayor dureza hacia la Casa Rosada.
Son parte de un tablero sindical que va mutando por efecto de las políticas del gobierno de Javier Milei y, a la vez, por el hecho de que las reformas mileístas avanzan en medio de un importante acompañamiento de la sociedad (aunque las últimas encuestas marcan menos aprobación).
El detonante de la recomposición interna del gremialismo es la sucesión de conflictos salariales y laborales de algunos sindicatos mientras la CGT, por ahora, mira desde arriba sin meterse de lleno. “La estrategia que tienen es limitarse a sacar comunicados de prensa”, se quejó un dirigente de una actividad en crisis. “A este gobierno le faltan tres años y medio de mandato. Es una batalla larga y la CGT es la voz de todos los sindicatos, no de una parcialidad”, se defendió un jefe dialoguista.
¿Cambiaría algo si la CGT reaccionara contra el Gobierno tras su actual tregua y lanzara su tercer paro general? La fracción moderada cree que no e inclusive interpreta que esa decisión le daría más fuerza al Presidente en algunos sectores de la Argentina, donde los paros son mirados de reojo. Por eso apostó a negociar algunos puntos con la administración Milei, aprovechando su llegada a funcionarios clave como Guillermo Francos, Santiago Caputo o Julio Cordero. Pero el problema vuelve a presentarse cuando de esas tratativas no surgen soluciones claras a sus reclamos. Que es lo que pasa hoy.
En ese círculo poco virtuoso, la mayor intensidad de las batallas entre el Gobierno y los sindicatos se registra en Aerolíneas Argentinas, donde los pilotos y de aeronavegantes lideran un enfrentamiento que ya dejó de ser sólo salarial y pasó a un plano político. Lo que se juega es quién tiene derecho a decidir el futuro de Aerolíneas, empresa de la que algunos gremialistas siempre se sintieron dueños (¿no lo fueron?). Ahora, el Gobierno no sólo se niega a mejorar la oferta salarial del 11% ante un reclamo de al menos el 25% sino que contraatacó con el impulso para que la aerolínea de bandera pase a manos privadas, aun sabiendo que solamente podría concretarse mediante una ley.
Por esas curiosidades de la política, el principal promotor de los paros a destajo en Aerolíneas es el líder de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, un fiel soldado de Cristina Kirchner, pero la ex vicepresidenta de Alberto Fernández, con esa facilidad para hacer observaciones como si fuera una extraterrestre que aterrizó por primera vez en la Tierra y no una dirigente con responsabilidad concreta en la crisis del país, se animó a cuestionar la metodología de los paros.
“Tenemos que pelear por nuestros afiliados, por nuestra representación, pero no desentendernos de lo que pasa en el resto de la sociedad, no solamente hacer una medida de fuerza”, le dijo este jueves a un grupo de jóvenes sindicalistas. Incluso los convocó a pensar “qué otras estrategias hay que llevar adelante, medidas diferentes, distintas, que no enfrenten a los trabajadores con la sociedad”. ¿Se lo habrá transmitido a Biró o a dirigentes cercanos como Pablo Moyano, el campeón de los bloqueos?
Esta vez, Cristina Kirchner habló casi como si fuera Mahatma Gandhi. O el papa Francisco, al menos en la versión pasteurizada como la que recibió a una delegación de la CGT en el Vaticano, sin cuestionamientos ni metáforas contra el gobierno de Milei y contestando la cruda descripción del país que le hicieron dirigentes como Pablo Moyano con apenas un “gracias”. Quizá ni en eso la CGT puso sacar un rédito político: Jorge Bergoglio les regaló sólo una foto y el contenido político opositor se lo concedió hace 24 horas a Juan Grabois, cuando aludió en forma crítica a la Casa Rosada por la represión de las fuerzas seguridad en una marcha realizada la semana pasada ante el Congreso: “En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta”, señaló.
¿Volverá Francisco a posar con una bandera de Aerolíneas? Le vendría bien a uno de los gestores de esa postal, Juan Pablo Brey, el jefe de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que, junto con Biró, acusaron recibo de la advertencia de los funcionarios libertarios de que están dispuestos a cerrar Aerolíneas con tal de no mostrarse cediendo ante los sindicatos. Por eso ambos hicieron un viraje de emergencia en su rumbo de protestas que trastornan a los pasajeros: no anunciaron nuevas medidas de fuerza ante la certeza de que ya no podían seguir haciendo paros a repetición.
Aun así, mostraron una imagen impactante con el lanzamiento de la Mesa Nacional del Transporte, una estructura sindical donde conviven Pablo Moyano con archirrivales como Omar Maturano (La Fraternidad) y Mario Calegari (UTA), unidos por el mismo afán de embestir contra Milei. Por eso dieron un paso atrás para avanzar varios casilleros y protestar desde la nueva mesa del transporte: Biró, Brey, Moyano, Maturano, Calegari, Juan Carlos Schmid (Fempinra) y Raúl Durdos (SOMU) ya proyectan una huelga nacional de 24 horas que paralizará trenes, colectivos, aviones, camiones y barcos.
Una mala noticia para el Gobierno, que apostó a satisfacer al sector dialoguista de la CGT para aislar al ala dura, pero finalmente no está logrando ni una cosa ni la otra. La fracción moderada de la CGT se enterará la semana próxima si Milei desoyó su pedido de suavizar el artículo de la reforma laboral que penaliza los bloqueos al considerarlos una “grave injuria laboral”, es decir, causal de despido justificado.
Los negociadores cegetistas insistieron en incorporar un procedimiento previo, como el que existe en el pedido de desafuero a los delegados, para que se complicara el despido de quienes participen de los bloqueos: primero tenían que solicitárselo a un juez. Al parecer, ese artículo no será reglamentado para evitar los tironeos entre el asesor Santiago Caputo, partidario de conformar a la CGT, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que quería mantener el espíritu intransigente de la norma, pero también para impedir la rebelión en masa de los empresarios.
¿Se quejará la CGT si se confirma que no se reglamentó el artículo “anti-bloqueos”? “Habrá que ver qué dice exactamente el decreto. Lo importante es que no empeore lo que establece la Ley Bases”, deslizó un directivo cegetista. La incógnita podría despejarse este lunes, el mismo día en que, como sucedió en el transporte, un puñado de gremios docentes, piloteado por el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero (UDA), anunciará la marcha universitaria del 2 de octubre, que se hará luego de un paro del 26 de septiembre en las facultades. Una virtual sublevación interna que pondrá en aprietos a los dialoguistas: por más acercamientos que busquen hacia el Gobierno, ninguna fracción de la CGT podrá quedar al margen de esa protesta -similar a la del 23 de abril- contra el veto a los fondos universitarios y el recorte de las partidas para ciencia y técnica en el Presupuesto 2025.
¿Seguirá Milei embistiendo contra el sindicalismo ante estas señales opositoras? Si sigue así ya no le quedará con quién negociar, aunque da muchas señales de que eso es justamente lo que busca.